La Navidad que Nicaragua perdió: un país sin caridad, sin juguetes y sin organizaciones que acompañen

Durante más de una década, Nicaragua fue testigo de un proceso silencioso que llevó al desmantelamiento sistemático de todo brazo social. No se trató únicamente del cierre de ONG o del hostigamiento a proyectos comunitarios; fue la destrucción metódica de todo mecanismo independiente que mitigaba la pobreza, acompañaba a la niñez vulnerable, sostenía a adultos mayores, brindaba alimentos, educación y salud, o simplemente conectaba a ciudadanos con necesidades urgentes en un país empobrecido.

La ofensiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el apoyo social comenzó mucho antes de que el país entrara en crisis política en 2018. Desde 2014, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) advirtió que la dictadura estaba instalando un modelo de control total, donde las organizaciones sociales, religiosas y comunitarias quedaban bajo sospecha por no estar subordinadas al aparato político del Frente Sandinista.

“¿Qué pasaría si las ayudas brindadas por la Iglesia y las ONG dejaran de atender a los sectores vulnerables?” preguntaron los obispos ese año. La interrogante, que en ese momento parecía una alarma preventiva, hoy se ha convertido en una cruda realidad nacional.

Un país sin pulmón humanitario

En el documento titulado “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”, la Conferencia Episcopal presentó ante Ortega una radiografía precisa del deterioro institucional del país. Advirtieron sobre el aumento de la pobreza, la falta de acceso a medicamentos, la inexistencia de una política pública de salud eficiente y el riesgo que suponía cerrar o dificultar el acceso a donaciones internacionales.

Los obispos describieron, con claridad sorprendente, que, si las organizaciones humanitarias dejaban de operar, miles de nicaragüenses quedarían sin alimentos, medicinas y atención médica, especialmente en zonas rurales. Además, alertaron sobre trabas aduaneras que ya entonces impedían que medicinas donadas llegaran a quienes las necesitaban.

“Muchas de las donaciones, como medicamentos e instrumentos quirúrgicos, que nos llegan del extranjero, encuentran graves dificultades en los trámites aduaneros. Urge que se facilite su llegada a los más necesitados”, dictaba el documento.

Diez años después, no solo se mantuvieron los obstáculos, en Nicaragua quedó destruido todo el sistema de apoyo que brindaban organizaciones y personas naturales que se dedicaban a ayudar humanitariamente a los más necesitados. 

Para Martha Patricia Molina, investigadora del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, el desmantelamiento del brazo social es parte de una estrategia política.

“El régimen sabía que eliminando a la Iglesia y a las ONG afectaría directamente a los pobres. Ese es el objetivo: que la población dependa exclusivamente del Estado y de estructuras partidarias”, denunció.

Molina subraya que la cancelación de miles de organizaciones; incluyendo escuelas, asociaciones médicas, congregaciones religiosas y centros de atención social, no solo tuvo motivaciones políticas, sino un impacto humano profundo.

“El daño es irreversible. Había niños, ancianos, comunidades rurales completas que dependían de estos programas para sobrevivir. Hoy están totalmente desprotegidos”, agregó. 

Navidades que ya no existen

Diciembre era el mes en que Nicaragua respiraba solidaridad. Cáritas (que era el brazo social de la iglesia católica en el país), fundaciones, grupos juveniles, empresarios y voluntarios organizaban entregas de víveres, juguetes, consultas médicas y actividades comunitarias. 

Entre quienes impulsaban estas iniciativas estaba Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia en 2021, pero conocida desde mucho antes por sus proyectos navideños. Ella misma junto a amigos donantes costeaba juguetes y alimentos para comunidades rurales que esperaban su llegada cada año.

Esas caravanas se volvieron imposibles cuando el régimen la criminalizó, le impuso prisión domiciliar y posteriormente la expulsó del espacio público. Su caso operó como advertencia: incluso las iniciativas privadas y espontáneas eran consideradas sospechosas.

“Ese mensaje fue claro y es que, en Nicaragua, ayudar se convirtió en un acto político”, señala un exvoluntario de proyectos sociales ahora en el exilio.

