Nuevas concesiones mineras “significan la muerte”, claman pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua

Pobladores indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua externaron su preocupación y rechazo ante la creciente amenaza de la minería industrial. Las nuevas concesiones a empresas de origen chino y las políticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que facilitan su expansión sin consulta ni consentimiento de los afectados, ponen en peligro la autonomía, cultura y medios de vida de estas poblaciones, así como su tierra, los ríos, bosques y sitios sagrados, señalaron líderes de estas poblaciones. 

El 6 de mayo de 2025, mediante la aprobación de la Ley 1248, Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007 que regulaba las áreas protegidas del país a través de su Reglamento.

La nueva Ley reformó el artículo 116 de la Ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales), la cual prohibía la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en áreas protegidas. La iniciativa propone aprovechar los recursos naturales en estas áreas, maquillando la explotación en las áreas como una “armonización con la gestión ambiental, criterios de planificación, crecimiento económico, así como, la defensa y restitución de derechos de las familias nicaragüenses”.

La Fundación del Rio, externó que la legislación legaliza las actividades mineras dentro de territorios de áreas protegidas, incluyendo áreas indígenas y afrodescendientes, “evidenciando los intereses extractivos y el desmantelamiento del marco ambiental promovido por la dictadura”, afirman.

Según La Gaceta, Diario Oficial, nueve lotes han sido concesionados dentro de siete territorios indígenas en el último año; todos estos sin procesos de consulta previa, libre e informada, denuncian líderes comunitarios, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Otros nueve lotes se encuentran en la Reserva de la Biósfera Bosawás y cuatro dentro de los límites de la Reserva de Río San Juan.

Este 24 de septiembre, la Alcaldía de Bluefields consumó en silencio lo que para el pueblo indígena Rama Kriol representa una nueva amenaza a su existencia. En una sesión extraordinaria, convocada únicamente para este fin, el alcalde Gustavo Castro aprobó de forma exprés una concesión minera a favor de la empresa china Nicaragua Xinxin Linze Minera Group.

La reunión se realizó a puertas cerradas y sin ofrecer detalles públicos sobre la extensión del lote otorgado, pero fuentes locales confirmaron que el área entregada se encuentra dentro de los linderos del territorio Rama Kriol.

La decisión, tomada sin consulta previa a las comunidades, revive el patrón de despojo que este pueblo ha denunciado durante décadas. A las presiones históricas por la pérdida de su espacio ancestral, ahora se suma el peligro que implicaría la actividad minera, que irrumpe con respaldo institucional y sin transparencia.

Fuentes dentro de los territorios de la Costa Caribe revelaron que la compañía Nicaragua Xinxin Linze Minera Group presentó la solicitud al gobierno municipal de Bluefields para obtener un aval político que le permita avanzar con los trámites ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El caso evidencia el trato privilegiado que Nicaragua Xinxin Linze Minera Group recibe por parte de las instancias locales y nacionales del régimen. 

Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China en diciembre de 2021, el gigante asiático se ha convertido en uno de los aliados clave del régimen Ortega Murillo. Ello ha implicado la llegada vertiginosa de empresas de este país sobre todo en el sector comercial y las concesiones mineras antes mencionadas. 

Una investigación periodística de Onda Local en agosto de 2025 reveló que el Ministerio de Energía y Minas ha entregado a compañías de capital chino un total de 234,496.31 hectáreas en concesiones mineras, todas con una vigencia de 25 años. Entre las beneficiadas destacan tres firmas: Zhong Fu Development, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group y Thomas Metal S.A.

La empresa Zhong Fu Development concentra buena parte de estas concesiones con derechos sobre los lotes Santo Tomás, Colombus 1, Kuikuinita 1, Mulukukú, Puerto Cabezas, Siuna, Waslala y Tutuwaka. En paralelo, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group obtuvo acceso a los lotes Chinotega, Caribe, Río Dorado y Nuevo Bijagual. Mientras tanto, Thomas Metal S.A. figura como titular de los lotes Carambola, Dragón Rojo y Wonderfull Gold.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó el 18 de julio de 2025, y publicado oficialmente el 26 de agosto, una concesión minera a XinXin Linze, en el lote Villa Álvarez, municipio de El Almendro, Río San Juan. La concesión abarca 4,800 hectáreas y tendrá vigencia de 25 años, con la obligación de pagar regalías y negociar indemnizaciones con los propietarios de los terrenos. Con esta autorización, la empresa acumulaba 63,249.71 hectáreas concesionadas desde febrero de 2024.

