Nicaragua registra cinco suicidios en un solo día en medio de crisis de salud mental en toda Centroamérica

El 15 de septiembre de 2025, cinco personas se quitaron la vida en distintas ciudades de Nicaragua. Se trata de cuatro hombres y una mujer, todos jóvenes menores de 35 años. Los casos, registrados en reportes de medios de propaganda y basados en fuentes oficiales, se dieron en distintas localidades del país: Managua, Villa El Carmen, León, Juigalpa y Bilwi. 

Los hechos ponen de manifiesto una situación seria, pero desatendida en Nicaragua. Los países centroamericanos – y no solo Nicaragua– enfrentan una profunda deuda en cuanto a la atención psicosocial de sus poblaciones, apuntan especialistas en salud mental consultados por 100% Noticias. Consideran que, a pesar del aumento sostenido de los casos de suicidio en la región, los sistemas públicos siguen sin responder con la urgencia que la situación demanda. Los expertos, además, llaman a poner atención a las causas estructurales que pesan en la decisión de quitarse la vida.

En Guatemala, las cifras oficiales y recientes del  Instituto Nacional de Estadística (INE) no son accesibles en línea. Estudios del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC) ya habían advertido sobre un aumento sostenido de los casos entre 2017 y 2021. En este período los suicidios incrementaron un 34 %, con una tasa estimada de 5,9 por cada 100.000 habitantes, siendo el 74 % de las víctimas hombres.
 
En Honduras también se registra un panorama alarmante. Datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) indican que, entre 2014 y 2022, se reportaron 3,275 suicidios, es decir, un caso cada 23 horas y media. Según datos del Observatorio de la Violencia de ese país 558 personas se quitaron la vida en el año 2022. La tasa de suicidio hondureña ha aumentado progresivamente, pasando de 5,0 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2012 a 6,6 en 2023, reporta el medio Criterio Hn. 

En El Salvador, el acceso a datos actualizados es limitado también. Hasta 2021, el Instituto de Medicina Legal reportaba que los hombres se quitaban la vida al menos cuatro veces más que las mujeres, con 307 suicidios masculinos frente a 71 femeninos en los primeros nueve meses de ese año. El total de ese año fue de 378 muertes por esta causa, la más alta de los tres años anteriores. Sin embargo, desde entonces no se han publicado estadísticas consolidadas por parte de las instituciones estatales. Esta ausencia de información impide dimensionar el impacto real de la problemática y limita la formulación de políticas públicas efectivas.

En Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Salud reportó 436 muertes por suicidio en 2023, la cifra más alta de la última década. Entre 2018 y 2022, se registraron 1,984 fallecimientos por esta causa en este país, con una abrumadora mayoría de hombres (82%). Además, datos del Poder Judicial confirman que 2023 fue el segundo año con más suicidios en un quinquenio, a pesar de una leve baja respecto a 2022.

En contraste, Nicaragua no ofrece datos actualizados ni transparentes sobre el tema. En 2023, el Ministerio de Salud (Minsa) retiró el suicidio del listado de principales causas de muerte en el “Mapa Nacional de Salud”, a pesar de que estimaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) calculan al menos 198 suicidios durante ese año. Entre 2017 y 2022 se registraron al menos 2,178 muertes por suicidio en Nicaragua, según los últimos datos reportados públicamente por el Ministerio de Salud (Minsa). 

Según los datos del Banco Mundial sobre los cinco países centroamericanos, y actualizados hasta 2021, Costa Rica tiene la tasa más alta, con 8,1; le sigue El Salvador con 7,6; Guatemala con 4,9; Nicaragua con 4,2; y Honduras con una tasa de 3 suicidios por cada cien mil habitantes. En todos los países, con excepción de Guatemala, la tasa aumentó de un año a otro. 

Pandemia profundizó la crisis emocional en jóvenes centroamericanos

Los datos demuestran que las personas jóvenes concentran la mayor parte de las muertes por suicidio en Centroamérica, muchas veces expuestas a entornos de precariedad, exclusión y violencia estructural, explican especialistas. 

