Docentes en Nicaragua: bajos salarios, adoctrinamiento y vigilancia política

De lunes a viernes, Carla, una maestra de primaria del norte de Nicaragua se levanta a las cuatro y media de la mañana. Prepara el desayuno para sus tres hijos, revisa si aún le quedan monedas para pagar el bus y repasa mentalmente lo que le espera en la escuela: impartir clases de siete a 12 del mediodía, a la una de la tarde asistir a una reunión política, luego decorar el aula con banderas rojinegras y actualizar el mural con propaganda del Frente Sandinista, según la efeméride de turno. Al final de la jornada, exhausta, regresa a casa alrededor de las seis de la tarde. Casi doce horas después de haber salido.

Las preocupaciones de esta maestra en el trabajo ya no van en torno a la planificación pedagógica, sino sobre lo que puede o no decir en voz alta.  Cuenta que debe tener sumo cuidado de no decir “nada indebido, de no faltar a ningún acto, de no llamar la atención del secretario político de turno”. 

Ella empezó a trabajar como docente en 2005, y recuerda que, desde entonces hasta 2018, si bien había cierta presión desde las autoridades para contar con el apoyo político vocal de los maestros hacia el partido de Gobierno, todavía se lograba enfocar en su trabajo. A partir de ese año cambió todo, con la brutal represión estatal de las masivas protestas ciudadanas que demandaban la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde entonces, se exacerbaron las presiones, vigilancias y obligaciones partidarias, dice. Los empleados públicos deben plegarse a las órdenes del régimen y son considerados militantes incondicionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –así sea contra su voluntad–, como lo han denunciado decenas de trabajadores públicos de otras instancias y ministerios. 

Así lo detalla esta profesora: si no participa en las actividades partidarias, queda “marcada”. Si expresa una opinión crítica, corre el riesgo de ser trasladada o despedida injustificadamente. A veces no le alcanza “ni para un fresco al final del día”, pero sabe que debe estar presente en las actividades extracurriculares de corte político si quiere conservar su plaza.

Bajo el control del régimen de Ortega y Murillo, el magisterio está sometido a vigilancia, represión, adoctrinamiento ideológico y pérdida de derechos laborales, según el testimonio de cinco docentes consultados para este reportaje, quienes coinciden en que sus condiciones han cambiado drásticamente desde 2018, cuando se impuso una lógica autoritaria mucho más radical en el sistema educativo. 

Gabriel Putoy, profesor y miembro de la Unidad Sindical Magisterial desde el exilio, resume la situación como "difícil y precaria". Además de estar mal pagados, ahora los profesores deben asumir funciones extras: "Los docentes viven siendo utilizados por el Gobierno para hacer llegar el mensaje oficialista o para que sirvan como activistas partidarios", señala.

Cero capacitaciones profesionales, pura propaganda 

“María”, otra educadora de primaria quien pidió el anonimato y envió su testimonio escrito a mano por miedo a represalias, expresó que la inestabilidad a la que está sometido el gremio es cada vez más difícil. “Los maestros no pueden hablar porque por cualquier cosa los pueden correr.” Explica que viven bajo presión constante, hasta les revisan sus teléfonos y mensajes. También comenta que     ya no se puede impartir el currículo educativo porque se priorizan las marchas partidarias y otras actividades de índole política.

De acuerdo con Mario, otro docente de primaria consultado para este reportaje que también solicitó el uso de seudónimo, a partir de 2018, las reuniones del magisterio tienen un fin ajeno a la enseñanza: 

“Yo comencé a dar clases en 2007. Antes teníamos capacitaciones reales, hablábamos de estrategias didácticas y se valoraba el trabajo pedagógico. Ahora lo único que recibimos son charlas ideológicas. Todo es propaganda”, cuenta el maestro. “Las reuniones de capacitación son para leer cartillas del Frente y escuchar discursos de Rosario Murillo”, agrega.

Putoy lo confirma: las capacitaciones profesionales, antes enfocadas en metodologías pedagógicas o innovación educativa, han sido sustituidas por talleres ideológicos obligatorios. 

Comenta que uno de los documentos distribuidos a nivel nacional es el cuadernillo "Unidad XI: Presidencia de la República y Órgano Legislativo", parte del diplomado "Constitución del Estado Revolucionario de Nicaragua", donde se exalta el liderazgo de Ortega y Murillo, y se promueve una versión oficialista de la historia constitucional del país.

