Los empleados públicos: los otros prisioneros del régimen Ortega-Murillo

En las oficinas de las instituciones públicas de Nicaragua no se necesita un cartel de advertencia para saber que opinar está prohibido. Los empleados públicos aprenden pronto que su estabilidad laboral depende menos de su desempeño y más de su lealtad política. Desde 2018, cuando el régimen Ortega-Murillo radicalizó el control interno tras la rebelión cívica, las instituciones estatales se transformaron en espacios de vigilancia. Quien no asiste a las marchas, no replica consignas o no publica mensajes partidarios en redes sociales se vuelve sospechoso.

“Pablo”, un defensor de derechos humanos consultado por 100% Noticias, que prefiere ser citado bajo ese pseudónimo, explicó que “el control político dentro del Estado se ha convertido en una forma institucionalizada de represión. No hay espacio para disentir. Cada funcionario es vigilado por otro y los jefes responden más a las estructuras partidarias que a la ley”.

El experto comenta que, si bien los empleados públicos son vistos como cómplices del régimen, en la práctica, la mayoría de ellos viven bajo una doble presión entre servir a un Gobierno que los controla y sobrevivir a un sistema que los castiga. 

“Son trabajadores sin voz, expuestos a despidos arbitrarios, traslados forzosos y acoso político. Muchos confiesan sentirse prisioneros de su propio empleo, atrapados en un engranaje que no pueden cuestionar”, detalla “Pablo”. 

Una fuerza laboral masiva bajo control político y bajos salarios

De acuerdo con datos oficiales, la fuerza laboral del Estado nicaragüense asciende actualmente a unos 187, 666 empleados públicos, que incluyen tanto al personal del Gobierno central como de instituciones descentralizadas y municipalidades. La cifra se dio a conocer durante el anuncio del más reciente reajuste salarial del 4% para la mayoría de los servidores públicos, y de un 3.98 % adicional para quienes perciben los sueldos más bajos.

El incremento, según el propio anuncio de Rosario Murillo, busca compensar el aumento del costo de vida, aunque el salario promedio del sector público —equivalente a unos 15, 600 córdobas mensuales (aproximadamente US$426)— continúa siendo insuficiente frente a la canasta básica y las condiciones de inflación acumulada que enfrentan los hogares nicaragüenses.

El defensor de derechos humanos añade que la represión laboral opera de forma silenciosa pero sistemática, mediante listas de asistencia a actos partidarios, vigilancia en redes sociales y reportes internos elaborados por “compañeros de confianza” dentro de cada institución. En las delegaciones del Ministerio de Educación, el Minsa y las alcaldías, el control político ha desplazado por completo al control administrativo. 

“Hoy, las decisiones sobre ascensos, traslados o despidos ya no se basan en el desempeño laboral, sino en el grado de subordinación al partido gobernante. El mensaje que reciben los trabajadores es de sumisión total: quien no participa, se va. Es una forma de control social que utiliza el empleo como mecanismo de castigo y recompensa”, detalló.

Represión silenciosa dentro de las instituciones

En los últimos años, el régimen ha purgado incluso a cuadros con décadas de militancia sandinista. El caso reciente de la jueza Thelma Cajina Ruiz, hija de un fotógrafo cercano a Ortega, evidenció que la fidelidad no protege de las caídas en desgracia. Su destitución fue interpretada por empleados judiciales como una advertencia: nadie está a salvo, ni siquiera los “históricos”.

En 2024, el Ministerio de Salud (Minsa) ejecutó una “barrida” nacional que dejó sin empleo a cientos de trabajadores. Oficialmente se habló de una “reestructuración presupuestaria”, pero en la práctica se trató de una depuración política. Enfermeras, médicos y técnicos fueron removidos tras ser señalados de “no participar en actividades partidarias” o “mantener vínculos con la oposición”.

“María”, enfermera despedida del Minsa en Chinandega, lo resume con resignación: “Nos dijeron que era un recorte, pero en la lista solo estaban los que nunca iban a las marchas. A mí me pidieron la renuncia voluntaria. Les dije que no estaba haciendo política, que solo trabajaba. Me respondieron: ‘Aquí todo es política’”.