Ingrid Naranjo, psicóloga y coordinadora de la Comisión de Políticas Públicas del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) advierte que, tras la pandemia, se agudizó el malestar emocional en la adolescencia y juventud, marcado por el abandono institucional, la falta de espacios de participación, la presión académica y la desigualdad en el acceso a recursos como salud, educación o conectividad. 

Fernando Mena, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina de Costa Rica, señala que, en muchos casos, los cuadros depresivos o ansiosos no son detectados ni tratados a tiempo, especialmente en zonas rurales o comunidades marginalizadas. Además, resalta que buena parte del personal en salud mental no está formado para abordar desde un enfoque social temas como los traumas, el consumo de sustancias o la migración forzada. 

Marco Carranza Morales, profesor de Psicología en la Universidad de Costa Rica (UCR),  destaca que las señales de riesgo suelen manifestarse con cambios sutiles en la conducta: aislamiento, ausencias escolares o laborales, pérdida de vínculos o bajo rendimiento académico. Sin embargo, estas alertas suelen pasar desapercibidas o son atribuidas erróneamente a desinterés o rebeldía.

El estigma social, la culpa y las representaciones religiosas también afectan el entorno de las personas con ideación suicida. “Muchas veces se juzga a la persona que murió o a su familia, como si no hubieran luchado lo suficiente (en el caso de quienes cometen suicidio) o no le hubieran prestado atención (sus familiares)”, explica Carranza.

Factores sociales y económicos detrás del aumento de suicidios

Los especialistas en salud mental consultados coinciden en que el suicidio no puede entenderse únicamente desde una perspectiva individual o clínica, sino como un fenómeno multifactorial, influido por determinantes sociales, económicos, educativos y estructurales. 

La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, el desempleo, la exclusión escolar, la violencia comunitaria y doméstica, así como la migración forzada (propia o la de cercanos), son elementos que inciden directamente en la salud mental de las personas y aumentan su vulnerabilidad. Todos, además, son problemas comunes y de larga data en estos países centroamericanos.

“Hay que dejar de ver el suicidio únicamente desde una causalidad individual… Es necesario empezar a discutir cómo influyen la pobreza, la violencia estructural y el abandono estatal en el bienestar emocional de las personas”, indica Carranza.

OPS: más de 100 mil suicidios anuales en América revelan aumento sostenido

Este enfoque es respaldado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que en su  Iniciativa Regional de Prevención del Suicidio reconoce que “muchos suicidios pueden prevenirse con intervenciones oportunas y basadas en evidencia” y que el fenómeno está estrechamente vinculado a contextos sociales desiguales.

El informe señala que, entre 2015 y 2021, más de 100 mil personas murieron por suicidio anualmente en la región, y que “la tasa regional de suicidio aumentó un 17 % entre 2000 y 2021, siendo las Américas la única región de la OMS que mostró un incremento durante este período”.

Además, la OPS advierte que en subregiones como Centroamérica, el Caribe latino, México y la Región Andina, una gran proporción de los suicidios ocurre en el grupo etario de 10 a 24 años, y que “en la mayoría de las subregiones, el mayor porcentaje de suicidios ocurre en el grupo de edad de 25 a 49 años”, lo que confirma que las poblaciones más jóvenes y en edad productiva son las más afectadas.

El especialista Mena explica que los entornos familiares violentos, el fácil acceso a drogas y alcohol, y la desintegración del tejido social elevan el riesgo de conductas autodestructivas entre los jóvenes. “Estamos colmados con situaciones todos los días de asesinatos, sicariato, violencia contra la mujer o intrafamiliar”, advierte.

Carranza vincula la salud mental con condiciones socioeconómicas que empujan a la población a priorizar la sobrevivencia diaria frente al autocuidado emocional. Según explica, muchas personas viven bajo presión constante por falta de empleo, pobre alimentación y precarias condiciones de transporte, lo que termina manifestándose en síntomas físicos como migrañas o problemas digestivos, usualmente sin atención adecuada.

