Nicaragua, un país sin cifras o que están manipuladas por el régimen

Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, Nicaragua ha experimentado un retroceso constante en el acceso a la información pública. Lo que empezó como una reducción paulatina de la transparencia institucional se transformó, tras la crisis de 2018, en una política sistemática de silencio y ocultamiento oficial. Hoy, las instituciones del Estado publican cifras incompletas, desactualizadas, sin desgloses territoriales, de cualquier otra índole, o simplemente no divulgan nada.

¿Cuántos nicaragüenses viven actualmente en pobreza? ¿Qué tan amplia es la cobertura real del sistema educativo y de salud? ¿Cómo ha evolucionado la desnutrición infantil en los últimos años? Preguntas clave como estas, que deberían tener respuesta en estadísticas oficiales, quedan sin aclarar debido a la falta de información actualizada por parte de entidades como el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Educación (MINED), por citar algunos ejemplos, cuyos informes –en algunos casos– datan de 2022.

Esta falta de información no se limita a indicadores económicos o sociales generales. También afecta áreas sensibles como la salud mental, donde el acceso a datos sobre trastornos psicológicos, cobertura de atención, suicidios o inversión pública es prácticamente inexistente, lo que impide dimensionar una problemática creciente y diseñar políticas efectivas para atenderla. Así constató 100% Noticias durante la elaboración del reportaje especial “Nicaragua registra cinco suicidios en un solo día en medio de crisis de salud mental en toda Centroamérica”.

Un análisis realizado por 100% Noticias revela que el rezago en la publicación de estadísticas oficiales en Nicaragua es generalizado y afecta a instituciones clave del Estado. La falta de actualización oportuna de datos en áreas como economía, seguridad social, salud y educación confirma una política sistemática de opacidad por parte del régimen.

El investigador costarricense Alberto Mora, del Programa Estado de la Nación —una iniciativa académica adscrita al Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica que analiza el desarrollo humano sostenible y promueve la transparencia institucional en Centroamérica— advierte que el acceso a datos públicos es un pilar fundamental de toda democracia.

Desde su experiencia, explica que la información confiable no solo permite evaluar el desempeño gubernamental, sino que constituye la base de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas.

“En un país con una democracia saludable, la información es un insumo clave para dimensionar problemas y oportunidades para la toma de decisiones públicas estratégicas, para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, para promover el análisis y debate sobre asuntos de interés público y para lograr una participación ciudadana oportuna que promueva la rendición de cuentas”, indica el especialista.

Los datos rezagados o incompletos de Nicaragua

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó en abril de 2025 su Anuario de Estadísticas Macroeconómicas correspondiente al año 2024, lo que muestra cierto cumplimiento del ciclo anual. Sin embargo, de acuerdo con periodistas consultados, persisten dudas sobre el nivel de desagregación de los datos y la ausencia de indicadores clave en materia de pobreza, empleo informal o gasto social. Aunque se mantienen actualizados los indicadores financieros y monetarios, la cobertura estadística en temas sociales es limitada y poco accesible para la ciudadanía.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) muestra señales aún más preocupantes. Sus anuarios estadísticos fueron divulgados con demoras significativas. El informe de 2022 permaneció oculto durante más de un año y el de 2023 fue publicado hasta mediados de 2025. Esta tardanza impidió conocer la magnitud de la crisis financiera del sistema previsional y dejó sin información actualizada a asegurados, pensionados y empleadores.

En el caso del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el último anuario estadístico disponible es el correspondiente a 2022. Aunque la institución publica mensualmente datos como el Índice de Precios al Consumidor y encuestas de empleo, la falta de informes integrales con series anuales de pobreza, población, educación o vivienda demuestra un deterioro evidente en la producción o publicación de estadísticas sociales confiables.

El régimen ocultó muertes por COVID-19 y manipuló estadísticas en Nicaragua.

Mora enfatiza que los datos públicos deben cubrir áreas esenciales como salud, educación, pobreza, empleo y seguridad alimentaria. En su opinión, los gobiernos deben garantizar que esta información esté actualizada y desagregada para entender con precisión las condiciones de vida de la población.

La pandemia de COVID-19 marcó uno de los momentos más críticos de opacidad estadística. Durante la emergencia sanitaria, el régimen ocultó la magnitud real del contagio y de las muertes. Medios de comunicación independientes documentaron cómo muchas defunciones atribuibles al virus fueron registradas oficialmente como neumonía, diabetes u otras causas genéricas.

El medio DIVERGENTES accedió a una filtración de más de 400 documentos del Ministerio de Salud, con datos que nunca fueron divulgados públicamente y que evidenciaron miles de casos y muertes por COVID-19 que el gobierno omitió intencionalmente en sus reportes oficiales.

