El saldo de 2025: China gana terreno y Nicaragua pierde soberanía

El 7 de diciembre de 2025, en Managua, durante la celebración de la gritería; en medio del bullicio, los cantos a la virgen y la repartición de la tradicional gorra, un grupo de ciudadanos de origen chino intentaba sumarse a los coros dedicados a la Virgen María. No dominaban las letras ni las consignas, pero levantaban las manos, sonreían y recibían los obsequios como cualquier otro participante. La imagen, aparentemente anecdótica, terminó por convertirse en un símbolo que identificaba que China ya no solo estaba en los negocios o en los megaproyectos, sino, en el corazón de las celebraciones populares nicaragüenses.

Durante 2025, la presencia china se volvió cotidiana, ya que se les vio en plazas, balnearios, centros comerciales, bares, discotecas y espacios públicos. Sus rasgos, su idioma y su creciente número evidenciaron una migración económica que avanzó al mismo ritmo que las concesiones, los privilegios legales y la apertura total del país otorgada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El comercio es quizás el terreno donde los efectos de la expansión china son más perceptibles para la población. Según un informe de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, entre enero y mayo de 2025, las importaciones desde China alcanzaron 783.1 millones de dólares, consolidando al país asiático como el tercer mayor proveedor de bienes para Nicaragua, con una participación del 15.7% del total de importaciones. Sin embargo, las exportaciones nicaragüenses hacia China continuaron siendo marginales, representando solo 1.9 % de los destinos de la oferta exportable (69 millones de dólares), muy lejos de mercados tradicionales como Estados Unidos (45.5%) o Centroamérica (16.8%).

“No es cooperación, es una invasión comercial con trato privilegiado”

Para el economista y politólogo Juan Sebastián Chamorro, desterrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la narrativa oficial que presenta a China como un “principal proveedor” o un “socio estratégico” de Nicaragua en 2025 es profundamente engañosa. No se trata, aclara, de una relación comercial equilibrada ni de un intercambio que fortalezca la economía nacional, sino de una invasión del mercado nicaragüense con productos de consumo baratos, amparada en tratos preferenciales otorgados desde el poder.

Chamorro subraya que el problema no radica en el comercio con China en sí mismo, sino en las condiciones desiguales bajo las cuales opera. “No nos oponemos a que haya comercio, pero el comercio tiene que darse en igualdad de condiciones”, advierte. Lo que ocurre en 2025, explica, es que los empresarios chinos reciben beneficios que no están disponibles para los comerciantes nacionales; exoneraciones, facilidades energéticas, infraestructura subsidiada y un entorno diseñado a su medida.

Lejos de convertirse en un proveedor estratégico de insumos o materias primas, China ha inundado Nicaragua con productos terminados de consumo masivo. Esto, enfatiza Chamorro, explica el creciente déficit comercial, porque las importaciones desde China crecen aceleradamente, mientras las exportaciones nicaragüenses siguen siendo marginales. Nicaragua, en términos reales, “ha ganado muy poco o casi nada” en esta relación, mientras su mercado interno es desplazado.

El impacto económico en el comercio local fue inmediato y tangible. El 18 de julio de 2025 se inauguró el supermercado Sogo, de capital chino, frente a las bodegas de ENABAS, cerca del Mercado Oriental de Managua. Con 8,000 metros cuadrados, dos niveles y más de 100 trabajadores locales contratados, el establecimiento ofreció una variedad de productos que van desde alimentos y electrodomésticos hasta muebles, ropa y juguetes. Su apertura atrajo a cientos de curiosos que inundaron la tienda como tal fuese un parque de diversiones. Así como Sogo Chino, fueron abiertas más de 200 tiendas de origen asiático solo en Managua y decenas en el resto del país.

