Niñez neurodivergente migrante invisible en Costa Rica

Sharon Btesh, mujer panameña de piel clara y ojos azules, migró a Costa Rica en diciembre de 2023 junto a su esposo y su hijo, David. Durante una actividad del Día de las Madres de 2024 estaba rodeada de niños que repetían “mamá, mamá, te amo”, mientras David permanecía a su lado en completo silencio. Ella sonreía y lo abrazaba, pero por dentro se quebraba.

David tiene tres años y es neurodivergente. Esta condición lo hace procesar, aprender y percibir el mundo de una forma diferente a otros niños. La neurodivergencia incluye autismo, TDAH, retrasos en el lenguaje y otras condiciones del neurodesarrollo. No es una enfermedad ni un problema, sino una variación humana. Sin una atención adecuada, puede volver vulnerable su proceso de crecimiento, aprendizaje e integración.

Ese día de fiesta en Costa Rica, Sharon lloró, no porque soñara con un hijo distinto, sino porque hubiese querido escucharlo pronunciar una sola palabra dirigida a ella. Un año después, David dice “manzana”, responde a su nombre y busca su mirada. Para Sharon, cada sílaba es una victoria.

Sharon está casada con un costarricense y, aunque su hijo también tiene nacionalidad costarricense, el Estado no le ha brindado el acompañamiento que debería recibir un niño neurodivergente. A pesar de la doble nacionalidad de David, la familia ha tenido que enfrentar largas listas de espera, falta de información y trámites fragmentados para acceder a una valoración integral.

Las señales de neurodivergencia se hicieron más evidentes cuando David ingresó al kínder. Sharon ya intuía ciertos comportamientos, pero fue en el aula —al compararlo con otros niños y tras las observaciones de las docentes— cuando comprendió la necesidad urgente de una evaluación profesional. Los silencios prolongados, la dificultad para responder a su nombre, el escaso contacto visual y el uso limitado de palabras se convirtieron en alertas que no podía seguir ignorando.

Fue entonces cuando descubrió otra realidad que viven muchas madres migrantes: cualquier trámite se vuelve más lento, más confuso y más lejano. Sharon buscó apoyo en las instituciones públicas, pero el proceso avanzaba con una lentitud que contrastaba con la urgencia que sentía.

Para David, ese tiempo era una amenaza. Cada mes sin valoración significaba perder oportunidades clave para estimular su desarrollo.

Sharon lo sabía porque ya había recibido recomendaciones generales de especialistas y había leído sobre la importancia de la atención temprana. La neuroplasticidad del cerebro infantil —la capacidad que tiene para aprender y adaptarse— es mayor en los primeros años de vida, y cada semana sin intervención puede marcar una diferencia en el futuro de un niño.

Ante la falta de respuesta oportuna, Sharon acudió al sistema de salud privado, haciendo importantes sacrificios económicos y físicos para no retrasar más la atención de David.

Actualmente, él recibe tres terapias a la semana. Sharon reconoce que esto es un privilegio, porque no todas las familias pueden costearlo. En Costa Rica, una sesión de terapia de lenguaje, ocupacional o sensorial puede oscilar entre ₡15.000 y ₡30.000 por consulta, dependiendo del profesional y la provincia.

Con un promedio de tres sesiones semanales, el gasto mensual puede superar los ₡360.000. Para muchas familias, simplemente no es posible asumirlo.

Esta desigualdad silenciosa deja en evidencia que el desarrollo de un niño neurodivergente depende más del bolsillo de su familia que de la capacidad de respuesta del sistema público.

Criar a un niño neurodivergente en Costa Rica es distinto cuando la madre es extranjera, porque implica enfrentar barreras adicionales: acceder a información clara, ingresar a los servicios públicos y comprender los procesos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la institución que certifica oficialmente la condición.

Para muchas familias migrantes, completar ese proceso puede tardar meses.

“No es rechazo”, dice Sharon. “Es un sistema que no fue diseñado para quienes no crecieron aquí”.