Añadió que recordar el rostro de los más necesitados recibiendo paquetes alimenticios, y regalos en temporada navideña solamente suma en su mentalidad la esperanza de volver a ayudar al necesitado. 

“Me da mucha nostalgia, porque el régimen no puede llegar hasta donde nosotros llegábamos con la ayuda que gestionábamos con los donantes. Pero me sueño regresando al Nicaragua y seguir con la misión”, expresó. 

La muerte del apadrinamiento

El cierre de la American Nicaraguan Foundation (ANF) en mayo de 2022 significó la pérdida más dolorosa para miles de niños y familias. Durante treinta años, ANF sostuvo programas de nutrición, agua potable, educación, viviendas, centros médicos y proyectos agroecológicos que beneficiaron a más de 170 mil personas al año. Cuando se retiró, más de 150 organizaciones locales quedaron sin su red de apoyo.

El caso de Dieguito, un niño del corredor seco, muestra lo que esto significó. Su abuela recordó para 100% Noticias el sistema de apadrinamiento que recibía. 

“Su padrino le mandaba comida, cuadernos, ropa y medicinas. En Navidad le mandaba regalos y dinero para que se ayudara con los gastos del mes, pero desde que se fue el programa no recibe nada. El niño pregunta que poque ya no le escriben y no se qué contestarle”, dijo. 

Para Luis Blandón, presidente de Unamos, la situación que atraviesan los, niños, ancianos, obras sociales y actividades comunitarias en Nicaragua es la consecuencia directa de un modelo de control absoluto que se ha extendido incluso hacia las estructuras internas del propio régimen.

“El miedo que la dictadura siembra en toda la población también se refleja hacia adentro”, señaló Blandón. Explicó que desde hace meses se percibe un clima de desconfianza interna, donde las mismas estructuras oficialistas operan bajo vigilancia permanente y bajo el temor de cometer cualquier acción sin autorización superior. 

Ese ambiente, afirma, se traslada también a las decisiones institucionales que han permitido el desmantelamiento de asociaciones, fundaciones y ONG que históricamente organizaban obras de caridad y celebraciones navideñas para comunidades vulnerables.

“Todo en Nicaragua debe contar con el visto bueno de Rosario Murillo”, enfatizó. “Y eso ha provocado que incluso las actividades más nobles como, fiestas comunitarias, entregas de donativos, jornadas médicas o visitas solidarias, se vean anuladas o reducidas al mínimo. La dictadura se está enfrentando ahora a los costos de sus propias políticas, porque ha aniquilado prácticas que por años surgieron de organizaciones autoconvocadas y asociaciones que nacieron para compartir en estas fechas de familia y armonía”.

Blandón advierte que ese nivel de control tendrá consecuencias. A su juicio, el desgaste social es evidente porque la población vive hostigada, cansada y agobiada por restricciones que alcanzan incluso los espacios culturales y de solidaridad. 

“A corto plazo, esto puede traducirse en una implosión interna, porque la gente está harta. Y todo muestra que las decisiones del régimen no están generando apoyo, sino un mayor rechazo social, especialmente en una época donde las familias desean paz, armonía y la posibilidad de disfrutar con libertad”, añadió.

Un asilo que sobrevive como puede

En un municipio del norte, un pequeño asilo que cuida a más de veinte ancianos resume el colapso del sistema. Antes recibían atención médica voluntaria, víveres, ropa, medicamentos, visitas de grupos juveniles y apoyo de Cáritas. Ese flujo se cortó abruptamente.

Una colaboradora contó a 100% Noticias que “la única monjita hace de todo. Va de tienda en tienda, pide ayuda, toca puertas. A veces regresa con un arroz, a veces con nada”. 

Los ancianos sufren enfermedades crónicas, algunos no pueden caminar, otros necesitan sillas de ruedas o suplementos médicos. Sin personal ni insumos, sobreviven “con las uñas”.

“Para Navidad antes venía gente de todos lados. Traían piñatas, comen con ellos, les dejaban medicinas. Pero llevamos años sin eso. Ahora solo llegan grupos pequeños de vez en cuando.”

La trabajadora lo resume con una frase que duele: “Los viejitos ya se acostumbraron a esperar menos.”

