El régimen maquilla como ‘logro’ un derecho laboral: el aguinaldo no es un favor político

Desde el 14 de octubre de 2025, el régimen sandinista anunció públicamente el pago adelantado del aguinaldo para los trabajadores del Estado, el cual fue entregado el pasado 20 de noviembre, acompañado por un despliegue mediático en medios oficialistas como El 19 Digital. Como cada fin de año desde 2018, el anuncio fue presentado como un “logro del Buen Gobierno”, enmarcado dentro de una campaña propagandística que busca proyectar estabilidad económica y un supuesto respaldo social.

El pago del décimo tercer mes, conocido también como aguinaldo, es un derecho laboral reconocido por el Código del Trabajo de Nicaragua en su artículo 95. Esta disposición establece que todo trabajador que haya laborado de forma continua durante un año tiene derecho a recibir un salario adicional antes del 10 de diciembre. Si no se ha completado el año de servicio, el trabajador recibirá un pago proporcional al tiempo trabajado.

“La normativa prohíbe que este pago sea sustituido por otro tipo de compensación o bonificación, y en caso de incumplimiento, el empleador puede ser sancionado. Es decir, el aguinaldo no es un acto de buena voluntad del Gobierno, sino una obligación legal que corresponde por ley a todos los empleados públicos y privados”, explica un abogado especializado en derecho laboral que pidió ser citado bajo anonimato.

No obstante, la propaganda oficial convierte un derecho laboral en una supuesta concesión política, reforzando la imagen del régimen como benefactor, a pesar del deterioro real de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. Los medios oficialistas reproducen cada año una campaña en la que los trabajadores “agradecen al comandante” por recibir lo que la ley les garantiza. Esto ocurre en un contexto donde el salario de los empleados públicos es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo con datos oficiales, la fuerza laboral del Estado nicaragüense asciende actualmente a unos 187,666 empleados públicos, que incluyen tanto al personal del Gobierno central como de instituciones descentralizadas y municipalidades. La cifra se dio a conocer durante el anuncio del más reciente reajuste salarial del 4% que fue aplicado en noviembre de 2025 para la mayoría de los servidores públicos, y de un 3.98% adicional para quienes perciben los sueldos más bajos.

El incremento, según anunció Rosario Murillo, busca compensar el aumento del costo de vida, aunque el salario promedio del sector público —equivalente a unos 15,600 córdobas mensuales (aproximadamente US$426)— continúa siendo insuficiente frente a la canasta básica que asciende a más de 21 mil córdobas.

Entre 2018 y 2024, se estima que los salarios crecieron un 26% en cifras absolutas, pero el poder adquisitivo cayó en más de un 13%, según estimaciones de economistas independientes, citados en un reportaje del medio DIVERGENTES. En otras palabras, los ingresos estatales rinden menos ahora que hace cinco años, mientras el costo de vida continúa en aumento.

Adelantos salariales, estrategia del régimen para maquillar la precariedad

Desde 2021, el régimen Ortega-Murillo estableció como práctica habitual el adelanto del salario mensual a los trabajadores del Estado, especialmente en diciembre y fechas de alta demanda de consumo. En 2024, esta modalidad se mantuvo de forma sostenida a lo largo del año, modificando el calendario tradicional de pagos y convirtiéndose, en la práctica, en una política permanente.

Aunque presentada como una medida para “dinamizar la economía” y aliviar las cargas de los hogares, el adelanto salarial ha generado efectos contraproducentes para miles de empleados públicos. Lejos de representar un aumento real de ingresos, esta práctica promueve una sensación de liquidez inmediata que conduce a un uso anticipado del salario, comprometiendo el presupuesto de las semanas siguientes y generando, en muchos casos, sobreendeudamiento.

El economista Marco Aurelio Peña señala que este mecanismo crea una “ilusión de liquidez” que lleva a los trabajadores a gastar antes de tiempo, sin una mejora sustancial en su poder adquisitivo. En lugar de atender las causas estructurales de la precariedad —como la pérdida del salario real frente a la inflación—, el régimen ha optado por recurrir a este tipo de medidas puntuales que sólo alivian temporalmente la situación financiera de los empleados públicos.

“Es simplemente una ilusión de que benefician a sus trabajadores del Estado, pero en realidad están causando un efecto completamente opuesto ya que genera que las personas se endeuden más y tengan problemas financieros”, advirtió el experto.

En este contexto, los adelantos salariales se han convertido en una herramienta de control económico. Al depender constantemente de un ingreso anticipado, los trabajadores quedan atrapados en un ciclo de consumo inmediato y deuda que reduce su capacidad de decisión, alimenta la dependencia del Estado y debilita aún más su autonomía financiera.

El aguinaldo en la región es un derecho. En Nicaragua, una herramienta de propaganda

En países de la región centroamericana, el pago del aguinaldo es también una obligación legal, pero se presenta de manera diferente. En Costa Rica, por ejemplo, la Ley 2412 regula el aguinaldo y exige que se pague en la primera quincena de diciembre, calculado como el promedio de todos los salarios recibidos entre enero y noviembre.

Su pago aplica tanto para el sector público como para el privado, sin distinción. En El Salvador, Honduras y Guatemala, también existen disposiciones legales similares que obligan al empleador a cumplir con este derecho. En la mayoría de estos países, el aguinaldo está blindado legalmente, y su incumplimiento puede generar sanciones o demandas laborales.

“Lo que diferencia a Nicaragua de estos países no es la existencia del aguinaldo, sino la forma en que se comunica y se implementa. Mientras que en otras naciones es visto como un derecho protegido y exigible por ley, en Nicaragua el pago se convierte en un instrumento político. El hecho de que se anticipe el salario o el décimo tercer mes, refuerza el vínculo de dependencia entre el trabajador y el régimen”, dijo un economista nicaragüense que prefirió omitir su identidad.

