Ortega y Murillo entregan tierras y beneficios a China mientras despojan al pueblo nicaragüense

El recibo de energía eléctrica de octubre le llegó con un monto de 2,354 córdobas a Juan García, seudónimo con el que identificaremos a un pequeño comerciante de abarrotes del mercado Oriental de Managua. No tiene refrigeradores, no usa planchas ni televisores encendidos todo el día. Pero cada mes paga una cifra que se traga gran parte de sus ganancias, ese pago representa el 60% del pago de una quincena de un trabajador del negocio.

“Mi caso es uno de muchos, a otros les llega el recibo de luz hasta por cinco mil córdobas. No podemos hacer nada porque dicen que es tarifa comercial”, relata con resignación.

Además de los altos costos en servicio eléctrico, lucha contra impuestos mensuales que debe pagar a la Corporación Municipal de Mercados de Managua (CONMEMA), pagos para botar basura, porque el tren de aseo no pasa por el lugar, pago de alquiler; intereses de préstamos que aportan liquidez a su negocio de abarrotes que mantiene en pie desde 2008.

Cuando se le menciona que el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, ofrece energía subsidiada, terrenos gratuitos y cero impuestos a los inversionistas chinos, Juan no oculta su indignación.

“Eso es una falta de respeto. Los extranjeros vienen a pagar menos que nosotros. Si tienen dinero, deberían aportar más. Es como si el país ya no fuera para los nicaragüenses”.

La historia de Juan se repite; impuestos desmedidos, energía cara y ausencia de derechos. Mientras tanto, el régimen abre sus puertas a empresas chinas con exoneraciones totales, convirtiendo al ciudadano común en el que paga las cuentas del pacto con Pekín.

Ofrecen el país como zona franca china

A inicios de noviembre, Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores y principal operador económico del régimen, llegó a China con un mensaje claro: Nicaragua está abierta para los negocios… chinos.

Durante la XVIII Cumbre Empresarial China–América Latina y el Caribe, realizada en Zhengzhou, prometió “beneficios fiscales ilimitados” y anunció la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que incluirán energía subsidiada, ventanilla única de trámites y uso gratuito de terrenos estatales.

“Todas las empresas chinas que se instalen bajo este régimen estarán exoneradas de todos los impuestos durante todo el tiempo que operen en nuestro país”, declaró ante funcionarios del Partido Comunista de China.

El ofrecimiento del régimen a China se articula dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto insignia de Xi Jinping destinado a expandir la influencia geopolítica y comercial de Pekín mediante infraestructura, créditos e inversiones estratégicas alrededor del mundo.

El economista Enrique Sáenz recuerda que esta iniciativa no es nueva ni tampoco exclusiva, fue lanzada por China hace más de doce años, y actualmente participan cerca de cien países, entre ellos varias naciones latinoamericanas. “Costa Rica, por ejemplo, suscribió el acuerdo en 2018”, señala. Nicaragua, en cambio, se incorporó recién en 2022, después del rompimiento con Taiwán.

Para Sáenz, el repentino entusiasmo del régimen por presentar la Franja y la Ruta como una especie de salvación económica revela más una táctica política que una estrategia de desarrollo.

“Si es algo de antigua data, ¿por qué corre ahora la mafia en el poder con esta propuesta?”, cuestiona. Su respuesta apunta directamente al contexto de presiones internacionales, especialmente las advertencias de Estados Unidos sobre una posible suspensión de Nicaragua del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE. UU.).

“Se trata, en primer lugar, de una maniobra desesperada de la dictadura dinástica ante las amenazas vinculadas al CAFTA”, explica Sáenz. Según él, el régimen intenta presentar la alianza con China como una alternativa segura, inflando expectativas y construyendo un discurso de autosuficiencia económica que no se sostiene en la realidad.

“Pretenden mostrarla como una novedad y hacernos creer, con una buena dosis de diversionismo, que son aliados estratégicos de los chinos y que ya tienen un plan B ante cualquier medida relacionada con el CAFTA”, sostiene el economista.

Laureano no solo habló de negocios, alineó abiertamente a Nicaragua con la agenda política de Pekín, respaldando las iniciativas globales chinas y prometiendo que el sandinismo replicará el modelo político y económico de la República Popular.

