RSF exige a Gobierno de Bukele "poner fin a persecución" contra periodistas en El Salvador

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigió este jueves al Gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador que ponga fin a las “persecuciones judiciales” contra periodistas y derogue las “normativas represivas”, en momentos en que el número de comunicadores en el exilio se habría elevado a 53, según un comunicado.

“RSF exige al gobierno de Nayib Bukele que ponga fin de inmediato a las persecuciones judiciales contra los periodistas, derogue la Ley de Agentes Extranjeros y otras normativas represivas, y garantice la seguridad de la prensa”, señaló Artur Romeu, director de RSF América Latina.

Romeu pidió a la comunidad internacional que reconozca “la urgencia de esta crisis” y aumente la presión sobre El Salvador para que respete la libertad de prensa.

El director de RSF advirtió que “El Salvador está a punto de silenciar definitivamente a toda su prensa independiente” y que esta “escalada represiva marca una nueva etapa en la deriva autoritaria del país”, estrechando el cerco sobre el periodismo y alimentando una nueva ola de exilio de medios y periodistas en Centroamérica.

De acuerdo con RSF, en El Salvador se ha producido una aceleración de las amenazas, persecuciones judiciales y medidas de asfixia financiera contra la prensa bajo el gobierno de Bukele.

Más de 50 periodistas en el exilio

Citando al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Sergio Araúz, RSF indicó que APES ha documentado 53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en los últimos seis meses.

“Los periodistas fueron asfixiados: primero por la persecución y la amenaza de prisión, luego por la asfixia financiera”, dijo recientemente Araúz, quien también tuvo que salir del país.

RSF precisó que las persecuciones judiciales, vigilancia policial, campañas de odio y ciberacoso conforman un patrón represivo que se ha intensificado desde mayo de 2025.

Las radios comunitarias han sido blanco frecuente de allanamientos, confiscación de equipos y acoso policial, además de enfrentar grandes dificultades para operar desde el exilio con recursos muy limitados, lo que las hace especialmente vulnerables ante la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).

La LAEX, impulsada por el presidente Bukele, grava con un impuesto del 30 % la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.

Como consecuencia, APES y otras organizaciones de la sociedad civil han suspendido sus actividades, cerrado oficinas o abandonado El Salvador ante la creciente “persecución” y “criminalización” que se vive en el país.