Aunque Costa Rica es considerada más inclusiva que otros países de América Latina, los limitados recursos económicos del sistema de salud hacen que la inclusión se quede muchas veces en la intención, especialmente para quienes dependen del Estado.

Cuando se le pregunta por sus miedos, Sharon guarda silencio antes de responder. Antes temía que su hijo creciera sin encontrar amor o aceptación. Hoy su miedo es “perderme el presente por pensar demasiado en el futuro”. Vive un día a la vez, recordándose que David la necesita más presente que perfecta.

Su historia resume lo que viven miles de madres migrantes con hijos neurodivergentes: procesos que no siempre entienden, derechos que existen pero no alcanzan, y terapias que no todas pueden costear.

La mochila de Miguel: una historia que tuvo que empezar de cero

Camila nunca planeó dejar Nicaragua ni empezar una vida desde cero en otro país, mucho menos cuando su hijo Miguel apenas comenzaba a beneficiarse de un proceso terapéutico privado que ella y su familia sostenían con mucho sacrificio.

Miguel tenía un diagnóstico claro desde los 18 meses: trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), autismo nivel 1 y retraso en el lenguaje.

Pero llegó un momento en que la persecución política que sufría en Nicaragua puso en riesgo su vida y la de su hijo. Camila entendió que no se trataba de elegir una vida mejor, sino de mantenerse a salvo.

“No fue una decisión para mejorar, fue una decisión para vivir”, dice ahora, dos años después, todavía con la voz quebrada entre la culpa y el cansancio.

En Nicaragua, a pesar de las dificultades, Camila había logrado sostener a su hijo en terapias constantes e interdisciplinarias. Su familia se organizaba para llevarlo, acompañarlo y cubrir, como podían, el costo de la atención privada. Eran semanas enteras de horarios ajustados, esfuerzos económicos y emocionales. Pero el niño avanzaba, y eso le daba a Camila la certeza de que estaba haciendo lo correcto.

No quería que su hijo perdiera ese progreso. Sin embargo, un día la situación de riesgo se volvió insoportable. Tomó su mochila, una carpeta enorme con todos los diagnósticos médicos, agarró a Miguel de la mano y salió. Lo que vino después fue un exilio forzado que todavía no sabe cómo nombrar.

En Costa Rica, encontró un país que habla mucho de inclusión, pero con un sistema de salud y educación que no siempre sabe cómo recibir a una mujer migrante con un niño neurodivergente.

“Me dijeron que no importaba la documentación que traía, que Miguel tenía que iniciar el proceso desde cero”, recuerda Camila con impotencia. Porque iniciar “desde cero” significaba volver a someter a su hijo a un proceso diagnóstico que, en Costa Rica, puede tardar entre dos y tres años.

Y Miguel ya tenía diagnósticos formales, evaluaciones completas y un plan de intervención en curso en su país de origen. Al exigirle comenzar nuevamente, no solo se ignoraba la información clínica que ella había traído; también se reiniciaba todo el proceso de abordaje y terapias, retrasando la atención urgente que Miguel necesita.

Esa frase la marcó profundamente, no solo por el papeleo, sino por la sensación de que, aunque huyó para protegerlo, lo estaba obligando a volver al punto de partida, como si su hijo naciera otra vez sin historia clínica.

Cuando acudió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Miguel no fue remitido a ninguna especialidad. Camila recuerda la decepción al escuchar a un médico general decirle: “Al final, la Caja solo te da un diagnóstico”.

El resto —las terapias, el acompañamiento y la atención continua— quedó bajo la responsabilidad de Camila y de los apoyos que, en teoría, otorga el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El sistema educativo público tampoco ha sido una puerta abierta. Miguel ha pasado por tres escuelas públicas que aseguran cumplir políticas de inclusión, pero lo que encuentra suele ser distinto: aulas con 28 estudiantes, docentes sin capacitación especializada, salones pequeños, calor sofocante y servicios de apoyo que se anuncian, pero que en la práctica se reducen a una sola persona para toda la institución.

