La SIP denuncia "genocidio silencioso" contra el periodismo independiente en Cuba

Un informe presentado en la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Punta Cana (República Dominicana), denunció que el periodismo no oficial en Cuba es “testigo y víctima del genocidio silencioso” que vive el pueblo cubano.

La SIP señala que los informadores independientes cubanos deben narrar el dramático panorama del país, donde el salario promedio equivale a unos 15 dólares al mes, los alimentos son costosos y escasos, falta el agua potable y las medicinas, los hospitales y escuelas están deteriorados, hay cortes eléctricos de más de 20 horas diarias, epidemias de enfermedades tropicales y un éxodo masivo de ciudadanos.

El documento denuncia la “continua represión política” contra los periodistas independientes, que “va desde la hipervigilancia de sus pasos y actos, hasta la agresión física directa y a sus familiares”.

Entre los casos citados figura el de Henry Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien fue detenido durante cuatro días por la Seguridad del Estado para impedirle asistir a una celebración en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

También se menciona al comunicador José Gabriel Barrenechea, quien tras participar en una protesta pacífica por los apagones en Encrucijada, provincia de Villa Clara, fue acusado de desórdenes públicos, con seis años de petición fiscal, y llevaba casi un año en prisión provisional.

El informe subraya que, aunque en Cuba existen leyes de acceso a la información pública, de comunicación, de asociaciones y una Constitución que habla de libertad de expresión, “en todas estas normas, el periodismo no está protegido, sino amenazado o prohibido”.

Asimismo, advierte que tanto la Ley 149 de Protección de Datos Personales como las regulaciones sobre delitos informáticos imponen “limitaciones a la libertad de expresión en redes”, especialmente a quienes critican la realidad, cuestionan a las autoridades o investigan temas sensibles.

El acceso a información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales también “se mantiene prohibido” para la prensa independiente. Incluso en actos no oficiales, como procesiones religiosas, se impide su cobertura. La SIP cita el caso de Ángel Santiesteban, detenido por salir de su vivienda para cubrir una procesión católica.

El informe asegura que “el Estado no ha dado un solo paso visible para prevenir amenazas o ataques a periodistas y medios” y que las denuncias presentadas ante oficinas gubernamentales o tribunales son “desechadas o denegadas de inmediato”.

Por otro lado, advierte que los medios independientes cubanos sufren el “daño colateral involuntario” de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos, ya que estas “perjudican a los escasos promotores de libertad de expresión en la isla”. Además, por su falta de reconocimiento legal, no pueden acceder a fondos de desarrollo de la Unión Europea.

La SIP, con sede en Miami, es una organización fundada en 1943 dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión, e integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.