El país que es una cárcel: así viven los que fueron «liberados» por la dictadura en Nicaragua

Nada evidencia mejor la crisis que ha vivido Nicaragua, desde el estallido social de 2018, que la cantidad de presos políticos reconocidos tanto por las de adentro organizaciones de derechos humanos nacionales como las del exterior.

Tan sólo en los primeros dos años desde aquella convulsión social y política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hablaba de un total histórico superior a los 1600; el número sobrepasó los 2 mil para 2023 y en 2026 es ciertamente más alto todavía.

Incluso aquellos que han logrado salir de los calabozos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no la han tenido fácil. Gran parte ha sido exiliada, cientos, de hecho, pero desde hace ya un tiempo la dictadura adoptó nuevos métodos.

Los números

El Mecanismo para el reconocimiento de los presos políticos de Nicaragua contabiliza, al momento de publicarse este reportaje, unas 46 personas sufriendo prisión por motivos políticos en el país. El mismo número reporta Monitoreo Azul y Blanco. Thelma Brenes sostiene que en verdad son muchos más.

«Sé por información extraoficial que dentro del sistema penitenciario nicaragüense hay muchas más personas que las 46 reportadas», dice. Entre ellos se cuenta su padre, Carlos Brenes, coronel retirado del Ejército sandinista detenido desde agosto de 2025.

«Esto se debe a que las familias tienen mucho miedo de reportar a sus familiares como desaparecidos o presos por posibles represalias del régimen. Estamos hablando de que hay, por lo menos, el doble o el triple de personas de las que aparecen en las listas oficiales», señala.

Brenes hija destaca además que no son sólo opositores, sino también ex-trabajadores del Estado que fueron depuestos durante las purgas ordenadas por Rosario Murillo y ex-colaboradores sandinistas, sobre todo ligados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a las alcaldías completamente sometidas al sandinismo, al sistema de la educación pública que coordina el Ministerio de Educación (MINED) e incluso a las fuerzas armadas de la primera dictadura sandinista, como es el caso de Álvaro Baltodano y otros.

«Algunos de estos casos son públicos, pero otros fueron denunciados por colegas sin ninguna razón y llevan dos o tres años presos sin proceso judicial, sin ver a sus familias y sin recibir paquetería», apunta.

Su propio padre fue un caso piloto para este modus operandi.

Acoso y represalia

Brenes padre, para entonces de más de 60 años, había sido detenido primero entre 2018 y 2019 por «su postura crítica que sostiene desde hace más de 35 años». En ese tiempo, no recibió el tratamiento adecuado para su diabetes, lo que afectó gravemente su salud, según cuenta ahora su hija.

«Desarrolló neuropatía diabética: ardor, hormigueo, dolor en las piernas, problemas para caminar y fuertes dolores en la columna. También su visión se deterioró considerablemente».

Al salir de prisión en junio de 2019, mediante una amnistía promulgada por el régimen, no tuvo alivio alguno. «Nunca lo dejaron en paz. La Policía o el Ejército llegaban constantemente a vigilarlo, incluso en fines de semana o en fechas como Semana Santa», explica.

«Le preguntaban si tenía armas, quién lo visitaba y qué hacía. También lo controlaban por teléfono: tenía que enviar fotos por WhatsApp periódicamente. Primero era una vez al mes, luego cada dos semanas y, finalmente, cada cuatro días», a pesar de que ya se había desligado completamente de la actividad política.

La segunda detención en 2025 es, en toda regla, una desaparición forzada. Tanto así que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Naciones Unidas para investigar los abusos del régimen en Nicaragua, ha exigido prueba de que sigue con vida.

A eso ha de añadirse la represalia de la detención de su esposa, Salvadora Martínez, meramente por pronunciarse a favor de su marido. A sus 68 años, Martínez «nunca ha sido una persona política», dice Brenes hija.

«Es una mujer con enfermedades crónicas, dedicada a su familia y al cuidado de su madre de más de 90 años. Su único “delito” fue defender a mi padre, hablar sobre su caso y llevarle paquetería cuando estaba detenido», sigue.

«Tenía una operación programada poco después de su arresto, pero se le ha negado durante más de siete meses. Hasta hoy, no ha podido recibir medicinas, cartas, libros, ropa ni ningún tipo de apoyo familiar», denuncia.

«Extraoficialmente» saben que está en la cárcel La Modelo, en Tipitapa, municipio de Managua. Ahí sufre de tortura, como ha documentado el propio GHREN, en particular de naturaleza psicológica, pero también física.

«Hay personas que llevan dos o tres años sin ver a sus familias ni recibir siquiera artículos básicos como jabón, ropa o calzado», reitera Brenes hija. Y dice que «mientras haya presos políticos, o personas viviendo bajo condiciones de represión, y mientras no haya pruebas de vida y libertad plena, no voy a dejar de denunciar».

Detonante: la caída de Maduro

El 10 de enero de 2026 —una semana después de que helicópteros de los Estados Unidos sobrevolaron Caracas, tomando cautivo al dictador Nicolás Maduro—, el régimen dejó en libertad a más de una veintena de personas que llevaban meses detenidos injustamente.