Las listas de espera para acceder a ayudas pueden extenderse durante meses o incluso años. Aunque la necesidad de Miguel es evidente, nunca ha logrado recibir los apoyos educativos prometidos. En la práctica, nada llegó: ni desde la escuela ni desde el sistema de salud.

Por eso, Camila ha tenido que recurrir nuevamente a servicios privados. Y ahí, el peso se vuelve aún mayor. “La terapia es lo más costoso”, dice. En Nicaragua pagaba alrededor de 30 dólares por sesión; en Costa Rica, el precio puede duplicarse. A esto se suma el alto costo de la vida, en un país considerado entre los más caros de América Latina.

Para Miguel, que requiere un abordaje multidisciplinario por sus diversos diagnósticos, el gasto se multiplica.

Pero Camila ya no cuenta con la red familiar que la sostenía en Nicaragua. Paga lo que puede, cuando puede.

A esto se suma que desarrolló un trastorno ansioso-depresivo a raíz del exilio. Siente que le falló a su hijo, porque ahora no puede darle lo que antes sí podía. “Hay días en los que me pregunto si hice bien al venirme”, confiesa.

Esa culpa vuelve una y otra vez. Siente que fue ella quien detuvo el avance de Miguel al traerlo a un país donde todo es más caro, más lento, más lejano.

Pero luego lo ve reír, jugar, intentar. Y se recuerda que lo sacó para salvarlo; que la protección también es una forma profunda de amor.

Hoy, a dos años de haber llegado a Costa Rica, Camila sigue intentando abrir espacio para Miguel en un sistema complejo. Aún no tiene residencia, sigue dependiendo de trámites lentos, pero continúa. Porque, aunque a veces se quiebra por el miedo, hay algo que la sostiene: el amor por su hijo.

Entre la Costa Rica que promete y la Costa Rica que existe

Esta realidad que viven David, Miguel y muchos otros niños que migran desde Nicaragua, Panamá, Venezuela y Haití es dolorosa, explica la doctora Tatiana Barrantes Solís, pediatra con 20 años de experiencia y coordinadora de la Clínica de Neurodesarrollo del Hospital San Rafael de Alajuela.

Este es uno de los pocos centros públicos en Costa Rica donde se evalúa y acompaña a la niñez neurodivergente, incluyendo autismo, TDAH, retrasos en el lenguaje y otras condiciones del neurodesarrollo.

La doctora también es madre de una niña neurodivergente. “Cuando sos mamá ya no solo lo ves desde el consultorio. Lo vivís y comprendés de verdad lo que están pasando esas familias, más allá de la teoría”, dice.

Barrantes enfatiza que no existe un solo tipo de niño neurodivergente. Aunque dos menores tengan el mismo diagnóstico —autismo nivel 1, por ejemplo— sus necesidades pueden ser completamente distintas. “Cada niño necesita un camino propio. Eso es lo que debería garantizar el sistema”, subraya Tatiana Barrantes Solís.

Pero la ruta actual —la que, en teoría, debería acompañar y orientar a las familias— está desbordada. Barrantes lo explica sin rodeos: “Sí, existen leyes. Sí, existe un marco legal muy bueno. Pero los reglamentos no están completos, los servicios son insuficientes y los tiempos de espera son imposibles para familias que necesitan intervención temprana. Una ley en papel no cambia vidas si no hay personal capacitado para ejecutarla”.

Para que un niño reciba atención pública, se debe atravesar una cadena larga de valoraciones, pero esa cadena casi nunca avanza.

La doctora Barrantes reconoce esa grieta: “Hay familias que necesitan apoyo económico, otras requieren terapias constantes y no pueden pagarlas. Pero si el Estado no tiene suficientes profesionales, aunque la ley diga que existe el derecho, ese derecho no se puede ejercer”.

A esto se suma un peso que casi nunca aparece en las estadísticas: el desgaste emocional.

La doctora lo resume así: “Muchas madres trabajan, salen corriendo a la escuela, de ahí a terapia, luego a casa… y vuelven a empezar. Es un tema económico, sí, pero también es tiempo, desgaste y salud mental”.