Exoneraciones para los extranjeros, confiscaciones para los nicaragüenses

Mientras se conceden beneficios extraordinarios a inversionistas extranjeros, dentro del país avanza una política de confiscaciones, expropiaciones y despojos.

El régimen dictatorial de Daniel Ortega mantiene activa una política de despojo contra opositores, que inició con la confiscación masiva de propiedades a los 135 excarcelados y desterrados a quienes previamente les arrebató la nacionalidad en 2024. Estas acciones fueron sustentadas por el régimen en la Ley 1055, que criminaliza la disidencia como “traición a la patria”, y la Ley 1145, creada expresamente para permitir la desnacionalización y el embargo total de bienes.

Entre los personajes y figuras a quienes se les ha confiscado propiedades figuran escritores, empresarios, periodistas y exfuncionarios a quienes se les han tomado viviendas, fincas, locales comerciales y complejos turísticos. Propiedades vinculadas a la familia del exmagistrado Rafael Solís fueron incautadas en diferentes fechas, incluyendo acciones sobre inmuebles de la Plaza Isabella en Managua el 26 de febrero de 2024; los excarcelados políticos Cristhian Fajardo y Freddy Navas denunciaron la pérdida de varias propiedades en marzo de 2023; y bienes ligados al empresario Michael Healy fueron también ocupados tras su detención y destierro en 2023 (Healy falleció en enero de 2024 mientras permanecía en el exilio). Muchos de estos inmuebles han sido reconvertidos por el Estado para usos públicos o entregados a entidades afines al régimen.

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) documentó en 2024 que el régimen había confiscado bienes por al menos 250 millones de dólares desde 2018. Sin embargo, advirtieron que la cifra era apenas “la punta del iceberg” de una nueva “piñata Ortega-Murillo”, dado el secretismo con que operan las instituciones estatales.

“Es triste que todo lo que uno construye se lo arrebaten como si nada, pero vienen otros, los chinos, y les dan cancha abierta con algo que no les costó”, dijo un campesino de Nueva Segovia, que pidió el anonimato tras recibir notificación de que su propiedad pasará a manos del Estado bajo la nueva Ley de Territorio Fronterizo.

“Ellos no nos han venido a quitar nada (todavía), pero sí nos mandaron a decir (notificación de la Alcaldía) que no podíamos hacer nada con las tierras, no podemos vender, ni alquilar, ni nada, porque eso ya es de ellos (de la dictadura)”, refirió vía telefónica el originario de Jalapa, quien manifestó que continuarán trabajando en sus tierras hasta que no los desalojen.

De las 25 manzanas que posee fruto del trabajo y esfuerzo de generaciones familiares el poblano explicó que se verán afectadas alrededor de 6 manzanas, cada una valorada en unos 10 mil dólares.

Aprobada en agosto de 2025, la Ley de Territorio Fronterizo declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de todas las fronteras del país, ampliando la zona inalienable de cinco a quince kilómetros.

La medida afecta directamente a más de 100 comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en la Costa Caribe, Nueva Segovia y Río San Juan, cuyos territorios ancestrales ahora podrían ser usados para concesiones económicas o proyectos de infraestructura.

La Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe denunció que la ley “vulnera de forma directa la seguridad jurídica y la autonomía de los pueblos originarios”, protegidas por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Propiedad Comunal.

En la práctica, el cambio legal facilita la entrega de grandes extensiones de tierra al capital extranjero, especialmente a empresas chinas vinculadas a proyectos energéticos, mineros o portuarios. Lo que antes era territorio protegido, ahora es “propiedad estatal disponible”.

Control interno y protección externa

Según el experto en relaciones internacionales Gerald Solano, de la Universidad Nacional de Costa Rica, las medidas de Ortega responden a una doble lógica: mostrar poder hacia dentro y buscar protección hacia afuera.

“El despojo de tierras y de bienes a los nicaragüenses es una forma de control interno, una señal de que el régimen mantiene el poder absoluto. A nivel externo, el acercamiento con China busca disuadir a Estados Unidos de una acción similar a la aplicada contra Venezuela”, explica.

Solano sugiere que, detrás de los acuerdos económicos, puede haber compromisos de asistencia mutua o seguridad, pues China tiene interés en proteger sus inversiones y mantener presencia en la región como contrapeso geopolítico.