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A ello se suman las "orientaciones metodológicas" emitidas por el Ministerio de Educación (Mined) para que los maestros impartan cartillas como "La Depresión", "Protección de la vida en los departamentos más turísticos" o "Atendiendo enfermedades crónicas", bajo la narrativa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Las actividades deben realizarse en 45 minutos, con evidencia fotográfica incluida y eslóganes como "Hacia el sol de las victorias" y "Cristiana, socialista, solidaria".

Putoy asegura que estas directrices "no tienen contenido pedagógico real" y que son mecanismos para medir la lealtad de los docentes.

Docentes no pueden confiar ni en sus colegas

La vigilancia entre colegas se ha vuelto parte del día a día en los centros escolares. Ya no existe un espacio seguro para la crítica o el debate. “Ya no se puede ni hablar entre compañeros. En los grupos de WhatsApp sólo se comparte lo necesario. En el desayuno, hablamos del precio del pan o de los pasajes, pero nadie se atreve a decir nada sobre lo que pasa en el país. El miedo está en todas partes”, comenta una docente.

El silencio se impone incluso en los recreos, donde el temor a ser denunciado por un colega o vigilado por autoridades partidarias limita cualquier conversación. Gabriel Putoy, docente exiliado, confirma esta dinámica: “Los mecanismos que utiliza la dictadura son variados. Uno de ellos es fomentar la vigilancia entre docentes. Ellos ocasionan que unos a otros se vigilen, que unos a otros se ‘vendan’, como decimos los nicaragüenses, que hablen mal unos de otros.” Según Putoy, este ambiente de desconfianza es incentivado por los propios secretarios políticos, quienes llegan a las escuelas para supervisar y ejercer presión.

Carla refirió que el control dentro de las escuelas proviene directamente de estructuras partidarias. “Controlan a través de los políticos, que son los que llegan a las escuelas con una actitud amenazadora”, detalla. “Son ellos los que chantajean y los que tienen en sus manos cómo castigar a los docentes.” Esa presencia —dice— se siente incluso dentro de las aulas, donde muchos maestros optan por el silencio para evitar ser señalados. No se puede señalar lo que está mal dentro del sistema educativo, ni las faltas relacionadas con derechos laborales, y mucho menos que se pueda hablar de la situación política de Nicaragua.

Julio, un docente de noveno grado de secundaria en un colegio público de Managua detalla su rutina diaria, marcada por tareas que van más allá del trabajo educativo. Su jornada empieza a las 6:30 a. m. Pasa lista y da clases, pero también está obligado a organizar lunes cívicos, leer comunicados del Frente Sandinista y preparar murales o cantos políticos con los estudiantes. “Eso también lo revisan”, afirma. 

“No se trata de educar, se trata de cumplir con la línea. Si no mandás fotos de las actividades partidarias, te llaman la atención. Y si cuestionás algo, te cambian de centro o de modalidad como castigo.” Conoce casos concretos como el de una maestra que daba clases en primaria urbana y fue enviada a multigrado rural por no aplaudir en un acto.

Para todos los educadores consultados, la docencia ha dejado de ser una vocación para convertirse en una obligación cruzada por el miedo, el silencio y la precariedad. Una profesora con 20 años de experiencia lo resume así: “Ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo lealtad a un régimen que desprecia nuestra profesión. Nos usan como peones.” Asegura que las orientaciones que reciben “no tienen nada que ver con educación”, y que ahora todo gira en torno a discursos políticos disfrazados de valores.

Maestros que abandonan las aulas “rojinegras”

De acuerdo con los testimonios de los docentes, la represión y el control político que dominan las aulas no solo han silenciado al magisterio, sino que también han reducido su número. Mientras el régimen refuerza la vigilancia y exige lealtad ideológica a los trabajadores del Estado, cientos de educadores han abandonado el sistema público.

Entre 2018 y 2023, Nicaragua perdió al menos 2,331 docentes del sistema público, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN). En ese período, la planilla del Gobierno central pasó de 52,792 educadores a un promedio anual de 50,461, en 2023. Al cierre de ese año, el registro oficial contaba con 50,421 maestros activos.