Respuestas estatales y de la OPS ante la crisis de suicidios en la región

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio un paso significativo contra la crisis silenciosa de los suicidios con el anuncio oficial de la Iniciativa Regional de Prevención del Suicidio, durante un evento realizado en septiembre de 2025. Esta iniciativa busca fortalecer capacidades nacionales en los países con tasas altas o en aumento, con un enfoque basado en intervenciones probadas como las de la guía LIVE LIFE de la OMS para prevención del suicidio.

La OPS promovió que esta Iniciativa se realice con alianzas multisectoriales y que los países adopten marcos normativos, recursos técnicos y monitoreo continuo. Se espera que los Estados miembros que participen fortalezcan sus sistemas, compartan lecciones aprendidas y avancen hacia una acción coordinada con enfoque de derechos. 

Costa Rica parece ser el país con un marco legal más avanzado en comparación con otros países de la región en cuanto a prevención del suicidio. Así lo señala la especialista Naranjo del CPPCR, quien destaca la existencia de una Ley Nacional de Salud Mental y una Política Nacional 2024-2034, que refuerzan un enfoque comunitario, preventivo y con perspectiva de derechos humanos.

“Hoy el sistema nacional de salud está obligado a dar a las personas un apoyo integral, considerando los factores biopsicosociales y no solo desde un modelo médico biologicista”, explica Naranjo. La normativa propone tres ejes centrales: promover entornos protectores, fomentar la colaboración intersectorial y prevenir el suicidio con un enfoque humano y sensible. Sin embargo, Naranjo identifica limitaciones presupuestarias, ausencia de investigación contextualizada, falta de personal capacitado en salud mental en centros de salud y escasa articulación entre instituciones como obstáculos recurrentes. 

Sostiene que Costa Rica ha mostrado resistencia a incorporar psicólogos en el sistema de salud pública, especialmente en zonas rurales. Advierte que los recortes presupuestarios, la falta de plazas y la ausencia de programas preventivos han debilitado la capacidad institucional para abordar de forma efectiva los problemas de salud mental. "Hay una política pública fragmentada y sin visión integral", resume.

Mena también advierte sobre vacíos en la formación profesional. A su juicio, muchos psicólogos no abordan problemáticas como el trauma, el consumo de sustancias, la violencia o la migración desde un enfoque social amplio. A esto se suma el estigma persistente hacia quienes buscan atención psicológica o psiquiátrica. “Eso afecta profundamente la posibilidad de atención oportuna, y muchas veces lleva a que los padecimientos se agraven hasta llegar a episodios suicidas”, señala.

Por su parte, Carranza, profesor de Psicología en la UCR, señala que tanto la Caja Costarricense del Seguro Social como el Ministerio de Salud operan con limitaciones estructurales que impiden una cobertura efectiva. Una cita psicológica en el sistema público puede tardar entre tres y seis meses, y la frecuencia mensual es insuficiente para casos clínicos. "Lo que sabemos no es, en términos de atención individual, un soporte apropiado para una situación de salud mental en términos terapéuticos", indica.

En Guatemala, en 2023, las autoridades anunciaron una Política Institucional de Salud Mental 2023–2028 y la construcción de una ruta interinstitucional para el abordaje de suicidios de jóvenes en Guatemala, pero un artículo de la Revista Psicólogos de Guatemala apunta que aunque las políticas elaboradas desde el Estado tienen un buen sustento legal, hay debilidad en “las garantías presupuestarias, el número de recurso humano que se requiere para cobertura, la gestión humana, las prácticas de evaluación y su relación con la gestión de conocimiento y decisiones basadas en la evidencia científica”. 

En Honduras no existe una política actualizada ni funcional, cuestionan organismos defensores de derechos humanos. “Se han venido dando iniciativas, pero no han tenido el funcionamiento esperado. “Se creó una Mesa de Salud Mental, en la Administración del ministro anterior, pero, en la actualidad, no es funcional. También se hizo una propuesta de Política en Salud Mental que se quedó en manos de otras instancias del gobierno y no ha sido aprobada, además, existe un Plan Nacional de Atención en Salud Mental que tampoco se ejecuta”, apuntó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a inicios de este año. 

