Régimen redefine la inversión extranjera y centraliza el poder en Laureano Ortega, profundizando la dependencia geopolítica

La Ley 1240 no solo sustituye una estructura previa relativamente estable, sino que la transforma en un instrumento político para administrar, condicionar y dirigir el capital extranjero con un nivel de control que no existía desde los primeros años de la década de 1990. La nueva ley revela, tanto en su diseño como en sus implicaciones prácticas, que la prioridad del régimen no es mejorar el clima de negocios, sino garantizar el control político y estratégico sobre cualquier movimiento de capital dentro del país.

Un cambio legal que revela una estrategia política

La aprobación de la Ley 1240, Ley de Inversiones Extranjeras, el 20 de febrero de 2025, acompañada de su reglamento el 3 de junio del mismo año, marca un punto de inflexión en la política económica del país. Aunque el discurso oficial insiste en que esta legislación moderniza el clima de negocios y busca atraer “inversionistas responsables”, el contexto en el que surge permite interpretarla como parte de una estrategia más profunda: crear un marco jurídico que coloque la inversión extranjera dentro del aparato de control del régimen Ortega-Murillo.

Durante la última década, el país vivió un deterioro acelerado de las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de organismos multilaterales, producto de violaciones a derechos humanos, represión interna, sanciones individuales y falta de transparencia institucional. La cooperación que antes financiaba infraestructura, programas sociales y proyectos de desarrollo prácticamente desapareció, dejando al país con un acceso muy limitado a fuentes tradicionales de financiamiento.

Ante esa realidad, el régimen buscó nuevos aliados —China, Rusia, Bielorrusia y, en menor medida, países del Golfo— cuyo financiamiento está condicionado menos por estándares democráticos y más por convenios bilaterales opacos. La Ley 1240 se convierte así en la herramienta que organiza ese giro geopolítico y que permite manejar, desde el poder político central, cada aspecto de la inversión.

El economista Ernesto Lacayo —seudónimo usado por razones de seguridad debido a su exilio— interpreta la Ley 1240 dentro de esa lógica. En sus palabras, “no se trata de atraer inversión de cualquier origen, sino de crear un sistema que permita filtrar quién puede entrar y quién no, dependiendo del alineamiento político. Es un modelo de control total”.

Su lectura coincide con el patrón observado en otras reformas institucionales ejecutadas por el régimen desde 2018, donde la prioridad no es fortalecer instituciones, sino disciplinar o subordinar cualquier actividad económica al control político.

Lo que desaparece: un sistema imperfecto, pero predecible

Hasta 2025, la inversión extranjera se regía por la Ley 344, aprobada en el año 2000, y por el mecanismo administrativo de la Ventanilla Única de Inversiones, creado por el Decreto 55-2006. Bajo ese sistema, el inversionista podía —si lo deseaba— registrarse ante el MIFIC para obtener incentivos fiscales o agilizar ciertos trámites. La ventaja de ese modelo era su previsibilidad: el marco jurídico se mantenía relativamente estable, las reglas eran claras y los trámites no dependían directamente de decisiones políticas.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1240, el régimen derogó de un solo golpe ese marco anterior: el Decreto Ejecutivo 55-2006 que creó la Ventanilla Única de Inversiones; la Ley 344, “Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras”; y el Decreto Ejecutivo 74-2000, que reglamentaba la Ley 344. Es decir, se desmontó por completo un sistema que, aunque imperfecto, había funcionado como referencia para la inversión extranjera durante más de dos décadas.

Ese sistema tenía dos virtudes fundamentales: separaba la inversión del control político directo y permitía operar sin temor permanente a represalias administrativas. La Ley 1240 desmonta completamente ese equilibrio. Lo que antes incentivaba, ahora condiciona; lo que antes facilitaba, ahora vigila; lo que antes era voluntario, ahora es obligatorio. El nuevo modelo sustituye un sistema técnico-administrativo por uno político-centralizado. Por primera vez desde los años 80, la entrada de capital al país queda sujeta al escrutinio directo de la cúpula del poder.

El corazón del nuevo sistema: el Registro Único de Inversión Extranjera (RUIE)

La herramienta fundamental de la Ley 1240 es el Registro Único de Inversión Extranjera (RUIE). A diferencia del sistema anterior, en el que registrarse era opcional, ahora toda empresa extranjera debe obtener este certificado para poder operar.

El RUIE se convierte en una llave que abre —o cierra— todas las puertas del sistema económico. Sin él, una empresa no puede abrir cuentas bancarias, importar bienes, contratar personal extranjero, participar en licitaciones públicas, acceder a incentivos fiscales ni realizar operaciones básicas dentro del país. En la práctica, sin RUIE no hay vida jurídica ni económica posible para la inversión extranjera.

