La libertad de prensa en Panamá presenta un "panorama de contrastes", según la SIP

La situación de la libertad de prensa en Panamá presenta un “panorama de contrastes”, pues aunque no se registran agresiones físicas graves contra periodistas, persisten serios desafíos judiciales y económicos que generan presión sobre los medios de comunicación, según el informe anual aprobado este domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su 81ª Asamblea General, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

El informe advierte que el principal problema son las demandas judiciales, tanto civiles como penales, contra periodistas y medios, debido a que la legislación “no ha sido reformada para impedir el secuestro (embargo) de bienes” dentro de estos procesos.

“El secuestro puede ordenarse al inicio del juicio, incluso antes de que se presenten pruebas, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera de los medios o periodistas demandados”, señala el documento.

El diario La Prensa, uno de los principales del país, enfrenta costos legales exorbitantes y múltiples procesos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con 15 demandas civiles por montos millonarios y otra presentada por un diputado por “supuestas injurias”.

En materia de calumnia e injuria, los procesos se tramitan como demandas civiles ordinarias, sin aplicar el principio de la “real malicia”, dejando las decisiones al criterio de los jueces. La SIP cita como ejemplo una demanda de 5 millones de dólares interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares contra ese periódico.

Otros medios también enfrentan litigios: La Estrella de Panamá fue demandada por el sindicato Suntracs, mientras que el medio independiente Foco enfrenta dos causas penales y dos demandas civiles, además de un embargo de 4.500 dólares en un proceso iniciado por el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y asilado en Colombia.

Denuncian el uso de la publicidad estatal como presión

El informe recoge una investigación de La Prensa sobre los 7,1 millones de dólares destinados a la restauración de una “villa diplomática” estatal, lo que provocó la molestia del presidente José Raúl Mulino, quien calificó la publicación de “morbo y mala fe”.

Posteriormente, La Prensa fue notificada de la cancelación de contratos publicitarios estatales, y algunos funcionarios admitieron que la medida obedecía a las publicaciones sobre la familia presidencial y el proyecto de restauración.

“Varios medios han denunciado que la publicidad estatal se utiliza como mecanismo de presión”, advierte la SIP, citando un informe del Forum de Periodistas que reveló que la mayoría de los medios sufren presiones gubernamentales a través de la pauta oficial.

Las “reacciones destempladas” de Mulino y el deterioro de la transparencia

El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sigue siendo deficiente, ya que los funcionarios “evitan responder a los cuestionamientos de la prensa o se amparan en la Ley de Protección de Datos Personales para negar información pública”.

Además, la Asamblea Nacional no ha mostrado avances en materia de transparencia, y en actos oficiales se discrimina en las invitaciones a medios. Según el informe, el presidente Mulino suele tener “reacciones destempladas” ante preguntas incómodas durante sus conferencias semanales.

El acoso digital ha disminuido, aunque persisten campañas de desprestigio en redes sociales contra periodistas, impulsadas en algunos casos por el expresidente Martinelli, quien difunde información privada de comunicadores.

El documento también alerta sobre la difícil situación económica del sector, que ha provocado autocensura y la salida de profesionales del periodismo tradicional.

No obstante, la SIP reconoce que, “a pesar de las presiones y limitaciones, el Estado mantiene garantías para el ejercicio del periodismo”, dado que no se han registrado cierres de medios, bloqueos digitales, ni vigilancia o agresiones físicas graves contra periodistas.