El “hermano mayor” de los indígenas entra en crisis

Luis Gutiérrez, un líder indígena mayangna que solicita no ser citado con su nombre real por temor a represalias gubernamentales, habita en una zona del Caribe Norte de Nicaragua, cerca de los territorios concesionados. Para él, hablar de la tierra no es un asunto técnico ni una metáfora vacía, “la tierra es un hermano mayor”, dice con firmeza. El hermano mayor cumple un rol de protección y responsabilidad, el territorio es una entidad que guía, resguarda y enseña, explica el líder indígena.

Los bosques, ríos y cerros, añade, no solo proveen alimentos, agua de consumo, peces y refugio; la tierra, en su conjunto, también transmite un adiestramiento espiritual, “porque ella nos hace aprender a vivir”. Sin embargo, advierte con tristeza que, siendo los pueblos indígenas el “hermano menor”, carecen de la fuerza para defender al mayor frente a quienes llegan con intereses económicos y políticos perjudiciales.

Esas personas “no consideran nada de principios y valores morales”, son indiferentes a los intereses de otros, lamenta, haciendo referencia a la invasión de sus tierras para establecer proyectos mineros.

Luis relata cómo, desde instituciones del régimen, tanto la alcaldía, la policía, el ejército o el consejo regional, les imponen “órdenes de arriba”. 

“Como líderes no tenemos capacidades para enfrentar procesos de demanda a empresas transnacionales, porque no contamos con recursos humanos ni económicos”, admite.

La Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, establece claramente el derecho a la consulta previa y la obligación de priorizar a las comunidades en cualquier aprovechamiento de recursos. 

Sin embargo, esa norma nunca ha funcionado en la práctica, asegura Gutiérrez y añade que  “las empresas chinas se han impuesto en comunidades indígenas como Yulu y Bambana, y actualmente en otras del Caribe Norte. No hay estudios de impacto ambiental, tampoco consulta, ni propuesta de retribución económica, solo imposición”, denuncia.

En los últimos años, la presencia de inversionistas extranjero es más notoria en la región, asegura Gutiérrez. “En todo el Caribe Norte hay chinos apuntando a la actividad minera”, asegura.  Y esa minería ya ha dejado una huella dolorosa, entre ellas la contaminación de ríos y bosques, la afectación a sitios sagrados y la memoria de tragedias que nunca llegaron a los periódicos.

Recuerda, por ejemplo, cómo en los años ochenta murieron alrededor de 80 niños tras un derrame de cianuro en el río Bambana, tras operaciones mineras en la zona. “Ese evento no está registrado en medios, solo en las memorias de los padres y madres indígenas que vieron perecer a sus hijos”, dice con pesar.

La instalación de proyectos mineros advierte, traería consigo desplazamientos forzados, no solo de personas, sino también de flora y fauna. La remoción del suelo, la erosión, la desertificación y la deforestación cambian radicalmente el paisaje y expulsan a las comunidades de sus tierras ancestrales. “Hemos sido testigos de muchos desplazamientos de poblados por la minería, sea artesanal o industrial”, comenta.

Ninguna empresa ni institución estatal ha llegado a consultarlos de manera formal. “Todo ha sido autocrático”, denuncia, aunque no descarta que existan sobornos y manipulaciones hacia ciertos líderes locales para validar estas violaciones.

Como resultado, la autonomía comunitaria se ha visto afectada, “los líderes deben someterse a la merced de los políticos locales para prevalecer en sus cargos, eso afecta  nuestras formas de vida, porque ya no podemos hacer las cosas según las prácticas ancestrales”, enfatiza.

El líder mayangna confiesa que lo que más les duele es el futuro de sus hijos y nietos, porque están conscientes de que, “en un futuro no muy lejano, nuestros descendientes tendrán severas situaciones en su salud por la contaminación del aire, de las fuentes hídricas y la sobreexplotación de los recursos naturales”, señala.

Un impacto estructural y violatorio

Para Haydée Castillo, defensora de derechos humanos y opositora en el exilio, las concesiones mineras que el régimen en Nicaragua entrega sin consulta previa representan una violación “evidente y clara” a los derechos humanos y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Castillo lamenta que, debido a que la mayoría de las organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales han sido obligados al exilio mientras las que permanecen en el país han sido sometidas al silencio, la cárcel o la persecución, “no hay quien ponga mano dura o ponga límite, como nos daba la Constitución de la República de inicios de los noventa”. Esa ausencia de contrapesos está permitiendo la expansión minera sin control ni resistencia interna.

