Garrote fiscal: Ortega usa la minería de oro para favorecer a China
El régimen de Daniel Ortega impone cobros millonarios a mineras consolidadas como Calibre y Hemco, mientras entrega concesiones a empresas chinas sin trayectoria, revelando una reconfiguración del sector aurífero bajo control político y geoeconómico
En los últimos meses, la dictadura de Daniel Ortega ha favorecido con concesiones a empresas chinas desconocidas, mientras impone cobros millonarios de impuestos a compañías consolidadas desde hace décadas. Un “garrote fiscal” o “extorsión regulatoria”, aseguraron analistas independientes consultados por 100%Noticias.
La canadiense Calibre Mining, la principal exportadora de oro nicaragüense, oficializó entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2025 la renuncia a siete concesiones mineras que abarcaban un área de 261,316 hectáreas en la Costa Caribe.
La decisión es considerada por los mismos expertos como una respuesta al Estado de la empresa, que emplea además a 3,500 personas, por el cobro de 36.6 millones de dólares bajo la figura de la disputa por la deducción del Impuesto sobre la Renta (IR).
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Aunque la compañía no se ha pronunciado en estos términos, el ambientalista Amaru Ruiz, quien ha dado seguimiento a la nueva reconfiguración del sector aurífero, razonó que "ninguna empresa estaría contenta en renunciar a una inversión que hayan realizado en exploración... a menos que haya factores externos que la obliguen a deshacerse".
Ruiz explicó el 5 de noviembre en una entrevista con 100%Noticias que se está desplazando a mineras constituidas para entregar el oro nicaragüense a los chinos, y mencionó que, además de las presiones fiscales, la estrategia incluiría reformas legales y hasta expropiaciones.
La minería en Nicaragua es uno de los pilares de la economía. Las cifras del Banco Central indican que creció 16,69 % en 2024 con exportaciones de oro por 1,353.9 millones de dólares.
La dictadura también hizo llegar un cobro fiscal de 39.5 millones de dólares a Hemco, otra de las empresas líderes en el negocio del oro. El politólogo Félix Maradiaga, un crítico abierto de la alianza de Nicaragua con China, asegura que es una “ofensiva”, ya que para él la situación "huele a una reconfiguración acelerada del sector minero para expulsar o doblegar a operadores no alineados y abrir el campo a consorcios ligados al Estado chino, usando la DGI y los permisos como garrote".
“No es una disputa tributaria normal, es extorsión regulatoria para reconfigurar el mapa minero a favor de corporaciones respaldadas por China. El resultado es menos soberanía, más extractivismo y más dependencia”, insistió Maradiaga.
Una minera en bajo perfil
La británica Condor Gold, que desarrolla el Proyecto Mina La India, se mantiene como un oasis de inversión activa no china. La compañía ha demostrado un compromiso financiero significativo, con más de 86 millones de dólares invertidos en 2025, con una inversión total proyectada de 200 millones, según reportes de medios de la dictadura publicados a finales de octubre.
En entrevistas para los oficialistas Canal 2 y Canal 4, el ingeniero Aiser Sarria, Gerente de País, anunció el inicio de las cimentaciones de la planta de procesamiento y la adquisición de equipo clave desde Alaska.
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Espera que la planta, con capacidad para 4,217 toneladas por día, contribuya con el 30% de las exportaciones de oro del país una vez inicie operaciones comerciales en diciembre de 2026.
La inversión opera bajo el mismo “garrote regulatorio” que está doblegando a Calibre y Hemco. Su permanencia está supeditada a no contrariar los intereses geopolíticos o de lucro de la "chayo burguesía" que ahora se beneficia del control minero.
Los tres objetivos del Poder Ejecutivo
El sociólogo Oscar René Vargas considera que la dictadura está cumpliendo tres objetivos estratégicos. El primero sería la obtención de ingresos extraordinarios para tapar el déficit presupuestario, dado que las donaciones y el financiamiento internacional se han mermado producto de las sanciones. La segunda sería la entrega a China y la tercera la búsqueda de negocios que favorezcan a la élite en el poder.
“La chayo burguesía se puede estar metiendo en alianza con la compañía china en este negocio del oro”, explicó Vargas en referencia a Rosario Murillo, desde febrero copresidenta de Nicaragua, tras la reforma constitucional que la puso al mismo nivel jerárquico de su marido, mientras fortalecieron el aparato de represión.
Junto a la concentración de poder, el tema de los negocios tiene también prioridad en las altas esferas de la dictadura. En los últimos dos años, el régimen ha otorgado concesiones mineras a empresas chinas como Thomas Metal o Zhong Fu Development.
Para el ambientalista Ruiz, es un cambio de hegemonía devastador en términos de transparencia, dado que las nuevas empresas son actores de segunda línea con cero transparencia. Eso significa, según sus palabras, que no tienen la obligación de cumplir con estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al no cotizar en mercados regulados.
Advierte también que las nuevas concesiones chinas han invadido territorios indígenas y áreas protegidas, incluida la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, sin consulta previa, intensificando un modelo extractivista que desprecia la soberanía territorial y los derechos humanos.
Maradiaga observa un objetivo geopolítico, en el que Ortega busca protección de sus aliados internacionales. El politólogo explicó que la urgencia del régimen tiene un motivo estratégico superior, ligado a la supervivencia ante Estados Unidos.
El representante comercial de Estados Unidos propuso en octubre al presidente Donald Trump la suspensión total o parcial de Nicaragua en el CAFTA, así como la imposición de aranceles de hasta el 100% en sus exportaciones, lo que está en consulta hasta el 19 de noviembre.
“Es un intento de blindaje frente a sanciones de Estados Unidos. Mover el tablero hacia actores chinos reduce exposición al sistema financiero estadounidense y fortalece la cadena de valor amiga del poder”, enfatizó Maradiaga.
En aras de estos intereses, los analistas advierten que todas las mineras establecidas en el país están en riesgo ante las políticas agresivas de Ortega. Datos oficiales de finales de 2023 indican que Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 metálicas y 127 no metálicas.
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