Lo dice desde la autoridad profesional y personal, como madre de una niña neurodivergente. “El mundo afuera puede ser cruel para un niño neurodivergente, y es responsabilidad de todos hacerlo menos cruel”.

En cuanto al supuesto “aumento” de diagnósticos de neurodivergencias, la doctora es clara: “No es que haya más niños neurodivergentes; es que ahora los vemos. Antes muchos pasaban desapercibidos. Hoy sabemos qué señales buscar”.

Explica que esto responde a tres factores globales: mejor capacidad diagnóstica gracias al avance científico, mayor conciencia social que motiva a las familias a consultar antes y menor estigma, lo que abre más espacios para hablar del tema.

Sobre el sistema educativo, Barrantes recuerda que no todos los niños deben asistir a escuelas de educación especial. Todo depende del nivel de apoyo que requieran, de su funcionamiento emocional y académico y de las adecuaciones que pueda brindar cada centro educativo.

Pero también reconoce que muchos colegios, al no contar con herramientas suficientes, terminan sugiriendo que la familia retire al niño. “Eso es discriminación. Ningún niño debe ser rechazado por tener una condición”.

Frente a los discursos xenófobos sobre la atención médica que reciben las personas migrantes, Barrantes responde con firmeza: “Ningún niño migrante le quita el cupo a un niño costarricense. Eso no existe. La atención en salud para personas menores de edad es universal. El cerebro de un niño no tiene nacionalidad. La necesidad tampoco”.

Luego desmonta el mito con evidencia: “Los servicios llevan años saturados. Esto no empezó con la migración. Culpar a los niños migrantes es injusto y, sobre todo, inexacto”.

Explica que las verdaderas causas del colapso son tres: falta de profesionales especializados, aumento en la identificación de diagnósticos y procesos administrativos desactualizados. “Ninguna de esas razones tiene que ver con la llegada de niños migrantes”, recalca.

Barrantes resume cuatro puntos urgentes para mejorar la atención a la niñez con neurodivergencia: “Más acceso a terapias, más capacitación docente, más profesionales y reglamentos claros”.

“Sin eso, la ley queda bonita, pero no funciona. Todos los niños tienen derecho a recibir atención, sin excepción”, concluye la doctora Barrantes.

Cuando la inclusión no cabe en un aula de 28 niños

Karen Vindas ha sido maestra de educación preescolar en Costa Rica durante 24 años.

Actualmente trabaja en una escuela pública. Ha visto pasar generaciones enteras, reformas educativas, cambios de gobierno y nuevas metodologías. Pero hay algo que, según ella, nunca cambia: las aulas siguen siendo demasiado pequeñas, los grupos demasiado grandes y los apoyos insuficientes para atender dignamente a los niños que requieren acompañamiento especializado.

“En mi aula, en una escuela pública, tengo 27 niños. De esos, unos nueve o diez tienen alguna condición que requiere apoyo”, cuenta con una mezcla de cansancio y honestidad. No exagera. Una sola maestra a cargo de casi treinta niños pequeños —de los cuales al menos un tercio necesita atención diferenciada— es una tarea imposible para una sola persona. No porque falte voluntad, sino porque no hay manos que alcancen.

Los servicios de apoyo, que en el discurso oficial representan la columna vertebral de la inclusión educativa, casi nunca aparecen como deberían. En la escuela donde trabaja Vindas hay una docente de problemas de conducta, una de dificultades de aprendizaje y una terapeuta de lenguaje… para toda la institución, desde preescolar hasta sexto grado.

“En preescolar vemos a la maestra de apoyo una vez por semana, 40 minutos. Eso no alcanza para nadie”, argumenta Vindas.

Su testimonio expone con claridad la distancia entre la teoría y la práctica. Costa Rica cuenta con políticas, protocolos y lineamientos, pero carece de personal suficiente, infraestructura adecuada y del tiempo necesario para que la inclusión educativa deje de ser una buena intención y se convierta en una realidad cotidiana.

“A veces una siente que falta todo: faltan manos, faltan estrategias, faltan capacitaciones, faltan horas para atender a cada niño como merece”, explica la maestra Karen Vindas.