El nivel de información que exige el registro es exhaustivo: identificación de beneficiarios finales, estructura accionaria completa, estados financieros detallados, montos invertidos, flujos de divisas, deudas internas y externas, niveles de producción, precios, salarios y empleos generados, además de cualquier modificación societaria, como fusiones, ventas o cambios de accionistas. Toda esta información debe actualizarse de forma periódica y se complementa con la obligación de entregar estadísticas trimestrales al Banco Central de Nicaragua, incluyendo estados financieros, montos invertidos, ingresos y egresos desde y hacia el exterior, endeudamiento interno y externo, indicadores de producción, precios, salarios y empleos generados.

Este diseño convierte al inversionista en un sujeto bajo vigilancia permanente de las autoridades económicas, tributarias y políticas.

El incumplimiento puede llevar a la suspensión o cancelación del registro. La cancelación equivale a la muerte jurídica y económica de la empresa. “Si se pierde el registro, la inversión queda en el aire”, advierte Ernesto Lacayo. Y la ley no establece mecanismos reales de apelación. Al registrarse, la empresa crea también la posibilidad de que ese registro sea cancelado y, en la práctica, que su inversión pueda terminar confiscada sin que exista un recurso efectivo ante instancias independientes. Bajo este diseño, la discrecionalidad no es un efecto colateral del sistema: es su fundamento.

Arbitraje internacional: un vacío deliberado

La ley tampoco establece mecanismos claros e independientes para la resolución de controversias. Aunque Nicaragua sigue inscrita formalmente en el CIADI, en la práctica el régimen ha ignorado recomendaciones de organismos internacionales y ha sido señalado por tomar decisiones que afectan contratos previamente establecidos.

El discurso oficial insiste en que la Ley 1240 “moderniza y acompaña estratégicamente el crecimiento económico”, según declaraciones del ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Erwin Ramírez, reproducidas por El 19 Digital.

Para el Gobierno, la norma representa una garantía de estabilidad y un mecanismo para atraer inversionistas responsables. Pero especialistas como Ernesto Lacayo y Juan Sebastián Chamorro advierten que la realidad es la inversa: la ley no busca modernizar, sino controlar. Y que el supuesto “ordenamiento” que promociona el régimen encubre un diseño jurídico que permite intervenir, condicionar o cancelar inversiones bajo criterios estrictamente políticos.

Juan Sebastián Chamorro sostiene que este vacío no es accidental: “El régimen busca evitar cualquier instancia independiente que limite su discrecionalidad”.

Ernesto Lacayo amplía esta idea al señalar que la ausencia de un arbitraje claro “coloca al inversionista en una relación completamente asimétrica, donde el Estado es juez y parte”. En la región centroamericana, ningún otro país ha concentrado tanto poder sobre la inversión extranjera en una estructura tan dependiente de la voluntad política del Ejecutivo.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras: decisiones en manos del círculo de poder

El nuevo sistema concentra todas las decisiones en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), integrada por el presidente del Banco Central, el ministro del MIFIC, el director de Zonas Francas y coordinada por Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial e hijo de la pareja gobernante.

Aunque la CNIE se presenta como un órgano colegiado, el reglamento establece que solo se reunirá cuando Laureano lo convoque. Él define la agenda, analiza los casos, supervisa la ejecución de la ley y da seguimiento a los expedientes. En la práctica, se trata de una estructura diseñada para asegurar que las decisiones de inversión recaigan en el círculo más cercano al poder.

Chamorro es claro: “La ley convierte a Laureano en la penúltima palabra en materia de inversión extranjera. No es la primera porque la última siempre la tienen los copresidentes, pero es el operador esencial del sistema. Es el filtro político que determina quién entra y quién no”. Para el economista, este diseño institucional es coherente con lo que denomina “proyecto dinástico” de la familia Ortega-Murillo.

Por qué Laureano es la penúltima palabra y no la primera

La jerarquía del régimen es vertical: las decisiones estratégicas se toman en el binomio Ortega-Murillo. La figura de Laureano es la del operador político y económico, el encargado de ejecutar decisiones, negociar con delegaciones extranjeras, presionar instituciones y articular a los ministerios. Pero su margen de acción está subordinado a los lineamientos del núcleo gobernante.

El diseño institucional de la Ley 1240 lo refuerza como el ejecutor central del modelo, pero nunca por encima del vértice del poder. Laureano decide a quién se le abre la puerta y bajo qué condiciones, pero siempre dentro de los intereses y prioridades de sus padres.