El desmantelamiento

Desde 2018, el régimen ejecutó una ola de cancelaciones que alcanzó a más de 3,500 organizaciones fueron clausuradas, incluidas escuelas, universidades, asociaciones médicas, fundaciones empresariales, órdenes religiosas y proyectos de salud.

También fueron expulsadas congregaciones completas, como las Misioneras de la Caridad, que atendían a ancianos, niños y mujeres en situación de calle. Su salida dejó desamparados a quienes menos podían defenderse.

Martha Molina, explica que, aunque la Iglesia Católica no ha dejado de servir, lo hace ahora bajo condiciones extremas, con vigilancia permanente y con la mayoría de sus obras sociales desmanteladas por el régimen. El resultado es una crisis silenciosa que golpea a los más pobres.

“La Iglesia continúa atendiendo hasta donde puede, pero gran parte de sus proyectos y programas ya fueron cerrados, confiscados o expulsados. Y ese vacío nadie lo ha llenado”, advierte.

Un ejemplo contundente es lo ocurrido tras el robo de la Universidad Juan Pablo II, donde sacerdotes y laicos desarrollaban proyectos comunitarios para niños, jóvenes y ancianos de la periferia. “Con la confiscación desaparecieron comedores, tutorías, acompañamiento pastoral y asistencia social. Todas esas personas quedaron en total desprotección”, describe.

En el Caribe Norte, por ejemplo, la Iglesia era prácticamente la única estructura de apoyo para miles de comunidades indígenas y mestizas. Allí el padre Jesús French, jugó un papel fundamental durante los huracanes Eta e Iota, llevando alimento, medicinas y organización humanitaria. “Su labor fue loable, pero el régimen le prohibió el ingreso (en 2024). Desde entonces esas comunidades quedaron abandonadas”, detalla Molina.

Otro episodio dramático fue el cierre del hogar de ancianos administrado por religiosas en Carretera Norte. Con la expulsión de congregaciones completas, como las Misioneras de la Caridad, muchos adultos mayores con demencia o enfermedades crónicas quedaron sin atención. “Varios no fueron recibidos en otros asilos, y tampoco fueron aceptados en el hospital psiquiátrico. La dictadura decidió dejarlos en la calle. Es uno de los actos más crueles de esta política”, afirma.

Para Molina, la raíz del problema se remonta a señales que la Iglesia ya había identificado desde 2014, desde entonces el régimen considera “peligrosa” cualquier estructura social que no controle. Por eso expulsó congregaciones, confiscó universidades católicas, cerró proyectos de atención humanitaria e inhabilitó obras pastorales. “La Iglesia sigue al lado de la gente, pero el régimen destruyó el brazo social que sostenía a miles de los más vulnerables”, finalizó. 

Hoy los pobres perdieron los programas que los sostenían; los ancianos dependen de milagros; los niños viven sin apadrinamiento; y las comunidades rurales quedaron huérfanas de atención médica y humanitaria.

El apagón silencioso

En la última década, el régimen también ha asfixiado, restringido o intimidado a las principales organizaciones de beneficencia independientes del país, provocando un apagón social.

Fundación 10, brazo humanitario de Canal 10, fue una de las plataformas de ayuda más activas entre 2015 y 2021. Su labor incluía entrega de sillas de ruedas, medicina, alimentos, atención médica urgente, campañas quirúrgicas y apoyo a familias en extrema pobreza. Sin embargo, desde 2022 su capacidad se redujo drásticamente por presiones administrativas y vigilancia estatal sobre donantes y beneficiarios.

Operación Sonrisa Nicaragua, dedicada por décadas a cirugías gratuitas para niños con labio leporino y paladar hendido, también se vio golpeada en 2022. Si bien “no fue cancelada oficialmente”, sus convenios médicos, importación de insumos y acceso a brigadas extranjeras comenzaron a ser obstaculizados desde 2018. 

Otras iniciativas sociales, antes habituales en Nicaragua, también se apagaron. Los comedores benéficos impulsados por Iglesias, asociaciones barriales y fundaciones privadas dejaron de recibir donaciones internacionales.