Gobierno Trump adjudica un nuevo centro de detención en Colorado para unos 1.200 migrantes
La política migratoria de la Administración Trump continúa ampliando su infraestructura de detención con un nuevo proyecto en Colorado. La apertura del centro ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y legisladores por el acceso de los detenidos a asistencia legal y contacto con sus familias
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, adjudicó un contrato de cinco años a GEO Group para operar un nuevo centro de detención de inmigrantes en una antigua prisión de Colorado, con capacidad para 1.188 personas, informó este lunes la compañía.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adjudicó a la empresa penitenciaria el centro, ubicado en Hudson, una pequeña localidad rural situada a unos 48 kilómetros al noreste de Denver, indicó en un comunicado.
El contrato, con un valor máximo de 528,7 millones de dólares, permitirá reactivar una antigua prisión cerrada en 2014 para un centro que será similar al que GEO Group ya opera en Aurora, al este de Denver.
GEO Group informó este lunes que arrendó el inmueble y que espera obtener unos 85 millones de dólares en ingresos durante el primer año completo de operaciones, sin incluir los servicios de transporte.
La compañía detalló que se encargará de la seguridad, el mantenimiento y la alimentación, como ya sucede actualmente en Aurora, la única instalación de ICE de ese tipo hasta el momento en Colorado y con capacidad para más de 1.500 personas.
Desde principios del año, la posible reapertura de la prisión de Hudson generó protestas entre residentes, defensores de los inmigrantes y legisladores demócratas de Colorado.
Los opositores advirtieron de que la ubicación rural del centro dificultará el acceso de los detenidos a abogados y familiares, debido a la distancia con Denver, la falta de transporte público y la limitada disponibilidad de servicios en la zona.
Los senadores federales demócratas Michael Bennett y John Hickenlooper, y la congresista Brittany Pettersen, habían pedido en febrero al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que abandonara el proyecto, alegando falta de transparencia y problemas previos de supervisión en instalaciones administradas por GEO Group.
Sin embargo, las autoridades municipales de Hudson indicaron que el municipio cuenta con pocas herramientas legales para impedir que el edificio vuelva a utilizarse como centro de detención federal.
Activistas locales convocaron para este miércoles una reunión pública con autoridades del municipio de Hudson para analizar las opciones disponibles ante la apertura del complejo, cuya fecha aún no ha sido anunciada. EFE
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