Asimismo, señaló que la práctica del adelanto salarial no es común en otros países de Centroamérica. También comentó que, en general, el salario se paga de forma periódica y en ciclos establecidos, sin recurrir a anticipos generalizados. Aunque algunos sectores privados pueden ofrecer “avances” de salario en casos específicos, no existe una política pública regional que promueva el adelanto sistemático de sueldos como ocurre en Nicaragua.

“En ningún otro país de Centroamérica, ni del mundo, se hace propaganda con los salarios y aguinaldos de los trabajadores públicos. Esto es una herramienta política del régimen que juega a ‘resolver’ los problemas económicos de los trabajadores, pero no es así porque más bien crea un desorden en el presupuesto familiar”, agregó el experto en finanzas.

Reforma laboral y despidos agravan la precariedad en el sector público

Por otra parte, en noviembre de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1173, una reforma que redujo sustancialmente el monto de las indemnizaciones por antigüedad en el sector público. Esta nueva ley cambió el régimen anterior que establecía montos proporcionales al tiempo de servicio, permitiendo a los trabajadores recibir entre uno y cinco meses de salario según su antigüedad.

Con la reforma, el mínimo para optar a indemnización por renuncia se fijó en tres años de servicio continuo, y el monto máximo, incluso para quienes superen los 20 años, quedó limitado a cinco meses. Para quienes hayan trabajado entre tres y diez años, sólo corresponde un mes de salario como compensación.

La reforma provocó un fuerte rechazo entre juristas y trabajadores públicos, que señalaron que se trataba de una ley regresiva, diseñada para reducir la estabilidad laboral. La crítica principal se centró en el hecho de que esta normativa no aplica para quienes son despedidos, sino únicamente para quienes renuncian de forma voluntaria.

“En la práctica, esto dejó a los trabajadores públicos desprotegidos ante despidos arbitrarios, sin derecho a compensación por años de servicio”, comentó el experto en derecho consultado bajo anonimato.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, justificó la reforma diciendo que el antiguo sistema era “un incentivo perverso” que motivaba a los trabajadores a abandonar sus cargos. “Estamos corrigiendo un error”, dijo en su intervención ante el plenario legislativo.

Pocos días después de aprobarse esta reforma, el Gobierno comenzó a difundir el calendario de pago del aguinaldo y del salario de diciembre para el sector público. Entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre de 2023, miles de trabajadores del Estado recibieron sus pagos de forma anticipada.

Sin embargo, esta medida no se dio en un entorno de certeza ni de mejora laboral, sino en medio de una campaña de reestructuración institucional que resultó en despidos masivos. El régimen justificó los recortes argumentando “eficiencia del gasto” y “modernización del Estado”, aunque no presentó cifras ni documentos oficiales que explicaran el alcance de los despidos.

“El impacto de la reforma legal fue inmediato. Al no existir una protección efectiva frente al despido, y con la indemnización limitada solo a quienes renuncien, muchos trabajadores quedaron sin capacidad de reclamar nada. Esto generó un clima de temor generalizado dentro de las instituciones públicas, donde el personal fue advertido que no debía hablar con medios independientes ni quejarse públicamente, so pena de represalias”, detalló el experto en derecho laboral.

Control político y endeudamiento: así opera la subordinación en el sector público

El régimen Ortega-Murillo ha impuesto en el sector público un contrato tácito de sometimiento político que condiciona la estabilidad laboral a la lealtad partidaria. En el caso del magisterio, este control se manifiesta con particular intensidad. Según documentó 100 % Noticias, muchos docentes enfrentan vigilancia constante, presiones para participar en actividades partidarias y restricciones para expresarse libremente.

La permanencia en el cargo depende, en gran medida, de cumplir con lineamientos políticos más que con criterios profesionales o académicos, lo que evidencia un sistema de control que erosiona derechos laborales básicos y neutraliza cualquier forma de disenso dentro de las instituciones estatales.

“Laura”, una trabajadora de la Alcaldía del municipio de Ciudad Sandino, consultada bajo anonimato, relató que este esquema de control no solo afecta a docentes, sino a la mayoría de empleados públicos.

“Aquí nadie se siente seguro. No importa si uno cumple con su trabajo; lo que importa es que no te fichen de problemático, o sea que cuestionés nada y decir que sí a todo lo que pidan. Nos obligan a ir a actos, a reuniones políticas fuera de horario y a publicar mensajes de apoyo en redes. Si uno se niega, te empiezan a señalar. Todos sabemos de compañeros que los sacaron sin explicación y sin un solo papel”, expresó.

El régimen disfraza deterioro laboral con propaganda

Para el abogado consultado bajo anonimato, la situación actual de los empleados públicos en Nicaragua refleja una degradación progresiva de sus derechos laborales. La reforma legal de noviembre de 2023, la ola de despidos en el sector público que inició en 2024 y el mantenimiento de un discurso propagandístico alrededor del aguinaldo forman parte de una estrategia más amplia de control.

“Lejos de fortalecer la institucionalidad del trabajo público, el régimen ha debilitado la estabilidad y ha erosionado la confianza de los servidores estatales. La presentación del aguinaldo como un logro político es, en este contexto, un intento de disfrazar el deterioro real de las condiciones laborales”, advirtió.

En este contexto, considera que en lugar de reforzar el cumplimiento de derechos laborales, el Gobierno ha optado por utilizar el salario como herramienta de manipulación. “Los pagos anticipados y el aguinaldo deberían formar parte de un sistema de garantías, no de una lógica de subordinación”, concluyó.