Comparación regional: Nicaragua se aleja del estándar centroamericano

Mientras la mayoría de países de Centroamérica mantienen sistemas orientados a facilitar la inversión —registros voluntarios, arbitraje independiente, ventanillas únicas, estabilidad jurídica y procesos predecibles—, Nicaragua adopta un modelo de vigilancia, control político y supervisión permanente.

La Ley 1240 coloca las decisiones en manos del poder político, obliga al registro exhaustivo de cualquier movimiento, permite la cancelación del RUIE sin recursos efectivos, exige información periódica que no es solicitada en otros países de la región, y da prioridad a alianzas geopolíticas sobre criterios de competitividad. Este modelo coloca a Nicaragua en el nivel más alto de riesgo institucional de toda Centroamérica, justamente en un contexto en el que el país necesita recuperar la confianza de inversionistas y organismos multilaterales.

La inversión estratégica: la figura que abre la puerta a intervenciones

La introducción de la categoría de “inversión estratégica” permite al régimen definir qué proyectos deben recibir un tratamiento especial. Según la propia ley, son estratégicas aquellas inversiones que impulsan el desarrollo nacional y los planes de Gobierno, impactan en la creación de empleos, aumentan la producción, las exportaciones, la transformación o agregación de valor, la transferencia tecnológica, la generación de conocimiento y la productividad y competitividad del país.

Sin embargo, la definición es tan amplia que habilita al Gobierno a intervenir o condicionar inversiones bajo casi cualquier argumento. Una vez que un proyecto es declarado estratégico, la empresa debe firmar un contrato con el Gobierno, entra a supervisión especial, y queda sometida a condiciones que pueden ser modificadas unilateralmente.

Lacayo apunta a que este concepto también existe para “poder mercadearse mejor ante sus amigos chinos, rusos y ahora bielorrusos”, presentando ciertas inversiones como parte de proyectos emblemáticos o de cooperación “de alto impacto”.

En un país con absoluta subordinación judicial, esta figura otorga un poder difícil de contrarrestar. Chamorro advierte que, si el régimen decide que una empresa o inversión es estratégica, puede utilizar esa etiqueta para justificar intervenciones más agresivas, incluidas apropiaciones de facto.

El contexto geopolítico: dependencia creciente de China, Rusia y Bielorrusia

La Ley 1240 surge como instrumento legal para administrar la dependencia financiera respecto a aliados no occidentales. Entre 2023 y 2025, el país firmó más de 52,000 millones de córdobas en obras, suministros y proyectos financiados por China, Rusia, Bielorrusia, Kuwait y Arabia Saudí.

Entre los proyectos se cuentan la planta hidroeléctrica Mojolka, con un costo superior a los 9,200 millones de córdobas; plantas fotovoltaicas en San Isidro, Matagalpa, Masaya y Ciudad Darío por varios miles de millones; la reconstrucción y ampliación del aeropuerto de Punta Huete; obras viales como la carretera del litoral del Pacífico; el hospital regional deLas Minas con financiamiento saudí; el mejoramiento del sistema nacional de respuesta a emergencias; la construcción del puente Prinzapolka con fondos de Kuwait; la adquisición de autobuses, camiones de basura y camiones de volteo de la empresa china Yutong; así como la compra de maquinaria pesada y equipamiento para la Policía y el Ejército con apoyo financiero de Bielorrusia.

Varios contratos firmados con empresas chinas incluyen una cláusula que obliga a Nicaragua a adelantar el 20% del valor total del proyecto. “Es un diseño perfecto para las empresas chinas”, sostiene Ernesto Lacayo, “y para el régimen es un mecanismo de fidelidad política”.

Rusia ha consolidado convenios con Managua que incluyen acuerdos comerciales con regiones ucranianas ocupadas, como Lugansk, Donetsk, Zaporiyia, Jersón y Sebastopol, y ha facilitado la exportación de productos nicaragüenses hacia esos territorios. Bielorrusia por su parte, ha financiado maquinaria, transporte y equipamiento policial a través de su Banco de Desarrollo.

La Ley 1240 formaliza la estructura jurídica que sostiene estas relaciones y ofrece al régimen un marco para presentarlas como “inversiones estratégicas” alineadas con su proyecto político.

El régimen espera que este subordinamiento geopolítico le permita conseguir recursos adicionales en esos países o en sus bancos y mecanismos asociados, como el Banco de Desarrollo Bielorruso, el Banco del Sur, el Banco del Alba o el banco de los BRICS. Sin embargo, la opción de incorporarse formalmente al bloque BRICS —y con ello tener acceso directo a sus fondos— fracasó ante el bloqueo que interpuso Brasil, recuerda Lacayo.