Mientras Nicaragua, apenas implementó una cartilla sobre la depresión y los suicidios, y existe un plan para colegios que no se ejecutó, según reportaron medios locales. En 2025 el Gobierno presentó la Estrategia Escuelas Saludables, pero se presenta como un abordaje genérico de cuidado de la salud de los menores.

En Nicaragua, la represión política agrava el deterioro de la salud mental

En Nicaragua existen algunos agravantes sociales relacionados con la represión política y la censura impuestas por un régimen autoritario que se ha radicalizado desde 2018. Estos elementos deterioran aún más el estado de la salud mental de la población, tanto dentro del país como entre las personas exiliadas. 

Una psicóloga que trabaja en Nicaragua —y que solicitó mantener el anonimato por seguridad— advierte que la salud mental en el país está atravesada por la represión política. En su experiencia, muchos de los pacientes que atiende con ideas suicidas no sólo enfrentan problemas económicos o familiares, sino un entorno cargado de miedo, vigilancia y silenciamiento. 

“Vivir con miedo constante, sabiendo que te pueden señalar o vigilar por lo que pensás o decís, termina afectando el estado emocional de cualquiera. Esa presión se acumula hasta que la gente siente que ya no puede más”, comenta.

El abordaje de la salud mental en personas migrantes y exiliadas representa un desafío aún mayor, advierte la psicóloga Ingrid Naranjo. Aunque reconoce que existen iniciativas comunitarias que han intentado brindar apoyo, considera que los Estados deben asumir con seriedad los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas directrices incluyen acciones como la inclusión social, el acceso a protección legal, y la incorporación de la salud mental en los sistemas de atención general. “El desafío es que las voluntades políticas permitan dar ese soporte sin que se vea como una carga, sino como una responsabilidad institucional y humanitaria”, concluye.

El psicólogo Marco Carranza, colaborador de la organización People in Need, advierte que muchas personas en el exilio presentan síntomas de trauma complejo, producto de una violencia sostenida y sistemática. “No se trata solo de tristeza o ansiedad. Hablamos de traumas provocados por detenciones arbitrarias, censura, amenazas y vigilancia, incluso fuera del país”, explica.

Tanto Mena como Carranza consideran que los países centroamericanos deben realizar reformas integrales que prioricen la salud mental como un derecho. Sugieren fortalecer la atención comunitaria, formar agentes locales, asegurar presupuesto estable, reformar los programas universitarios de formación profesional de especialistas en salud mental y combatir activamente el estigma. “Hay que cuestionar las condiciones sociales que generan estos padecimientos”, plantea Carranza.

En este contexto, los expertos coinciden en que la salud mental es un tema urgente, pero fuera de foco en las agendas públicas. Lo ocurrido en Nicaragua en un solo día expone una crisis más amplia que se extiende por toda Centroamérica, donde los sistemas de atención psicológica son frágiles e insuficientes.

Además, los expertos recuerdan que el impacto de un suicidio no termina con la muerte de la persona. El profesor Marco Carranza Morales señala que las familias enfrentan profundas repercusiones emocionales, sociales y culturales tras la pérdida, especialmente por los múltiples estigmas que aún rodean este tema. “El suicidio sigue siendo un tabú”, afirma. A menudo surgen juicios o murmuraciones hacia la persona fallecida —“no luchó lo suficiente”, “no valoró a su familia”— o hacia sus seres cercanos, en especial cuando se trata de un hijo o hija. Estas reacciones sociales, a veces alimentadas por creencias religiosas o mitos culturales, suelen reforzar sentimientos de culpa e incomprensión en quienes viven la pérdida del ser querido que cometió el suicidio.

Carranza también advierte que el proceso de duelo puede variar dependiendo del contexto y los factores de protección con los que cuente la familia. En algunos casos, los sobrevivientes —entendidos como las personas dolientes, no quienes intentan suicidarse— experimentan conmoción, preguntas no resueltas y una necesidad urgente de sentido. 

En otros, el evento reaviva traumas personales o conflictos familiares mal manejados, lo que puede derivar en rupturas, sobreprotección o aislamiento emocional.  La atención de dichas personas también es un tema pendiente de atender por parte de las autoridades de los países de la región.