“Nos duele, a mí en particular, cuando me cuentan los campesinos y la gente lo que está pasando en las minas de San Albino (ubicada en el Jícaro, Nueva Segovia), el cómo van avanzando, arrasando con las montañas, los bosques, contaminando el agua. Y por eso nosotros tenemos que apurar nuestro regreso y la salida de esta dictadura”, subraya.

Desde su perspectiva, el régimen incumple obligaciones fundamentales del Estado, como el derecho de la población a vivir en un medio ambiente saludable; el deber de proteger los medios de vida del pueblo nicaragüense, tanto de las generaciones presentes como futuras; y el marco de autonomía de los pueblos indígenas. 

Castillo coincide con el testimonio del líder indígena mayangna, en que el impacto de la minería es estructural y afecta la tierra, medio de vida fundamental, y el agua, esencial para la vida de toda la población. 

La defensora explica que no es un problema solo confinado a la Costa Caribe, sino que se extiende al norte y centro del país, con efectos devastadores en zonas protegidas y en la vida cotidiana y cultural de las comunidades.

“En el territorio de Las Segovias están arrasando, contaminando los ríos Coco, Jícaro, Quilalí, toda esta zona está realmente contaminada por estas empresas. Han terminado con el bosque, la situación del calor se ha incrementado terriblemente, hay un cambio de clima que afecta también la producción natural de la zona”, destaca.

“Si nosotros vemos en Honduras y en Costa Rica, los miles y miles de indígenas, afro y gente del Pacífico Norte que están migrando porque van siendo desplazados… Eso mismo vivimos en Nicaragua. Estas empresas mineras gozan de la protección del Ejército y la Policía, así como de los testaferros de la familia dictatorial”, denuncia.

Para Castillo, la minería en manos del régimen no es solo una cuestión de economía o recursos, sino una estrategia de “despojo que condena a las comunidades a la pérdida de su territorio, de su cultura y de su futuro”.

Minería como “cáncer” y saqueo ambiental

Amaru Ruiz, ambientalista, biólogo y presidente de la Fundación del Río, organización cancelada por el régimen y que actualmente opera desde el exilio, no duda en describir la minería en Nicaragua como “un cáncer”. Se trata de una actividad foránea, ajena a la vida de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

“La actividad minera no es desarrollada por los indígenas y afrodescendientes, como la concebimos actualmente. Es una actividad foránea que genera diversos impactos, desde la contaminación de los ríos hasta el uso de mercurio y cianuro, tóxicos que terminan en las principales fuentes de agua de las comunidades”, explica Ruiz.

El ambientalista detalla que estos químicos afectan tanto la salud humana como la seguridad alimentaria. El mercurio, por ejemplo, es bioacumulativo, se adhiere a los tejidos de los peces y luego pasa al cuerpo humano al ser ingeridos. “Eso genera impactos en el largo plazo. Y en el caso del cianuro, su actuación es mucho más rápida, más inmediata. Ambos representan un riesgo enorme para la supervivencia de las comunidades que dependen del agua, la pesca y la caza”, advierte.

Ruiz sostiene que el régimen avanza en una estrategia de concesionar prácticamente todo el territorio nacional, favoreciendo a sus socios chinos. 

“Esto significa deterioro, cambios en las dinámicas económicas, sociales y ambientales y cuando haya un cambio político va a ser difícil revertir estas decisiones. El régimen dejará un país saqueado, sin áreas protegidas, con comunidades indígenas desplazadas y empobrecidas”, asegura.

El ambientalista visualiza un país en ruinas, con ecosistemas devastados y una población indígena “totalmente mermada”, por lo cual será un reto titánico rehabilitarlo, además “habrá un montón de concesiones otorgadas y actores con intereses, lo que podría derivar en demandas internacionales si se busca detener la minería en un eventual proceso de transición política”, explica.

Para Ruiz, esa es precisamente la estrategia oficial: llenar de concesiones el país para amarrar a las futuras administraciones. “El régimen está desesperado, no solo porque necesita recursos líquidos, sino porque busca asegurar que sea mucho más difícil revertir sus decisiones”, enfatiza.

Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas

Desde el punto de vista legal, Ruiz subraya que la dictadura incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (OIT), que obliga a realizar procesos de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas antes de otorgar proyectos en sus territorios. Agrega que también se violan otras leyes nacionales que reconocen y protegen los derechos territoriales de las comunidades.