“No sería extraño que se haya conversado sobre apoyo en caso de agresión. En el fondo, la entrega económica es también una forma de blindaje político”, advierte.

Para Carlos Cascante, especialista en relaciones internacionales, el régimen controlado por Rosario Murillo y Daniel Ortega, se ha recluido en un aislamiento selectivo que muestra lejanía del mundo democrático, pero se abraza a potencias autoritarias.

“El régimen profundiza su aislamiento frente a la comunidad internacional cercana a Estados Unidos, pero incrementa su relación con países que lo adversan, como China e Irán. Es una estrategia de supervivencia”, explica.

Cascante señala que China tiene tres objetivos claros en la región: desplazar a Taiwán, asegurar presencia comercial y logística en el istmo, y ampliar su influencia política en territorios donde Estados Unidos pierde terreno.

En ese tablero, analiza Cascante, Nicaragua se convierte en una pieza útil, como una plataforma para la expansión china y una ficha de canje para Ortega.

Sin embargo, el académico advierte que China rara vez se compromete hasta el fondo con gobiernos inestables. “Pekín suele actuar con prudencia en zonas cercanas a Estados Unidos. No está claro que se arriesgue a defender al régimen en una crisis. Ortega puede estar apostando a una protección que nunca llegará”.

El contraste entre el “paraíso fiscal” ofrecido a las empresas chinas y la asfixia de los ciudadanos revela la naturaleza del régimen. Mientras los empresarios extranjeros reciben exoneraciones, los comerciantes locales enfrentan cobros abusivos y falta de derechos.

“Yo no me quejo de que venga inversión, eso da trabajo. Pero no es justo que uno pague tanto y otros nada”, dice Juan, el comerciante del Oriental.

El nicaragüense dijo a 100% Noticias que los ciudadanos chinos cuentan con grandes garantías que los protegen. “Ahí caminan como que tal fuera su país, en grandes motos, carros lujosos, viven en buenas casas, es más si tienen algún accidente de tránsito el que las lleva de perder es el nicaragüense”, reflexiona.

Los campesinos y comunidades indígenas despojadas tampoco tienen voz ni recurso legal. Sus tierras, ahora declaradas estatales, podrían ser cedidas a concesionarios extranjeros bajo la etiqueta de “desarrollo estratégico”. En la práctica, los nicaragüenses financian el pacto Ortega-China con su pobreza.

Una apuesta riesgosa

La alianza con China se consolida como la nueva piñata del poder, una versión globalizada de lo que el sandinismo ya practicó tras la Revolución de los 80, cuando repartió propiedades e hizo prebendas entre los fieles al régimen.

Las exoneraciones ilimitadas, el acceso a tierras y el control total del Estado sobre los marcos legales “convierten a Nicaragua en un terreno fértil para la corrupción transnacional”. El régimen busca legitimidad internacional a cambio de soberanía, entregando recursos, tierras y exoneraciones mientras castiga a sus ciudadanos con pobreza, confiscaciones y silencio.

La señora “Margarita”, quien habita en el barrio Santo Domingo, de la antigua Managua, se extraña cuando se le menciona que los chinos llegarán a Nicaragua con los beneficios mencionados y asegura que “el barrio chino se va a convertir en ciudad”.

“Si de por sí la mayoría de tiendas son chinas, ahora imagínese con esos beneficios que van a tener, uno dilató tantos años para tener algo propio y otra gente sigue luchando por conseguir algo y no han podido, solo imagínense cómo nos podemos sentir. Siento que esto es como un aborto, nos vomitan aquí mismo”, afirmó.

Carlos Cascante, docente asociado a la Escuela de Ciencias Políticas de Costa Rica, pone en la balanza el caso de Costa Rica y su relación con China, pues la misma es meramente comercial y no política, tal es el caso de Nicaragua.

“Nosotros tenemos una relación muy cercana con Washington, y con China lo vemos como un socio comercial, un socio comercial al cual nos vende productos manufacturados baratos, pero que no nos vende ningún producto estratégico en términos energéticos o de minas”, detalló.

“Habría que interpretar que en Nicaragua esa presencia, el régimen la quiere ampliar porque la considera como una salvaguarda a los mecanismos de presión estadounidense. Es una apuesta riesgosa en tanto no es claro si China respaldará por completo al régimen en una situación de emergencia”, puntualizó.