Los costarricenses acudirán a votar por la continuidad o una de las 19 opciones políticas

Un total de 3,7 millones de costarricenses se encaminan a las elecciones del 1 de febrero en las que decidirán si mantienen la continuidad del Gobierno de Rodrigo Chaves con la candidata Laura Fernández o apuestan por alguna de las 19 opciones para liderar el país en el periodo 2026-2030.

Estas son las claves del proceso electoral costarricense.

Los candidatos preferidos por los votantes

La oficialista Laura Fernández; la ex primera dama Claudia Dobles; el economista Álvaro Ramos; el educador Ariel Robles y el periodista evangélico Fabricio Alvarado figuran entre los principales candidatos según las encuestas.

El último sondeo del CIEP de la Universidad de Costa Rica coloca a Fernández con un 44 % de apoyo. Ramos y Dobles le siguen con 9 %, mientras los indecisos alcanzan el 26 %.

Si ningún candidato logra el 40 % requerido, habrá segunda ronda el 5 de abril.

La "heredera" del presidente Chaves

Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ha centrado su campaña en presentarse como la “heredera” de Rodrigo Chaves, quien mantiene una alta popularidad.

Entre sus propuestas destacan la venta de activos del Estado, la mano dura contra la delincuencia y la posibilidad de levantar garantías individuales, una medida que la oposición tilda de autoritaria.

La candidata ha pedido además el voto legislativo para alcanzar una mayoría parlamentaria que le permita impulsar reformas profundas al Estado y al Poder Judicial.

Datos del proceso electoral

Las elecciones se celebrarán el 1 de febrero en Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, donde se elegirán presidente, vicepresidentes y diputados para el período 2026-2030.

Hay 20 candidaturas presidenciales y 1.207 candidaturas legislativas. El material electoral se distribuirá en 7.154 juntas receptoras en 2.179 distritos electorales y consulados.

TSE y Chaves frente a frente

El presidente Rodrigo Chaves ha acusado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de imponerle una “mordaza” y de intentar un “golpe de Estado” mediante un fallido proceso de desafuero.

El TSE solicitó levantar el fuero presidencial por beligerancia política, pero la oposición no logró los votos necesarios en la Asamblea Legislativa.

En Costa Rica, el presidente y otros funcionarios tienen prohibido intervenir o influir en campañas electorales o usar sus cargos con fines políticos.