Era el decimonoveno aniversario del retorno al poder de Ortega, tras su primera gestión en dictadura de 1985 a 1990, y buscaban, en palabras de la codictadora Murillo, «concordia, convivencia… reencuentro de las familias... alrededor de la paz y el bien… paz y encuentro… unión familiar».

Por libertad cualquiera entendería un retorno a sus vidas, resarcimiento quizá. Pero para Lucio, un ciudadano que solicitó protegiéramos su identidad bajo pseudónimo, dejar la prisión fue sólo una mejoría en términos relativos.

Exigencias de afuera

Bajo cualquier otra definición, él todavía sigue preso. Por ello, la situación ya está siendo discutida fuera de Nicaragua.

«Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones», dijo el Departamento de Estado una semana después de la excarcelación del 10 de enero.

La propia embajada en Managua, dirigida por el encargado de negocios Elias Baumann, hizo eco del mensaje, exigiendo «la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua» al anunciar sanciones a cinco funcionarios sandinistas involucrados en distintas áreas de la represión el 26 de febrero.

Y más vocalmente Leandro Rizzuto, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dejó claro el 4 de febrero que la dictadura «no engañaba a nadie».

«Las recientes liberaciones de personas en Nicaragua para ponerlas bajo arresto domiciliario pueden parecer gestos positivos por parte de la dictadura. Sin embargo, estas acciones no engañan a nadie», dijo el embajador.

«El arresto domiciliario no es libertad. Estados Unidos reitera su exigencia a Nicaragua de que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos injustamente, sin arresto domiciliario ni nuevas detenciones», declaró  entonces Rizzuto.

Días después de pronunciar estas palabras, tal vez queriendo demostrar que era capaz de escuchar a la razón, la dictadura excarceló al ex-militar sandinista Aníbal Rivas Reed, a quien había condenado a 50 años de prisión, por presunta traición a la patria, en un proceso judicial secreto en junio de 2025.

Como muchos otros, Rivas Reed no está plenamente libre. Hasta donde se ha podido establecer públicamente, el capitán en retiro permanece bajo arresto domiciliario.

«La mayoría (de los excarcelados del 10 de enero) estamos viviendo un calvario tanto en el ambiente económico como laboral», explica Lucio a 100% NOTICIAS. Ha escuchado varias historias sobre estos excarcelados, todas en la misma clave:

Uno fue incapaz de conseguir dinero, por más que acudiera a bancos y prestamistas, para realizarle un examen vital para la salud de su bebé.

Otro quiso honrar a la Virgen de Guadalupe en su propia casa, por lo cual agentes al servicio de la dictadura lo llevaron a delegación policial de la ciudad y lo amenazaron para que parara la actividad. De otro modo no le hubieran permitido regresar.

Otro cuyo negocio era la reparación de equipos tecnológicos ha visto a las autoridades interferir, sin justificación alguna, en el desempeño de sus actividades económicas.

Lucio personalmente no deja de ser vigilado. Aunque sí tiene cierto rango de movilización, agentes vestidos de civil lo acosan: le toman fotografías, siguen los vehículos que utiliza para transportarse y vigilan desde fuera de su casa. Pero para él lo peor no ha sido eso.

«Actualmente, mi récord policial está manchado. Me pusieron un delito común, aunque ya no aparece el delito de terrorismo. En nuestra situación, no se nos permite tener un trabajo formal», denuncia.

«La mayoría estamos buscando la manera de sobrevivir».

«Soy vigilado»

Emilio —también pseudónimo, el segundo— manifiesta no haber recordado, los primeros días después de salir de prisión, mucho de lo que había vivido «allá dentro». En parte por el insomnio crónico que sufre y que, bajo custodia de la dictadura, se negaron a tratarle; en parte también por la tortura que supuso el encierro como tal.

«Sufría alucinaciones, veía figuras en las paredes y en el piso que se movían. Se me subía la presión, amanecía con los nervios alterados. Esto me pasó en los primeros meses de estar preso», dice Emilio, también un pseudónimo que hemos debido usar por su seguridad.

Todavía tiene presente su encarcelamiento. «En los primeros días caminaba por la sala de mi casa, como que estuviera en la celda (todavía). Esto se repitió por varios días… me da lugar a pensar que puedo ser apresado nuevamente», expresa con voz temerosa.

El día que los extrajeron de las celdas de la La Modelo, le informaron que su salida iba a estar condicionada: cada día, a cierta hora de la mañana, se tiene que presentar a la delegación de la Policía de su municipio.

Se trata de una de las medidas cautelares más comunes de la dictadura, aplicada a detenidos políticos de toda clase, desde los que han pasado años enteros en prisión hasta los que apenas han sido retenidos por un par de horas, toda vez que no se les permitiera o forzara a salir del país.

A menudo viene con una determinada serie de restricciones a la movilidad: en la mayor parte de los casos no pueden salir del municipio en el que residen, en los peores están recluidos a sus hogares, particularmente en los casos de algunos ex-colaboradores sandinistas, como Henry Ruiz, y al menos 40 presos políticos excarcelados a finales de 2025.

