El chavismo revierte el legado petrolero de Hugo Chávez

La Venezuela de la líder chavista Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro hace un mes por EE.UU., ha cedido el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero, al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez.

El jueves, la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la denominada “reforma parcial” de la ley, considerada por expertos como la tercera más importante del país petrolero, después de la Constitución y el Código Civil.

Chávez promovió en 2001 una ley de hidrocarburos que cinco años después reformó para aumentar la participación estatal y el control petrolero.

En ese entonces, el ministro de Petróleo era Rafael Ramírez, quien considera que la reciente reforma, propuesta en un contexto de acercamientos con Estados Unidos, “revierte” lo hecho por Chávez y “erradica” su política petrolera. Para Ramírez, el término reforma es un “eufemismo” de derogación.

El exministro explicó que, con las modificaciones, Venezuela no tendrá control sobre producción, ventas ni precio del barril, lo que supone un retroceso en soberanía.

El contenido

La reforma mantiene una regalía de hasta 30 %, pero ahora permite reducirla según el proyecto. Ramírez advierte que se impone la tesis de las transnacionales, con regalías mínimas de hasta 1 %, despojando al Estado de su derecho como propietario del petróleo.

Las actividades primarias podrán ser realizadas también por empresas privadas, y la comercialización ya no será exclusiva de empresas estatales, sino también de privadas autorizadas.

Según Ramírez, esto contradice el artículo 302 de la Constitución, que reserva al Estado la actividad petrolera por razones de interés estratégico. Además, la reforma introduce arbitraje y mediación para resolver conflictos, lo que también considera inconstitucional.

“De la política petrolera de Chávez no queda nada”, afirmó Ramírez, quien advierte que PDVSA quedará como un cascarón vacío dedicado a administrar contratos.

Presiones

El economista Manuel Sutherland coincidió en que la reforma choca con el nacionalismo petrolero estatista del chavismo. Señaló que responde a presiones internacionales y de inversionistas, que buscan mayor seguridad jurídica.

Según Sutherland, el Gobierno hace estos cambios a regañadientes, debilitándose ante su base política, y criticó que la reforma se aprobara de forma rápida, sin discusión profunda.

Aunque consideró que una reforma era necesaria, subrayó que debió discutirse durante meses, y no mediante una consulta exprés.

Ramírez coincidió en que la aprobación fue acelerada y sostuvo que una ley nacida bajo presión de EE.UU., que viola la Constitución, carece de legitimidad.