Honduras finaliza el estado de excepción entre logros oficiales y denuncias de violaciones

El estado de excepción decretado a finales de 2022 en Honduras para frenar la criminalidad termina este lunes, con posturas diversas: las autoridades defienden su eficacia en la reducción de los homicidios y organismos de derechos humanos denuncian violaciones de derechos, malos tratos y torturas.

Durante más de tres años, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro prorrogó la medida en al menos 24 ocasiones, una práctica que, según el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, desvirtuó su carácter “excepcional” y la convirtió en una norma casi permanente, con restricción de garantías constitucionales sin justificación legal suficiente.

“Debe haber un equilibrio entre la intervención policial, militar y eventualmente judicial en la represión del delito (…) pero esto debe ir acompañado de medidas que mejoren la calidad de vida, garanticen la participación ciudadana y coloquen en el centro de la política pública de seguridad a la persona humana”, dijo Mejía a EFE.

La prolongación del estado de excepción parcial, aplicado en 226 de los 298 municipios, evidencia —a juicio de Mejía— la incapacidad del Estado para combatir el crimen dentro de las herramientas del Estado de derecho.

La medida fue aprobada de forma temporal el 6 de diciembre de 2022 para frenar la violencia y delitos como la extorsión, un flagelo que ha dejado centenares de muertos y miles de negocios afectados. Según el Gobierno, ha permitido reducir los homicidios en un país considerado durante años uno de los más violentos del mundo.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, destacó una caída en la tasa de homicidios, de 42 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 en 2025, y atribuyó el descenso al Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y al estado de excepción, con el que Castro declaró la “guerra” a maras y pandillas.

No obstante, Mejía sostiene que no existe evidencia técnica que vincule directamente la reducción de homicidios con el régimen de excepción y denunció más de 1.000 graves violaciones a derechos humanos durante su aplicación. Además, exhortó al nuevo Gobierno conservador de Nasry ‘Tito’ Asfura, que asumirá este martes, a no prorrogar la medida y construir una política integral de seguridad.

Estado de excepción “no funcionó”

Micros, pequeños y medianos empresarios que se niegan a pagar el llamado “impuesto de guerra” —una modalidad de extorsión— se han visto obligados a cerrar negocios o desplazarse internamente.

Bajo este régimen se han documentado más de 1.000 casos de violaciones a derechos humanos, principalmente por torturas, coacción, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, según el director del Conadeh, Daniel Cáceres.

Cáceres afirmó que la medida “definitivamente no funcionó” y urgió a transitar de un modelo de seguridad militarizado a una seguridad ciudadana policial, con enfoque de género y derechos humanos.

Organismos internacionales como Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reiterado su preocupación por la participación de militares en tareas de seguridad y han pedido a Honduras adoptar una política integral de seguridad ciudadana.