Esa carencia pasa factura. “Hay días en los que una se siente frustrada, llega al punto en que ya no sabe qué hacer”.

Ese desgaste emocional —invisible para quienes no están dentro de un aula— es uno de los factores que más golpea a las docentes.

Vindas también menciona otro obstáculo: la relación con algunas familias. “Muchos papitos se enojan, culpan a la escuela, culpan a la maestra, pero no ven el esfuerzo que uno hace con lo que tiene”, afirma con serenidad.

No se queja; describe. Y en esa descripción se revela un sistema educativo que está recargando sobre los docentes responsabilidades que deberían compartirse con equipos interdisciplinarios.

Vindas coincide con lo que han expresado múltiples madres migrantes: la inclusión no es posible con aulas de 28 estudiantes y una sola maestra. El modelo actual deja al personal docente atrapado entre lo que debe hacer, lo que quiere hacer y lo que realmente puede hacer.

Su mensaje al Ministerio de Educación Pública (MEP) es directo y urgente:

“Ojalá se pusieran en los zapatos de los docentes, en los de los niños, en los de los papás. Porque sí queremos ayudar, pero con grupos tan grandes y sin apoyo es imposible hacer inclusión real”.

Propone lo que especialistas en neurodesarrollo vienen señalando desde hace años: grupos más pequeños —idealmente de 15 estudiantes—, con un máximo de tres niños por aula que requieran apoyo especializado. Además, pide capacitaciones reales, útiles y aplicables, no charlas superficiales que no responden a las necesidades concretas del aula.

La voz de Karen Vindas, lejos de ser una crítica aislada, refleja una realidad estructural: la inclusión en Costa Rica no falla por falta de discurso, sino por falta de recursos, personal y condiciones mínimas para que ese discurso pueda existir dentro del aula.

La psicopedagoga: una puerta que se abre donde el sistema se cierra

Desde su experiencia en el sector privado, la psicopedagoga Natalia Girón Popova, insiste en que la inclusión real comienza con la detección temprana y con escuelas que cuenten con recursos suficientes. Explica que muchos niños llegan a las aulas sin diagnóstico o con procesos inconclusos porque el sistema tarda demasiado en evaluarlos.

“La neuroplasticidad no espera”, enfatiza. Para ella, las aulas saturadas, la falta de docentes de apoyo y las capacitaciones superficiales son los principales obstáculos que enfrenta hoy la inclusión educativa.

“La inclusión no se logra solo con buena intención; se logra con personal, estrategias claras y acompañamiento constante”, agrega.

Considera urgente reducir el número de estudiantes por aula, aumentar los apoyos por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) y brindar formación práctica a los docentes, enfocada en las realidades del aula y no en enfoques teóricos desconectados.

También advierte sobre el impacto emocional que recae tanto en las familias como en las maestras, quienes trabajan con cargas que el sistema no está diseñado para sostener.

Señala, además, que muchos centros educativos rechazan o desalientan la matrícula de niños neurodivergentes, bajo el argumento de que “no están capacitados”. Ninguna escuela debería decir ‘no puedo’ cuando la ley dice que debe adaptarse”.

El marco legal que protege a la niñez migrante en Costa Rica

La legislación costarricense establece con claridad que toda persona menor de edad —sin importar su nacionalidad o estatus migratorio— debe recibir los mismos derechos y servicios que cualquier niño costarricense.

Desde que Costa Rica incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, el país asumió la obligación de garantizar salud, educación y protección sin discriminación. Ese compromiso se refuerza en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que ordena brindar atención oportuna en las instituciones públicas y priorizar el interés superior del niño por encima de cualquier trámite migratorio.

Además, la Ley General de Migración prohíbe negar servicios esenciales por falta de documentos, mientras que la Ley 7600 obliga a realizar adecuaciones y apoyos para menores con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo.

En conjunto, este marco legal establece que la niñez migrante tiene derecho pleno a ser atendida y acompañada, y que ninguna institución puede limitar servicios por motivos de origen o estatus.