Mientras tanto, negocios familiares y tiendas locales reportaron caídas de hasta el 70 % en sus ventas, incapaces de competir con los precios bajos y la logística directa de importación que manejan estas compañías extranjeras. Las cifras reflejan no solo la concentración del comercio, sino también la erosión progresiva del tejido económico local, un fenómeno que expertos señalan como resultado directo de la política del régimen que prioriza la entrada de capital extranjero por encima del fortalecimiento de la economía nacional.

En diciembre de 2025, comenzaron construcciones de nuevos edificios comerciales en el Mercado Oriental y Plaza San Dionisio, cada uno con más de 10,000 metros cuadrados, destinados a oficinas y comercios. Empresarios chinos ya reservaron espacios antes de su finalización, confiando en la “seguridad jurídica” y en los beneficios ofrecidos por la administración local, mientras que los nicaragüenses enfrentan obstáculos crecientes para sostener sus negocios tradicionales.

En el plano del comercio interno, Chamorro insiste en que el golpe no es solo económico, sino estructural. Los emprendedores nicaragüenses no compiten en un mercado libre, sino en uno distorsionado por decisiones políticas. Mientras los negocios locales enfrentan altos costos operativos, impuestos y barreras, las empresas chinas reciben energía subsidiada, maquinaria, infraestructura y un trato privilegiado abiertamente reconocido por el propio régimen.

Este modelo, además de inconstitucional, resulta —según Chamorro— económicamente absurdo. “No puede haber comerciantes de primera clase, los chinos, y de segunda clase, los nicaragüenses”, sentencia. El resultado es un ecosistema comercial donde los negocios nacionales quedan condenados a desaparecer o a sobrevivir en condiciones de extrema precariedad.

Minería: cesión de vastos territorios y concentración de recursos

Otro sector estratégico que evidencia la expansión china en Nicaragua es la minería. A diciembre de 2025, la dictadura había otorgado 66 concesiones mineras a empresas chinas, que suman más de 919,000 hectáreas en todo el territorio nacional, principalmente en la región del Caribe. Entre las compañías beneficiadas se encuentran Thomas Metal S.A., Brother Metal S.A., Zhong Fu Development S.A. y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., mientras otras ocho mineras chinas se reparten las concesiones restantes.

Según expertos en derecho ambiental y economía, estas adjudicaciones reflejan un modelo extractivo y concentrado, en el que pocas empresas extranjeras controlan vastas extensiones de territorio, mientras las comunidades locales y los ecosistemas enfrentan riesgos significativos, sin que existan mecanismos de supervisión claros ni compensaciones efectivas. La entrega masiva de territorio nacional evidencia cómo el régimen sandinista cede soberanía y control de recursos estratégicos a intereses foráneos, reforzando un patrón de dependencia y concentración de poder económico.

El análisis de Chamorro se vuelve aún más severo cuando aborda la entrega masiva de concesiones mineras a empresas chinas durante 2025. A su juicio, estas concesiones no solo representan un atentado contra la soberanía nacional, sino una expresión clara de “entreguismo y vende-patria” por parte del régimen Ortega-Murillo.

El economista recuerda que esta lógica no es nueva y recuerda que la concesión del fallido canal interoceánico ya anticipaba el camino que seguiría la dictadura. Sin embargo, el actual reparto del territorio profundiza una problemática aún más grave, que alcanza la violación sistemática de los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y locales, muchos de ellos reconocidos legalmente desde administraciones anteriores, particularmente durante el gobierno de Enrique Bolaños.

Estas concesiones, sostiene Chamorro, no vienen acompañadas de beneficios reales para las comunidades afectadas. Por el contrario, significan avasallamiento, despojo y exclusión, sin compensaciones ni mecanismos de consulta legítimos. A esto se suma el impacto ambiental. Las actividades extractivas, mal reguladas y ejecutadas por empresas con un historial poco comprometido con el medio ambiente, generan un deterioro ambiental potencialmente irreparable.

Privilegios fiscales para inversionistas chinos

La Ley 1264, aprobada por la Asamblea Nacional a finales de octubre de 2025, creó las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, concebidas para atraer inversión extranjera, con un enfoque particular en compañías chinas.

Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores y encargado de relaciones con China, aseguró que las ZEE ofrecerían beneficios fiscales completos y terrenos estatales, aunque la legislación solo habla de “arrendamiento de terrenos bajo contrato de concesión a largo plazo”, sin especificar condiciones claras.

Las ZEE garantizan exoneraciones totales en impuestos sobre la renta, IVA, impuestos municipales y sobre dividendos, además de ventajas en importaciones y bienes necesarios para la operación de las empresas.

Este esquema favorece directamente al capital extranjero, mientras socava la competitividad del comercio y la industria nacional. La administración de las ZEE recae en una Comisión Especial liderada por Ortega Murillo, concentrando la toma de decisiones sobre los incentivos y proyectos, lo que genera un control centralizado del régimen sobre las inversiones chinas.

Chamorro desmonta el discurso oficial sobre las Zonas Económicas Especiales impulsadas en 2025 como solución mágica frente al aislamiento internacional y la posible suspensión del DR-Cafta. Para él, estas zonas no engañan a nadie. No es posible atraer inversión sostenible —afirma— cuando no existe seguridad jurídica, ni respeto a la propiedad privada, ni Estado de derecho.

Incluso los inversionistas cercanos o “amigos” del régimen han sido testigos de cómo sus derechos pueden ser vulnerados cuando así lo decide la familia gobernante. Por ello, aunque estas zonas puedan atraer inversiones puntuales, el efecto será insuficiente para compensar la constante caída de la inversión extranjera directa, especialmente la proveniente de Estados Unidos, México y otros socios tradicionales.

En 2025, concluye Chamorro, Nicaragua no está construyendo una estrategia de desarrollo, sino profundizando un modelo de dependencia, desigualdad y subordinación, donde China avanza con el aval del poder político, mientras el país pierde soberanía, mercado y futuro.

El 8 de diciembre de 2025, Ortega Murillo destacó en Canal 8 los proyectos que se ejecutarán con apoyo chino, entre ellos la planta de acero en Nindirí, el aeropuerto de Punta Huete, plantas solares en Matagalpa, ampliación de puertos, incluido el puerto de aguas profundas de Bluefields, y alianzas con Huawei para expandir la conectividad 4G y 5G. Además, mencionó la construcción de la etapa cinco del Mercado Oriental y del segundo edificio de Plaza San Dionisio, que suman más de 10,000 metros cuadrados cada uno.

Si bien el régimen afirma que estos proyectos generan empleo y dinamizan la economía, los datos muestran que la inversión directa de China sigue siendo limitada, mientras crecen las importaciones, concesiones mineras y beneficios fiscales, consolidando un modelo de desarrollo que prioriza los intereses extranjeros sobre el bienestar y la economía local.

En 2025, China consolidó su presencia en Nicaragua: Comercio, minería, infraestructura y ZEE reflejan un patrón de expansión económica con la complicidad del régimen de Ortega y Murillo. Lo que la dictadura presenta como desarrollo y fortalecimiento de la “hermandad” con Beijing, para otros significa dependencia económica, extractivismo, pérdida de soberanía y concentración de poder en manos extranjeras.

2026: la factura china y el espejismo del “sustituto”

Para el politólogo y académico Félix Maradiaga, presidente de la Red Liberal de América Latina, 2026 marcará el momento en que Nicaragua empiece a pagar, sin maquillaje propagandístico, el costo real de su alineamiento con China. No se trata, advierte, de un giro estratégico hacia el desarrollo, sino de una dependencia construida deliberadamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“En América Latina conocemos bien la palabra dependencia. No solo como categoría económica, sino como experiencia política”, señala Maradiaga. En su lectura, el régimen ha convertido al Estado nicaragüense en “el intermediario de una subordinación externa que beneficia a una élite interna”, usando la relación con Pekín como blindaje diplomático y financiero frente al aislamiento internacional.