Desde entonces, María trabaja en una clínica privada con un salario inferior. Sabe que difícilmente podrá volver al Estado, donde su nombre quedó marcado como “no confiable” y además se siente “marcada” en su barrio por los miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC).

El defensor de derechos humanos consultado indica que “los despidos masivos tienen un doble objetivo: eliminar a quienes no demuestran fidelidad y enviar un mensaje de miedo al resto. El aparato estatal se mantiene mediante la amenaza constante”.

La traición se paga con el desempleo

El miedo también domina a quienes aún conservan su empleo. “Carlos”, técnico en una alcaldía del occidente del país, cuenta que su superior fue destituido sin explicación, pese a ser un militante histórico.

“Lo quitaron porque dejó de reportar a un secretario político que mandaron desde Managua. A los que estábamos cerca nos hicieron firmar una carta de lealtad. Yo firmé porque tengo dos hijos y no puedo perder el trabajo. Pero desde entonces sé que me observan”, dijo Carlos.

Casos como el suyo son frecuentes. Los funcionarios saben que cualquier desliz —una palabra fuera de lugar, una publicación en redes o una ausencia injustificada— puede ser interpretado como desobediencia. Y la desobediencia, en el Estado nicaragüense, equivale al despido.

En 2024 también cayó en desgracia la ministra Justa Pérez Acuña, del MEFCCA, una de las figuras con mayor respaldo partidario. Fue destituida y procesada por presuntas irregularidades administrativas. Su caso demostró que, incluso en los niveles más altos, la línea entre el poder y la humillación es delgada. Si un ministro puede ser sustituido sin explicación, los técnicos y auxiliares saben que son totalmente prescindibles.

Según el defensor de derechos humanos, “estas purgas dentro del aparato estatal son parte del patrón autoritario: mantener a todos en tensión, recordándoles que su permanencia depende de la obediencia absoluta”.

De acuerdo con datos recopilados por el observatorio Urnas Abiertas, desde 2018 hasta 2024 el régimen de Daniel Ortega ha destituido a más de 30 alcaldes y vicealcaldes en distintos municipios del país, pertenecientes al propio Frente Sandinista. 

El organismo señala que estas remociones responden a una estrategia de control territorial y depuración interna, mediante la cual el Gobierno sustituye a funcionarios locales considerados “no confiables” o con vínculos débiles con la estructura partidaria. Urnas Abiertas advierte que el proceso se realiza sin transparencia ni procedimientos administrativos, lo que evidencia la pérdida total de autonomía de los gobiernos municipales frente al poder central.

El miedo como política laboral que afecta la salud mental

Una psicóloga nicaragüense consultada por 100% Noticias bajo condición de anonimato explica que son pocos los pacientes que se atreven a hablar abiertamente sobre la represión que viven dentro de las instituciones públicas, por temor a ser descubiertos o perder su empleo. Sin embargo, señala que ha atendido al menos tres casos de trabajadores estatales que le han confiado sentirse atrapados en un ambiente de vigilancia constante. 

“Coinciden en que viven con ansiedad, insomnio y un profundo agotamiento emocional. Me dicen que ya no soportan aparentar fidelidad mientras sienten rechazo por lo que hacen”, detalla.

Los trabajadores se autocensuran incluso fuera del horario laboral. Evitan hablar en público, usan perfiles falsos en redes sociales y algunos enseñan a sus hijos a no comentar nada sobre su empleo. “Viven en una tensión constante: si callan, se culpan; si hablan, se arriesgan”, explica la especialista.

Esa presión emocional se ha convertido en una forma de castigo que no deja evidencia documental, pero sí destruye la autoestima y el sentido de propósito profesional. La psicóloga agrega que “el miedo ha sustituido a la vocación de servicio. Es un modelo que anula el pensamiento crítico y rompe los lazos de confianza en los lugares de trabajo”.

