Ordenan captura de una diputada y exministro hondureños por 67 delitos de presunto fraude

La Justicia de Honduras ordenó este lunes la captura de la diputada opositora Isis Cuéllar y del exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona, a quienes el Ministerio Público acusa de fraude por el supuesto desvío de más de 227.900 dólares de fondos públicos, mientras la Fiscalía investiga otras irregularidades vinculadas a corrupción en ayudas sociales.

El juez designado por el Supremo para el caso, Luis Fernando Padilla, dictó la medida contra ambos dirigentes del ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre).

La orden de detención se produce tras el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que incluye también a una decena de exfuncionarios de Sedesol.

Según la acusación, Cuéllar, reelecta en los comicios generales del 30 de noviembre, y Cardona habrían actuado en "contubernio" para defraudar más de seis millones de lempiras de las arcas estatales.

Los fondos públicos habrían sido utilizados para financiar la campaña del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar frente al ganador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional.

El caso tomó relevancia a finales de junio, cuando Cardona renunció tras la difusión de un video con una conversación telefónica en la que presuntamente se discute el uso de recursos estatales con fines políticos.

Fiscalía identifica mecanismo de desvío de fondos sociales

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, afirmó que la Fiscalía mantiene abiertas al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso de Sedesol.

"Esta acusación debe enviar un mensaje claro: los fondos públicos no pueden ser utilizados para jugar con la esperanza de la población", subrayó Zelaya, quien reiteró el compromiso de investigar sin excepciones los casos de corrupción.

El funcionario que "abuse de los recursos del pueblo" debe responder ante la justicia, enfatizó el fiscal, al destacar la necesidad de que la ciudadanía tenga la certeza de que existe un Ministerio Público que investiga y actúa conforme a la ley.

Zelaya aseguró que se identificó un mecanismo de corrupción mediante el cual fondos destinados a ayudas sociales en el departamento de Copán fueron desviados, causando un perjuicio económico y traicionando la confianza de la población.

Las investigaciones apuntan a la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, aprobado por el Parlamento para los ejercicios fiscales 2023-2025, con un presupuesto de 950 millones de lempiras.

Según las autoridades, los fondos estaban destinados a infraestructura menor, obras sociales y becas, y debían ser ejecutados por comunidades, alcaldías y organizaciones sociales.

El exministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio Coello, ya había advertido sobre "deficiencias relevantes" en los procesos administrativos y financieros, entre ellas fallas en la emisión de cheques, debilidades en controles internos y vacíos en la liquidación de los fondos.