Por fuera de la legalidad —como todo en este proceso, pero de forma particular— también han perdido su derecho a la privacidad. Emilio, por ejemplo, se siente constantemente vigilado.

«Soy vigilado por los CPC», sentencia, refiriéndose a los Comités del Poder Ciudadano, las estructuras partidarias del Frente Sandinista que se extienden prácticamente por todo el país, tentáculos de «orejas» y ojos que se remontan a la primera dictadura del partido (1979-1990), cuando se llamaban Comités de Defensa Sandinista (CDS).

«Soy vigilado», reitera Emilio. «En los primeros días, luego de que fui liberado, pasaban diario por la acera de mi casa por la mañana. Actualmente han implementado la vigilancia nocturna del barrio para seguirnos controlando», añade.

No ha tenido paz su familia en absoluto, tanto así que su esposa y sus hijos tuvieron que exiliarse. Los que quedan a su lado viven tan alertas como él. «Incluso me encuentro amigos en la calle que me dicen que me cuide porque la represión está latente».

Las dos Nicaraguas

«A la misma delegación donde voy a cumplir tres años de estar firmando, están llegando tres jóvenes», abre su relato Marcia, la segunda sobreviviente de las cárceles sandinistas cuya identidad debemos proteger. «A raíz del 3 de enero, cuando sacaron a Maduro (de Venezuela), una joven —según me di cuenta— dice que solo puso like (a una publicación) y que la llamaron del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para, supuestamente, actualizar algunos datos de su seguro».

Pero cuando llegó a la delegación del Seguro Social, «una patrulla la levantó y se la llevó». Es la fecha y todavía la joven no ha podido terminar de asumir lo que vivió. «Está asustada, preocupada porque ha visto patrullas llegar a su casa. Se quedan estacionadas casi frente a la puerta, no le dicen nada, solo observan hacia adentro y luego se retiran», relata Marcia.

Para ella existen dos Nicaraguas, claramente: una donde por amistad, coimas, conexiones o vínculos familiares, uno se asocia a altos funcionarios cercanos a la pareja dictatorial y al partido, según describe.

«Ellos sí tienen derechos y su opinión es tomada en cuenta»; por otro lado, está la Nicaragua del trabajador del Estado, obligado a aceptar y cumplir actividades partidarias; de lo contrario, enfrenta chantaje y amenazas.

«No tiene más derecho que recibir un salario raquítico, sin poder opinar, solo sobrevivir y soportar orientaciones antojadizas de funcionarios afines al gobierno, muchas veces abusivos», detalla Marcia.

Esta realidad, sostenida a lo largo de los años, es lo que considera llevó al estallido social de abril de 2018, cuya subsiguiente represión por parte del régimen llevó al asesinato de más de 350 nicaragüenses, según corroboran los hallazgos de la CIDH y otros numerosos organismos pro-derechos humanos.

Marcia fue víctima del rezago de esa represión: apresada en 2023, fue sometida a trato humillante cuando la llevaron a la estación policial. «Me pidieron quitarme la ropa, ponerme uniforme azul celeste, tomarme fotos y huellas de todos mis dedos y palmas de las manos», recuerda.

«Luego fui trasladada a Managua, donde había una sala con un juez, un abogado acusador y un abogado defensor que nunca conocí. Montaron un proceso en el que se me acusó de traición a la patria», continúa.

¿Qué nos espera en el futuro?

Ahora, como muchos otros, tiene que presentarse cada día ante la Policía del régimen para justificar algo que cualquier otra persona daría por sentado: vivir su vida. Fue, de hecho, amenazada directamente.

«Me dijeron que si me ausentaba, me iban a sacar nuevamente, en la noche, y me iban a encerrar de nuevo», cuenta ahora.

Durante dos o tres semanas, sus vecinos se encontraban con personas vestidas de civil que llegaban a tomar fotos a la vivienda, fotos de sus familiares. «En varias ocasiones me llamaron a despacho para decirme que seguían vigilándome y que, si veía algo en contra de su comandante o de la compañera, debía informarlo», relata.

«Cada vez que salgo a firmar, mi familia está pendiente: si ya llegué, si ya salí. Me dicen que no hable con nadie; que si me dicen algo, me quede callada. Esto genera mucha preocupación», describe Marcia.

Y resulta tan disruptivo que no ha podido trabajar. Lo intentó en una institución de enseñanza pública, pero fue apartada por actores del propio régimen no bien trató de asumir la responsabilidad. Su único «delito», dice, «es pensar diferente».

«Ese “delito” parece más grave que asesinar, traficar, violar o secuestrar. Pensar diferente es considerado el peor delito» en la Nicaragua de Ortega y Murillo.

El chantaje y la amenaza siempre han existido, juzga Marcia, «pero antes eran más discretos. Ahora son prácticas públicas. Los derechos y valores prácticamente no existen, ni siquiera en los programas educativos».

«Entonces, me pregunto: ¿qué nos espera en el futuro?».