También circularon denuncias de “entierros exprés”, donde los fallecidos eran sepultados sin que se reportara la causa real de muerte, lo que generó sospechas de manipulación sistemática por parte del Estado. El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción concluyó que entre 2020 y 2021 Nicaragua pudo ocultar entre 6,000 y 9,000 muertes asociadas al virus, nacionales que no aparecen en las estadísticas oficiales.

“En salud es fundamental disponer de información sobre las principales causas de enfermedad, las tasas de mortalidad, las características sociodemográficas de la población afectada, la incidencia de la desnutrición crónica, la cobertura y calidad de los servicios y la población atendida”, detalló Mora.

La opacidad también ha alcanzado las estadísticas de seguridad pública. Un reportaje especial de 100% Noticias, titulado “Nicaragua: un país seguro solo en los anuarios de la Policía de Ortega”, documenta cómo los reportes oficiales empezaron a agrupar todo bajo la etiqueta de “delitos menores”, eliminando la distinción entre robos, asaltos violentos, hurtos o agresiones. Esa simplificación contrasta con años anteriores al 2018, en los que los anuarios policiales presentaban desgloses por tipo de delito y zonas geográficas.

Falta de datos impide evaluar cómo está la educación en Nicaragua

Por otra parte, el Ministerio de Educación (MINED) divulga algunos datos institucionales mediante un mapa educativo por departamentos y boletines pedagógicos, pero no publica un anuario actualizado que reúna información clave sobre tasas de deserción, resultados de pruebas diagnósticas, calidad del cuerpo docente o condiciones de infraestructura. Esta carencia refleja la inexistencia de un sistema nacional de información educativa completo y transparente, lo que debilita los mecanismos de control ciudadano y limita la posibilidad de evaluar con precisión las políticas del sector.

Según Mora, coordinador de Investigación del Programa Estado de la Nación, el acceso a estadísticas educativas es esencial en cualquier democracia funcional. “En educación es importante conocer la cobertura y deserción estudiantil, los resultados en pruebas nacionales e internacionales, las competencias del personal docente, el estado de la infraestructura y el acceso a tecnología y materiales educativos”, detalla.

Mora advierte que el ocultamiento o la no generación de datos responde a una lógica autoritaria. “No generar o no publicar ni promover el acceso a información, o limitar su acceso, suele ser parte de la estrategia de gobiernos autocráticos para impedir el escrutinio público de su gestión y limitar el debate sobre los asuntos de interés público”, destaca.

Además, insiste en que la información sobre inversión pública —y su distribución por sectores y territorios— debe ser accesible para toda la ciudadanía. “Conocer la incidencia de la pobreza y las características de la población afectada es muy relevante para priorizar políticas e inversión social”, explica.

Mora también señala que es fundamental disponer de estadísticas sobre seguridad alimentaria, tanto en contextos de desnutrición como de sobrepeso, así como datos sobre el empleo que permitan identificar brechas en la inserción laboral y mejorar la calidad del trabajo.

El Estado publica lo que le conviene

Aunque el régimen Ortega-Murillo restringe cada vez más el acceso a información pública, mantiene cierta regularidad en la publicación de datos macroeconómicos. Informes sobre crecimiento del PIB, inflación, balanza de pagos o deuda externa son actualizados por el Banco Central de Nicaragua, a diferencia de otros indicadores sociales como pobreza, empleo informal, gasto en salud o educación, que presentan rezagos o no se publican en absoluto.

Un economista consultado por 100% Noticias, que solicitó el anonimato por razones de seguridad, considera que este comportamiento no responde a una política de transparencia, sino a compromisos externos que el gobierno no puede eludir. Según explica, “cuando se trata de cifras como crecimiento, inflación o deuda, el Gobierno sí las difunde, pero generalmente porque tiene que cumplir con obligaciones ante organismos internacionales o porque están observando del exterior. No lo hace por convicción, sino para mostrar que ‘todo va bien’ desde afuera”.

Para este especialista, el régimen selecciona cuidadosamente qué cifras presentar y cuáles ocultar. “Publican para cubrir formalidades, pero lo hacen de forma selectiva: muestran lo que quieren que se vea. Lo que ayuda a sostener discursos oficiales de estabilidad o crecimiento. Pero en temas que exponen desigualdades, fallas del sistema o zonas vulnerables, ahí simplemente no hay cifras, o llegan incompletas, o caducadas”, advierte.

Este uso instrumental de la información pública contradice el marco legal vigente en Nicaragua. La Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), aprobada en 2007, establece claramente que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de las entidades del Estado “de forma completa, adecuada y oportuna”. La norma ordena a cada institución crear oficinas especializadas (OAIP) para garantizar ese acceso, y establece como principios rectores la publicidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la no discriminación.