Este descenso sostenido coincide con un contexto de creciente precariedad laboral, vigilancia ideológica y la migración masiva de la ciudadanía en los últimos años a destinos como Estados Unidos, Costa Rica y España, lo que ha golpeado al sector magisterial. 

Un sindicato convertido en brazo del régimen

La desaparición de sindicatos independientes dejó al magisterio en total indefensión. “La eliminación del sindicalismo ha sido un golpe total. Nadie alza la voz por los atropellos que reciben los docentes por parte de directores, delegados o secretarios políticos”, afirma Gabriel Putoy. El gremio docente solo cuenta con la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), una estructura afín al oficialismo que descuenta cuotas mensuales a los maestros sin ofrecer respaldo real ni defender sus derechos laborales, denuncian los maestros.

Aunque ANDEN siempre estuvo orientada hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), antes de 2018 todavía ejercía cierta labor de representación en favor de los docentes. Pero a partir de ese año ANDEN pasó de gremio con funciones de negociación a instrumento partidario sin máscaras. Con la supresión de sindicatos alternativos y la consolidación de ANDEN como único sindicato oficial, los maestros quedaron sin instancias de defensa frente a despidos arbitrarios, traslados forzosos o violaciones laborales.

La docente que envió su testimonio manuscrito señaló que “la pérdida de este sindicato nos afecta. Estamos al sol y al viento, sin poder reclamar nuestros derechos. Vivimos con temor, atados a correas por las amenazas de políticos, directoras y delegados”.

Salarios que no alcanzan y horarios sin límite

Según  Putoy, los docentes nicaragüenses enfrentan una doble carga: salarios insuficientes y condiciones laborales cada vez más opresivas. 

Actualmente, un maestro de primaria devenga alrededor de 10,000 córdobas mensuales, mientras que en secundaria el salario apenas supera los 11,200 córdobas. Esos montos están muy por debajo del costo oficial de la canasta básica, que supera los 20,000 córdobas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

“Ese paupérrimo salario ya no alcanza para nada. Y ahora encima tienen que pagar al sustituto si se enferman”, señala Putoy, al referirse a una disposición reciente del Ministerio de Educación (Mined) que traslada a los docentes el costo de contratar a alguien que los reemplace en caso de incapacidad médica.

A la precariedad económica se suma la sobrecarga de trabajo. Putoy denuncia que no se respetan las 40 horas semanales que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Les ponen a cubrir actividades extracurriculares, tareas administrativas y eventos partidarios fuera del horario regular. Todo eso es tiempo no remunerado que se exige como una obligación ideológica”, afirma.

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El control del magisterio también opera desde los nombramientos. Según Putoy, los traslados arbitrarios se utilizan como castigo para quienes expresan opiniones críticas o incumplen directrices políticas. “Los docentes son cambiados de centros de forma arbitraria. No se respeta su formación ni experiencia. A uno de inglés lo pueden poner a dar matemática solo para castigarlo”, detalla.

En ese contexto, los educadores no solo deben cumplir con la planificación pedagógica, sino además asumir funciones que van desde decorar murales partidarios hasta movilizar estudiantes para marchas políticas. 

Entre la obediencia y la resistencia silenciosa

Pese al miedo, existe una red de resistencia silenciosa. Putoy afirma que muchos docentes jubilados también tienen miedo, pero algunos colaboran discretamente compartiendo información. Las principales demandas del gremio siguen siendo el reajuste salarial, el respeto a una currícula escolar de calidad, el cumplimiento del horario laboral y la restitución de un sindicato independiente.

"Los docentes siguen exigiendo que se les respete según el nombramiento que recibieron y que se invierta más en la educación, no en propaganda. Podemos tener carreteras bonitas, pero no tenemos escuelas dignas ni salarios justos", concluye Putoy.

De acuerdo con los testimonios de los docentes consultados bajo anonimato, en la Nicaragua actual, ser educador implica sobrevivir en un sistema que castiga la crítica, desdeña la labor pedagógica y reduce la educación a un instrumento de propaganda. La vocación persiste, pero bajo un silencio impuesto. “Trabajamos bajo presión constante, sin derecho a queja, sin sindicatos independientes que nos respalden y con salarios que no cubren ni los gastos básicos”, concluyó uno de ellos.