Justicia a doble rasero en Nicaragua: protección a tiktokers oficialistas y castigo a los demás

El manejo que dio la Policía Nacional al accidente protagonizado por el creador de contenido Juan Pablo Mexicano Aguilar, conocido como “La Juan Pablo”, evidencia un patrón de selectividad institucional cuando se trata de personas afines al oficialismo. El hecho ocurrió la madrugada del 3 de noviembre de 2025, cuando el vehículo que conducía impactó contra una base de concreto en la rotonda Centroamérica, en Managua. En redes sociales circularon videos que lo mostraban desorientado y retirándose del lugar, mientras testigos señalaban que fue trasladado por terceros sin esperar la intervención policial.

Días después, la institución emitió un comunicado en el que descartó la ebriedad del conductor, atribuyó el incidente a un “giro indebido” y minimizó los daños como lesiones leves. No se publicaron pruebas de alcoholemia ni informes periciales. Antes de ese parte oficial, el influencer fue entrevistado en el canal oficialista Viva Nicaragua 13, donde negó haber consumido alcohol. La Policía adoptó posteriormente esa versión como oficial y concluyó el caso sin mayor investigación.

“La Juan Pablo” ha sido promovido en múltiples ocasiones por medios estatales, participa en campañas afines al gobierno y ha mostrado públicamente respaldo a la narrativa oficial. Su presencia en medios controlados por el régimen tras el accidente refuerza la percepción de protección institucional. 

El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce Campos, comentó que el caso del tiktoker la “Juan Pablo” es una reiteración de la impunidad reinante en Nicaragua y la decadencia del sistema de justicia.

También considera que la dictadura usa este caso para mostrar que lealtad al régimen se recompensa “incluso con impunidad o si sos opositor se castiga severamente como es el caso del Doctor Manuel Urbina, condenado y detenido de manera arbitraria y en violación absoluta al marco jurídico. En ambos casos el objetivo es enviar mensajes ejemplarizantes”.

Además, señaló que este caso muestra un sistema de justicia que trabaja de manera articulada con los medios de comunicación oficialistas, los cuales actúan en función de “limpiar el nombre de una persona que públicamente presume sus vínculos con el régimen y se ubica por encima de la ley”.

“El régimen nos muestra que nada queda del Estado de derecho, haciéndonos retroceder siglos en su evolución, cuando la justicia era administrada según los intereses y ánimos del soberano. Este tipo de acciones fomentan la descomposición social y la violencia cuyos límites están establecidos en buena medida por la administración de justicia”, destacó Arce.

De acuerdo con un abogado penalista consultado bajo condición de anonimato que actualmente ejerce el oficio en Nicaragua, “en este caso se actuó con celeridad para absolver al conductor sin pruebas públicas que sustenten el resultado de alcoholemia ni el peritaje del accidente. Eso genera dudas razonables sobre la transparencia del procedimiento”. Añadió que, según el Código Penal nicaragüense, todo siniestro de tránsito con daños materiales o personas lesionadas debe seguir una investigación formal, independientemente de la filiación política del implicado.

Trato desigual en accidentes: detenciones inmediatas y exposición pública

Este abordaje contrasta con otros casos recientes en los que la Policía ha aplicado medidas más severas frente a personas sin vínculos con el oficialismo. En junio de 2025, el sacerdote Pedro Abelardo Méndez Pérez fue detenido en Granada por viajar como copiloto en un vehículo cuyo conductor dio positivo en una prueba de alcoholemia. Aunque Méndez no conducía, fue arrestado y presentado públicamente como acusado por el supuesto delito de exposición de personas al peligro.

A diferencia del silencio institucional en otros casos, la Policía Nacional publicó un comunicado de prensa en menos de 12 horas para dar a conocer el hecho e implicar al sacerdote de forma directa. No se emitió información que lo exculpara ni se le brindó la oportunidad de ofrecer su versión ante los medios. El tratamiento oficial se centró en justificar la detención y reforzar la narrativa de culpa desde el primer momento.

La fuente legal antes citada señala que “el Código Penal no contempla la detención automática del acompañante de un conductor en estado de ebriedad, salvo que se compruebe que lo incitó o lo obligó a manejar. La aplicación discrecional de esta figura es jurídicamente inaceptable”. Por otra parte, mencionó que el artículo 144 del Código Penal establece que todo accidente con lesionados debe ser investigado de oficio por la Policía Nacional, y la Ley 872 exige que la actuación policial se rija por principios de imparcialidad, legalidad y transparencia.

Tal como comentó Arce, un ejemplo adicional de severidad institucional es el caso del abogado José Manuel Urbina Lara, condenado en 2021 a cuatro años de prisión por homicidio imprudente tras un accidente de tránsito. Aunque los familiares de la víctima estaban dispuestos a una mediación legal, el sistema judicial rechazó la posibilidad. Durante su detención, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron condiciones arbitrarias de reclusión, restricciones de visitas y negación del derecho a defensa. En sus medidas cautelares, la CIDH señaló que existía “un riesgo grave para su integridad personal” y que el caso evidenciaba un patrón de criminalización por razones políticas.