Ruiz describe cómo, al instalarse en comunidades indígenas, la minería trae consigo colonos mestizos, lo que dispara la explotación de recursos, la inseguridad, la prostitución, el trabajo infantil y el narcotráfico.

“La minería cambia drásticamente la dinámica social y económica. Hay mucho movimiento de dinero por la compra y venta de oro, y eso abre la puerta a capitales ilícitos. Se incrementa la trata de personas, la prostitución y la venta de drogas”, alerta.

Además, destaca que históricamente ninguna instalación minera hay dejado desarrollo para los poblados. “No han superado los índices de pobreza pese a tener actividad minera por décadas. Lo que nos quedan son ruinas, desastres ambientales, enfermedades y un saqueo económico”, afirma.

Desde su rol como director de la Fundación del Rio, el ambientalista segura que la entrada de inversionistas chinos no augura mejoras.

“La experiencia en América Latina demuestra que las empresas chinas no respetan derechos humanos, laborales ni ambientales. Actúan con estándares mucho más bajos, sin transparencia, sin estudios de impacto ambiental, sin medidas de control ni remediación. Hay denuncias de corrupción, imposiciones y resistencia de las comunidades indígenas en cada lugar donde se instalan”, explica.

“El oro no se come”

En el corazón de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Estela Watler una lideresa comunitaria, ha seguido y vivido desde el terreno, la expansión minera en el país y, en particular, en los territorios indígenas. Estela nos pide también que nos reservemos su nombre para evitar represalias de las autoridades.

“Es una sorpresa que las concesiones han afectado a más del 30% del territorio nacional. En las Regiones Autónomas la actividad minera se explotaba de forma industrial en el Triángulo Minero (Bonanza, Rosita, Siuna), sin embargo, sorprende que las concesiones están (ahora) en cualquier parte de nuestros territorios indígenas y afrodescendientes”, explica.

Watler cuestiona la falta de planificación y el abandono de la conservación ambiental, porque “pareciera que ya no hay un plan de desarrollo sostenible en el país y menos en las Regiones Autónomas, en donde la conservación de los bosques es de vital importancia para la sostenibilidad de nuestras vidas. El discurso de la protección de las reservas, las declaraciones de los sitios RAMSAR (sitios de importancia internacional por la conservación de la biodiversidad y para el sustento humano) o de otras áreas que protegen flora y fauna ya a nadie les importa, y menos al gobierno”, subraya.

Aunque en su comunidad aún no ha visto operaciones mineras directas, Watler observa con inquietud “la presencia de personas de China en el comercio de la ciudad en que vivo. No sé si están ligados también a la minería, pero llama la atención que esta actividad se da al mismo tiempo que las concesiones en la reserva al sureste del país”.

Denuncia que en el Caribe Sur las concesiones mineras coinciden con la construcción de carreteras, y que en el Caribe Norte la expansión es aún más intensa, lo que “tiene con mucha preocupación a la población indígena y afrodescendiente, que ha logrado sobrevivir en muchos casos de la minería artesanal”.

Aunque la minería podría dar empleos, ella lo considera un espejismo. “La minería podría ofrecer oportunidades laborales, pero a un costo alto para la población. Ya se conocen accidentes fatales de jóvenes que solo tienen esa posibilidad de ingreso arriesgando la vida. Pero la minería no es garantía de prosperidad, y esto lo sabemos en la Costa Caribe, porque la historia sobre la minería ha dejado a muchas familias con daños considerables a la salud, y seguimos siendo pobres”.

Para ella, el régimen Ortega Murillo está vendiendo la vida misma de los pueblos. “Las concesiones son una venta del patrimonio de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y eso lo está haciendo el Estado nacional”, sentencia.

La líder en el Caribe Sur expresa que las comunidades indígenas y afrodescendientes del país viven en abandono y que “una concesión comunal por 25, 50 años o perpetua significa la muerte para nuestras comunidades. Es exponerlas a que modifiquen su forma de vida sin una alternativa mejor, porque el Estado utiliza la fuerza y el poder para diezmar a una comunidad”, dice.

“No es posible que nuestras comunidades sobrevivan de la minería porque se necesita de la tierra para sembrar y para comer. Al contrario, el oro no se puede comer cuando hay hambre; nuestros hijos y nietos tendrán que comprender esto”, concluye.