El artículo 3 de la ley establece que las autoridades públicas deben entregar la información solicitada sin necesidad de justificar el motivo, y en los plazos establecidos. También obliga a publicar proactivamente estadísticas, informes y bases de datos de interés público.

En teoría, esta norma protege el derecho ciudadano a conocer cómo se gestiona el presupuesto, cómo se ejecutan las políticas públicas y qué resultados se obtienen. En la práctica, sin embargo, el régimen ignora esa obligación y no garantiza el acceso a la información.

Nicaragua, el país de Centroamérica sin estadísticas públicas

Una revisión de 100% Noticias a los portales oficiales de los institutos de estadística y entidades homólogas de Centroamérica evidencia que Nicaragua es el país más rezagado en la divulgación de cifras públicas. Mientras otras naciones mantienen plataformas activas y actualizaciones periódicas, el régimen Ortega-Murillo oculta o retrasa datos clave sobre economía, salud, educación y seguridad social.

En Honduras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica de forma regular el Anuario Estadístico Nacional, encuestas especializadas y bases de datos en formatos abiertos. Los microdatos sobre empleo, pobreza, seguridad alimentaria y migración están disponibles al público y se actualizan conforme al calendario oficial.

En Guatemala, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mantiene actualizados sus indicadores sobre población, precios, pobreza y comercio, además de coordinar con otras instituciones procesos de registro vital, como las estadísticas de mortalidad, con enfoque de mejora continua.

En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publica sistemáticamente sus encuestas de empleo, pobreza, ingresos, demografía, precios, entre otras. A esto se suma el Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), liderado por la Defensoría de los Habitantes, que evalúa anualmente si las instituciones publican datos sectoriales, financieros y administrativos en sus sitios web.

En El Salvador, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene informes económicos actualizados, incluyendo indicadores sobre inflación, inversión, exportaciones e ingresos públicos. Sin embargo, bajo el mandato de Nayib Bukele, la prensa independiente y especialistas han advertido de un significativo retroceso: “Especialistas en transparencia aseguran que las instituciones públicas no argumentan de manera adecuada las reservas de información”, reportó La Prensa Gráfica de ese país en 2024.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud también divulgan estadísticas sectoriales, aunque en algunos casos con rezagos. El Instituto Nacional de Estadística (DIGESTYC), que históricamente lideraba estos procesos, fue absorbido por la Dirección General de Economía en 2023, lo cual generó preocupaciones sobre independencia técnica, pero la publicación de datos ha continuado. Los informes de pobreza, salud y demografía están disponibles en línea, aunque su frecuencia y nivel de detalle han sido objeto de debate.

Este contraste evidencia que, mientras los países vecinos mantienen mecanismos de acceso a la información y actualizan sus cifras, en Nicaragua predomina la falta de datos oficiales y no existen mecanismos para demandar información sin represalias, pues el régimen ha radicalizado su represión contra cualquiera que disienta o reclame algún derecho.

Periodistas en el exilio enfrentan el silencio informativo impuesto por el régimen de Ortega

Para periodistas nicaragüenses especializados en temas económicos desde el exilio, la falta de datos públicos confiables en Nicaragua representa un obstáculo constante. Uno de ellos comenta que es difícil contrastar la narrativa oficial del régimen por la falta de información.

“Lo más peligroso es que la gente termina asumiendo lo que dice el gobierno como verdad porque no tiene con qué contrastarlo. Sin estadísticas confiables, no hay debate público, no hay fiscalización, no hay presión social. El Estado controla la narrativa no solo por censura a los medios, sino porque bloquea la base de cualquier discusión: los datos”, afirmó.

Otro reportero económico, también en el exilio, explica que la falta de datos no solo limita la cobertura periodística, sino que impone una realidad manipulada desde el régimen.

“Ya ni siquiera se trata de explicar lo que pasa, porque lo que hay es una especie de vacío oficial. El Gobierno te dice que todo está bien, que hay crecimiento, que hay inversión, pero no tenés cómo comprobarlo ni cómo desmentirlo. No hay cifras públicas, no hay acceso a fuentes oficiales, y lo que se publica viene sin desglose, sin contexto o con años de atraso”, detalló.

Ambos periodistas coinciden en que el exilio ha permitido seguir publicando, pero la ausencia de fuentes oficiales obliga a repensar la forma de investigar, confirmar y contar lo que pasa en el país.

La situación de Nicaragua es muy grave, concluye el investigador Alberto Mora. “El país vive un espejismo que se configura por el discurso del Gobierno y el desconocimiento de la situación real, ya sea porque la información no existe, o no se publica, o la que se genera no es confiable. Tampoco existen condiciones políticas que permitan evaluar su calidad”, comentó.