La narrativa oficial insiste en que China es una alternativa frente a Estados Unidos y Europa. Pero Maradiaga desmonta esa idea con datos. “China es un acreedor exigente y un proveedor dominante; no un sustituto del mercado estadounidense ni del ecosistema financiero multilateral que Nicaragua necesita para crecer de forma sostenible”, subraya. La estructura productiva del país, recuerda, no cambia por decreto ni por consignas.

Las cifras lo confirman. Cerca de la mitad de las exportaciones nicaragüenses siguen teniendo como destino Estados Unidos, mientras China se consolida como gran proveedor, no como comprador. “Esa asimetría es el sello clásico de una relación dependiente: déficit comercial, debilitamiento industrial y captura de infraestructura estratégica”, advierte. En 2023, el saldo comercial con China fue deficitario en alrededor de 1,200 millones de dólares, drenando reservas y aumentando la vulnerabilidad externa.

Maradiaga también pone el foco en el frente comercial que se abre a partir de 2026. Las medidas anunciadas por Estados Unidos bajo la Sección 301, vinculadas al deterioro del Estado de derecho en Nicaragua, marcan —según él— una línea roja.

“CAFTA todavía importa, tanto que el arancel se diseña explícitamente por fuera de su cobertura”, explica. Aunque el primer año arranque con un 0 %, la señal es clara: “es una advertencia institucional y una hoja de ruta para encarecer las exportaciones nicaragüenses en 2027 y 2028”.

Ante ese escenario, el régimen ha optado por profundizar su acercamiento a China, pero Maradiaga considera que esa respuesta está basada en una ilusión peligrosa. “Cuando la dictadura vende la relación con China como reemplazo de los socios tradicionales, no ofrece una estrategia: vende una excusa”, afirma. Pekín no absorbe el volumen de exportaciones que Nicaragua coloca en Norteamérica ni ofrece preferencias arancelarias comparables.

Uno de los puntos más críticos, según Maradiaga, es el endeudamiento. La dictadura presenta los acuerdos con China como “cooperación”, pero los números cuentan otra historia. “La economía habla el idioma de la banca: interés, comisiones y cláusulas”, resume. Entre 2023 y 2025, Nicaragua firmó préstamos por más de 1,400 millones de dólares, con tasas de entre 4 % y 6 %, muy por encima del financiamiento concesional de organismos multilaterales.

El problema se agrava por la opacidad. “Esto describe un patrón mundial conocido: crédito caro, baja transparencia, atado a contratistas del país acreedor y con costos que se socializan”, advierte. En el caso nicaragüense, el Estado ya ha pagado decenas de millones de dólares en intereses y comisiones, pese a que los desembolsos efectivos han sido mínimos. “No es desarrollo; es un esquema donde el contratista cobra, el Estado paga y el ciudadano asume la factura futura”, sentencia.

Maradiaga subraya que la relación con China no es solo económica, sino profundamente geopolítica. “Para una dictadura aislada, China ofrece legitimación internacional, cobertura diplomática y un modelo de gobernanza que justifica vigilancia, control informativo y opacidad contractual”, explica. Esa lógica se refleja en concesiones mineras masivas, proyectos de infraestructura cerrados y zonas económicas especiales que funcionan como enclaves de privilegio.

De cara a 2026, el politólogo es categórico: “China no presta como filantropía; presta como precio del riesgo… y de la dependencia”. Y advierte que, en un contexto de presiones arancelarias y menor financiamiento concesional, el servicio de la deuda podría convertirse en un lastre fiscal difícil de sostener.

Para Maradiaga, la conclusión es inevitable. “2026 no es el año del ‘gran salto’ con China; es el año de la verdad”. El mercado que sostiene el empleo formal sigue estando en Norteamérica; el financiamiento barato depende de reglas e instituciones; y ninguna potencia actúa por solidaridad. “Lo que rechazamos no es un país”, concluye, “sino un modelo donde una familia convierte el Estado en su intermediario y al país en garantía”.