La libertad de prensa en El Salvador es "silenciada paulatinamente" por Gobierno, dice SIP

La libertad de prensa en El Salvador está siendo "silenciada paulatinamente" por el Gobierno de este país centroamericano mediante amenazas y presiones contra periodistas y medios de comunicación, denunció este domingo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un informe presentado durante su 81ª Asamblea Anual, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

“La libertad de prensa está siendo silenciada paulatinamente por el gobierno nacional mediante amenazas, intimidaciones, descalificaciones y presiones en contra de medios de comunicación y periodistas independientes. Estas acciones han hecho que muchos comunicadores y salas de redacción de medios importantes se marchen del país”, indica el documento.

El informe explica que El Salvador se mantiene en la categoría de países con alta restricción en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, mientras que el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras registra que el país descendió 61 posiciones en los últimos cinco años.

Asimismo, señala que el Gobierno salvadoreño acusó el 1 de junio a medios nacionales y extranjeros, así como a organizaciones no gubernamentales, de organizar un “ataque coordinado” en su contra. “Pese a ello, sigue alegando que hay pleno respeto a la libertad de expresión y prensa porque ‘no hay periodistas capturados ni medios cerrados’”, agrega la SIP.

Sin embargo, la organización subraya que los datos contradicen el discurso oficial. Según el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre el 1 de mayo y el 14 de julio de 2025 se registraron 180 agresiones contra periodistas, entre ellas acoso físico, acoso digital, intimidación, insultos, discursos estigmatizantes y restricciones al ejercicio periodístico.

“En junio, la SIP junto a otras 17 organizaciones internacionales pidieron al gobierno garantizar la integridad física de los periodistas y cesar cualquier forma de persecución, vigilancia o intimidación”, recordó el informe.

El documento también alerta que hasta el 13 de junio, la APES había documentado el desplazamiento forzado de 43 comunicadores debido a “múltiples casos de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias”. Además, denunció “fuertes indicios de que el gobierno cuenta con listas de vigilancia, amedrentamiento y potenciales capturas de periodistas y activistas de derechos humanos”.

La SIP destacó que la APES anunció el cierre temporal de sus oficinas y la suspensión de proyectos financiados desde el exterior tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, con la que el Ejecutivo busca gravar a organizaciones independientes consideradas críticas.

Finalmente, el informe advierte que “los problemas de la libertad de prensa se extienden al ámbito de la expresión”, ya que seis de cada diez salvadoreños dicen tener “más cuidado” al expresar opiniones políticas, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA).