La selección de altos cargos de la Justicia en Guatemala enfrenta riesgos, según expertos

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) advirtió este viernes sobre graves riesgos de ilegalidad y criminalización que amenazan los procesos de selección del nuevo fiscal general y la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala.

Tras concluir su segunda visita al país, el panel presentó un informe preliminar en el que destaca que la criminalización contra líderes indígenas y opositores opera como un factor intimidatorio en el actual escenario político.

Los expertos expresaron especial preocupación por la situación de la Universidad de San Carlos (USAC), cuyo Consejo Superior Universitario (CSU) mantiene autoridades con mandatos vencidos, lo que podría invalidar decisiones clave en la elección de altas cortes.

“Resulta inaceptable que personas con mandatos expirados participen o influyan en la elección de magistrados”, subrayó el panel, al advertir que estas irregularidades comprometen la legitimidad democrática y generan inseguridad jurídica en el país.

Entre sus principales recomendaciones, el PEI-GT instó a la Corte de Constitucionalidad a establecer un mecanismo de resolución prioritaria para los amparos vinculados a elecciones de segundo grado, con el fin de evitar tácticas maliciosas que entorpezcan los nombramientos.

Asimismo, pidió a la ciudadanía y a la comunidad internacional mantener una auditoría social constante para frenar posibles manipulaciones en el proceso.

Durante 2026, Guatemala enfrentará procesos determinantes para su democracia, incluida la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas, en un clima de alta tensión por el control institucional.

El panel, integrado por especialistas internacionales, señaló que concluirá su observación una vez finalicen las designaciones e insistió en que solo un proceso transparente garantizará la independencia judicial en el país.=