Otro testimonio de una fuente consultada revela que la represión laboral no siempre se expresa con despidos. A veces adopta formas más sutiles como traslados a zonas rurales, degradación de cargos, reducción de bonos o simples exclusiones de los beneficios internos. 

“Elena”, maestra de primaria en León, lo vive cada día: “A mi me tienen en la mira porque ya en varias ocasiones no he participado en algunas actividades partidarias. Incluso, tuve problemas porque para las fiestas patrias no fui por motivos de salud, pero creyeron que no quise asistir. Desde entonces me pasan lista en cada actividad. Si falto otra vez, me cambian de centro o me suspenden”, dice la maestra.

Fuga de talento y deterioro institucional dentro del Estado nicaragüense

El caso de Elena es común en el sistema educativo. Docentes, secretarias y conserjes deben marchar, corear consignas y posar para fotografías partidarias. Todo es obligatorio. En algunos centros, los directores revisan los teléfonos personales para verificar si los trabajadores siguen cuentas opositoras. 

La vigilancia se ha vuelto una extensión del control político en este gremio, según constató un reciente reportaje de 100% Noticias titulado Docentes en Nicaragua: bajos salarios, adoctrinamiento y vigilancia política.

LEER MÁS: Encuesta: 99,5 % de nicaragüenses con pesimismo sobre futuro del país

El defensor de derechos humanos consultado lo califica como “una represión estructural y silenciosa, que no deja marcas físicas, pero sí destruye la dignidad laboral. Los empleados del Estado viven bajo chantaje permanente”.

En este clima, muchos optan por la autocensura. Evitan conversar de política, no comentan noticias y bloquean sus redes sociales para no ser rastreados. Saben que cualquier palabra puede usarse en su contra. 

Un efecto menos visible de esta política de control es la fuga de personal calificado de las instituciones públicas. Ingenieros, médicos, docentes y técnicos han renunciado o emigrado ante el desgaste emocional y la falta de independencia profesional.

Un abogado nicaragüense especializado en derechos laborales, que también solicitó anonimato, advierte que la persecución política no solo destruye carreras individuales, sino que deteriora la capacidad del Estado. “Se van los empleados que piensan, los que proponen, los que cuestionan. Queda un aparato obediente, pero ineficiente”, dijo.

LEER MÁS: Encuesta revela temor por purgas internas y sucesión dinástica en el régimen Ortega-Murillo

También advirtió que Nicaragua es hoy “uno de los países centroamericanos con menor inversión en capital humano dentro del sector público. Los salarios congelados, el miedo al despido y la exclusión de quienes no militan reducen la calidad del servicio estatal”.

En algunos ministerios, plazas vacantes permanecen sin cubrir durante meses porque los profesionales rechazan asumir cargos vinculados al control político. “Ya no se compite por méritos, sino por lealtad. Eso ha vaciado las instituciones de técnicos competentes”, añade el defensor.

Víctimas dentro del propio sistema

En el contexto de represión que vive Nicaragua, los empleados públicos son una pieza indispensable para el funcionamiento del país, pero al mismo tiempo están bajo una represión constante. 

Organismos internacionales han advertido que esta forma de represión constituye una violación de derechos laborales y políticos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que en Nicaragua “la subordinación política del empleo público refuerza el clima de miedo y autocensura en la población”.

“La narrativa oficial intenta presentar a los empleados públicos como una base leal al Frente Sandinista, pero la realidad es más compleja”, explica el defensor de derechos humanos consultado.

“Son personas que cumplen órdenes para sobrevivir, no por convicción. Muchos están igual de reprimidos que los disidentes, solo que desde adentro”, añade.

A la represión visible —la cárcel, el exilio, la confiscación— se suma esta represión silenciosa que se vive desde los ministerios, hospitales y escuelas. Miles de nicaragüenses trabajan cada día con el temor de convertirse en la próxima víctima del régimen al que sirven. En esa contradicción se sostiene el sistema: con el miedo de sus propios empleados.