También intentaron que Nicaragua fuera invitada a la alianza de países del área del Pacífico, donde participa China, buscando nuevas fuentes de ingreso y mercados; pero Managua no fue invitada. Estos reveses dejan claro el grado de aislamiento del régimen, incluso entre países que comparten afinidades políticas con él.

Josué (un economista exiliado), considera que la apuesta de Ortega por China “escapa a toda lógica económica”. A su juicio, el régimen actúa como si Pekín fuera a resolverle todos sus problemas de liquidez y financiamiento, “con la ilusión de que los chinos proveerán todo lo que necesita para seguir funcionando”, pese a que los resultados concretos han sido modestos.

Para Ernesto, los réditos de esta estrategia han sido escasos y los riesgos, muy altos. Por un lado, el régimen decide atar su futuro financiero a una Rusia inmersa en una guerra prolongada en Ucrania, sujeta a sanciones y restricciones. Por otro, se apoya en una China que enfrenta tensiones comerciales con Estados Unidos y está expuesta a cambios bruscos en políticas arancelarias. “La dictadura está apostando su estabilidad económica a dos socios que no controlan su propio entorno externo”, insiste el economista.

El experto añade que el fracaso de los BRICS en establecer una moneda única para realizar transacciones entre ellos sin recurrir al dólar estadounidense complica aún más el panorama. La idea de un “escudo financiero alternativo” al dólar, que el régimen veía como tabla de salvación, se ha ido diluyendo, lo que limita las opciones reales de Nicaragua para conseguir inversiones fuera del sistema financiero dominado por Occidente.

Impacto en la banca y el sistema financiero

La posibilidad de que una empresa pierda su RUIE afecta directamente al sistema financiero. Si una inversión extranjera deja de existir jurídicamente, los bancos quedan expuestos a pérdidas, créditos impagables y riesgos reputacionales. Las entidades financieras se ven obligadas a endurecer sus criterios de riesgo, lo que a su vez restringe el acceso al crédito para otros actores económicos.
Además, una menor entrada de capital extranjero reduce la liquidez en dólares y limita la capacidad del país para sostener una economía que opera extraoficialmente bajo dolarización parcial. En un entorno donde la confianza es clave, la incertidumbre jurídica introducida por la Ley 1240 puede traducirse en mayores costos financieros, menor inversión y una economía más frágil y expuesta.

Washington advierte: “no esperen reglas claras ni trato justo”

El Informe sobre el Clima de Inversión 2025, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, advierte que los inversionistas “no deben esperar reglas claras ni un trato justo” en Nicaragua. La embajada de ese país también ha emitido alertas sobre riesgos en la adquisición de propiedades, procesos administrativos arbitrarios y falta de seguridad jurídica en la protección de derechos de propiedad.

Ernesto Lacayo considera que estas advertencias reflejan la situación real: “El régimen tiene problemas crecientes para conseguir préstamos con organismos multilaterales y mercados de capital. Esta ley les permite mantener la ilusión de normalidad y ofrecer garantías a la carta a los pocos socios que les quedan”.

Reputación internacional: caída sostenida

Índices globales como los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, el Índice de Competitividad Global o el Índice de Libertad Económica penalizan precisamente la discrecionalidad, la falta de independencia institucional y la inseguridad jurídica que caracterizan a la Ley 1240. El país enfrenta un deterioro acelerado en su reputación como destino para hacer negocios.

Analistas, economistas y empresarios coinciden en que la Ley 1240 incrementará la inseguridad jurídica, reducirá la entrada de capital responsable, aumentará la concentración económica y profundizará la dependencia del régimen respecto a sus pocos aliados geopolíticos. Un empresario consultado lo resume así: “Dicen que esta ley moderniza el clima de negocios, pero lo que manda es un mensaje de control total. Es imposible atraer inversionistas responsables cuando el Estado actúa según el humor del poder”.

Hacia dónde apunta Nicaragua bajo este modelo

La Ley 1240 no solo crea un marco jurídico: define un modelo económico. Nicaragua se mueve hacia un sistema de control centralizado, dependiente de países autoritarios, con inversión subordinada al poder político y sin contrapesos institucionales.

Laureano Ortega se convierte en el operador principal, pero nunca en el vértice: la última palabra siempre la tienen Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ley revela una verdad central: en Nicaragua, invertir significa someterse a un sistema donde el capital extranjero no está protegido por instituciones, sino por la voluntad política del régimen. Más de C$ 52,000 millones en préstamos.