Caso “La Rubia”: condena severa sin vínculos con el régimen

El tratamiento del caso de Carlos Sandoval, conocido como “La Rubia”, también evidencia un enfoque punitivo cuando no hay respaldo político. En 2024, este tiktoker de 23 años fue condenado a 30 años de prisión tras un accidente de tránsito en Rivas que dejó dos víctimas mortales. Según la Fiscalía, conducía bajo efectos del alcohol y a exceso de velocidad. El caso fue procesado con severidad, sin entrevistas previas ni cobertura favorable. Aunque el hecho tuvo consecuencias fatales y fue jurídicamente más grave, el contraste con el trato otorgado a “La Juan Pablo” refuerza la idea de que el vínculo con el oficialismo puede incidir en el curso del proceso penal.

Un experto en seguridad jurídica consultado para este reportaje afirma que el principio de igualdad ante la ley obliga a que los procedimientos penales y administrativos sean aplicados bajo los mismos estándares para todos los ciudadanos. “Los tiempos de respuesta, la emisión de comunicados y el acceso a mecanismos alternos como la mediación deberían operar bajo criterios objetivos. Si los tiempos se acortan o se amplían según la persona implicada, estamos frente a un uso político de la justicia”, indicó. Añade que los órganos policiales tienen la obligación legal de documentar cada actuación y someterla a control institucional para evitar arbitrariedades.

Organizaciones como Human Rights Watch han documentado desde 2018 que la Policía Nacional de Nicaragua actúa como un instrumento de represión política. En su informe “Nicaragua: Un Estado Policial” de 2021, HRW señaló que las fuerzas de seguridad del país ejecutan detenciones arbitrarias, utilizan la fuerza de manera desproporcionada y aplican la ley como mecanismo de castigo contra voces críticas. Estas observaciones coinciden con los patrones documentados en los casos analizados.

Patrón de represión legal: uso discrecional de la Policía Nacional

Este patrón también se ha denunciado en otros ámbitos de la justicia penal. Desde 2018, organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad de Defensa Jurídica han advertido que la policía ha realizado más de 2,000 detenciones sin orden judicial, muchas de ellas justificadas bajo supuestas infracciones menores como desobediencia o alteración del orden público. En muchos de estos casos, los implicados nunca fueron llevados ante un juez, o se enfrentaron a juicios exprés sin derecho a defensa. Aunque no todos los casos están relacionados con accidentes de tránsito, evidencian un esquema de actuación policial que prioriza la lealtad al régimen por encima del marco legal.

En el caso de los accidentes de tránsito, la discrecionalidad también se manifiesta en la forma en que se difunden o no los informes técnicos. Mientras que en el caso de “La Rubia” y de Urbina Lara se conocieron detalles del estado físico, las condiciones del vehículo, la velocidad estimada y el resultado de las pruebas de alcoholemia, en el caso de “La Juan Pablo” esas pruebas nunca se publicaron. No se presentó un peritaje vial completo ni se difundieron fotos oficiales del daño material. 

Otra diferencia sustancial es la rapidez con la que se cerró el expediente. En el caso del influencer afín al oficialismo, la Policía publicó su comunicado a las pocas horas de difundirse los videos en redes sociales, mientras que en otros casos —como el de Urbina o de “La Rubia”— el proceso se extendió por meses, con audiencias, medidas cautelares y cobertura mediática adversa. En ninguno de esos casos los implicados pudieron acudir a medios oficiales para ofrecer su versión antes de la judicialización.

Falta de transparencia y pérdida de confianza ciudadana

De acuerdo con el abogado penalista consultado, la falta de acceso a información pública impide contrastar los procedimientos aplicados en cada caso. “La Policía Nacional no ha hecho público el parte técnico del accidente de ´La Juan Pablo´, ni el resultado detallado de la prueba de alcoholemia, ni el informe del peritaje vial. Tampoco ha explicado bajo qué criterios se justificó la detención del sacerdote por ir como copiloto. Es una justicia selectiva y no imparcial”. 
Además, considera que estas omisiones alimentan la percepción de parcialidad institucional. “En un Estado de derecho, el uso de la ley no debe depender de la afinidad política. Las instituciones deben responder a los hechos y no a los vínculos de los involucrados”, dijo.

Los expertos consultados coinciden en que la creación de mecanismos independientes de auditoría institucional, el acceso a los expedientes de tránsito y la publicación de los informes técnicos son medidas urgentes para restablecer la confianza ciudadana.

“Mientras no se garantice el acceso a la información pública y a procesos equitativos, continuará predominando la percepción de que las leyes en Nicaragua se aplican con un doble rasero, que es la política de justicia que promueve el régimen”, concluyó el abogado penalista.