Las mujeres no están a salvo en los cuarteles: el Ejército calla tras dos femicidios en instalaciones militares

El 21 de agosto de 2025, el mayor Enmanuel Flores asesinó con un arma blanca a su pareja, la teniente Teresa Vega Treminio, dentro del Estado Mayor del Ejército, en Managua. Según versiones de medios de propaganda del régimen sandinista, el agresor se suicidó tras cometer el crimen. Las autoridades militares no lo confirmaron. Ni el Ejército, en cuyas instalaciones ocurrió el asesinato, ni la Policía, encargada de la investigación penal, emitieron un solo comunicado sobre el caso.

Exactamente un año antes, el 22 de agosto de 2024, Giovanni Fonseca Mendieta mató a puñaladas a su expareja Ericka Judith Martínez Sandoval dentro de la capilla del Hospital Militar. Pese a tratarse de un recinto bajo control castrense, tampoco hubo declaración institucional. En ambos hechos, la violencia machista irrumpió en espacios que concentran jerarquía, disciplina y mando, pero no generó ni investigación pública ni sanción visible.

La ausencia de respuesta institucional, coinciden especialistas, no es casual. Es parte de una política de encubrimiento sistemático que deja a las mujeres dentro de las filas del Ejército y la Policía en una condición de vulnerabilidad estructural.

"Las mujeres en la Policía y en el Ejército se enfrentan sistemáticamente a la violencia machista que escoge silenciar cualquier agresión machista en contra de ellas. Es muy conocido que tanto en la Policía como en el Ejército los abusos sexuales, las agresiones de los hombres contra las mujeres y hasta las violaciones son silenciadas y generalmente, ignoradas. No se toman medidas disciplinarias contra los agresores", advierte la defensora de derechos humanos Ana Quirós. 

Para el especialista en temas militares Javier Meléndez, esta situación se agrava aún más en contextos autoritarios como el de Nicaragua, donde el Ejército y la Policía operan con impunidad y subordinados a un régimen autoritario, que utiliza a las instituciones de seguridad como pilares de control político, y no como garantes de derechos.

“Cuando ocurre un crimen tan grave como femicidios dentro de instalaciones militares, la institución no solo debiera tener la responsabilidad legal de garantizar la investigación y poner a disposición de la justicia a los responsables, sino también la obligación ética de reconocer el hecho públicamente y activar protocolos de transparencia. Pero Nicaragua es todo lo opuesto a un Estado asentado en pilares democráticos. En un país con instituciones democráticas, el Ejército debería coordinar con la Policía y el Ministerio Público para asegurar un debido proceso, además de ofrecer garantías a la familia de la víctima. En Nicaragua eso no va suceder”, indica Meléndez.

Doble rasero informativo

Mientras los femicidios ocurridos dentro de instalaciones militares no generaron ningún pronunciamiento por parte del Ejército o la Policía, otros hechos de menor gravedad, pero con potencial político son objeto de comunicación inmediata. En casos que involucran a figuras opositoras, líderes religiosos o personas consideradas incómodas para el régimen, las instituciones de seguridad emiten comunicados con prontitud, difundidos ampliamente por medios propagandistas. 

La diferencia en el tratamiento revela un patrón institucional en la cual el silencio se impone cuando los hechos afectan la imagen interna del aparato represivo, y la exposición se reserva para reforzar su narrativa de control.

En junio de 2025, la Policía emitió una nota de prensa para exhibir al sacerdote Pedro Méndez, acusado de conducir ebrio. El propio parte reconocía que iba como copiloto. Aun así, su caso fue replicado con estridencia en medios oficialistas. Lo mismo ocurrió en 2024, cuando el Ejército divulgó un comunicado sobre la retención del líder caribeño Steadman Fagoth. Su captura era competencia de la Policía, pero la institución armada se anticipó con una declaración que le permitió proyectar control.

Sin protocolos ni justicia

Más allá del silencio, para la feminista y experta en género María Teresa Blandón, estos crímenes evidencian una falla estructural que no puede desvincularse del machismo institucionalizado que reina en los cuerpos armados del país.

Según Blandón, el silencio institucional tras ambos crímenes no solo agrava la negligencia para la prevención de los femicidios sino que refleja la indolencia  y falta de responsabilidad institucional por la seguridad de las mujeres que laboran para estas instituciones. 

“El costo del silencio oficial –en este caso del propio Estado Mayor del Ejército, pero también del régimen Ortega Murillo–, lo que nos dice es que no hay preocupación por la vida, por la integridad, por proteger la integridad de las mujeres… Están estos dos casos que es gravísimo que las hayan asesinado en las propias instalaciones del Ejército” señaló.

También señaló que el Estado Mayor del Ejército debió, al menos tras el primer femicidio ocurrido en el Hospital Militar, anunciar medidas concretas como reforzar políticas de prevención, diseñar protocolos para atender denuncias de forma oportuna y establecer sanciones claras contra los agresores.

“Este silencio, que también es una expresión de impunidad, es el caldo de cultivo que alienta la violencia en general y la violencia machista en particular”, alertó.

La impunidad como norma

El patrón de encubrimiento no es nuevo. Desde 2007, el régimen Ortega-Murillo desmanteló los marcos legales que protegían a las mujeres y vació de contenido la Ley 779 contra la violencia. Reformó su reglamento en condiciones irregulares, eliminando el enfoque de género y debilitando la institucionalidad.

Para la experta en género y derechos humanos, Azahálea Solís, la falta de respuesta del Ejército y la Policía no es un descuido comunicacional, sino el reflejo de una cultura institucional moldeada por la impunidad y la ausencia de controles democráticos. 

Señala que en Nicaragua, el autoritarismo ha desmantelado los marcos legales de protección a las mujeres, y naturalizado un modelo de poder en el cual no existen límites ni responsabilidad pública. Lo vincula directamente con el deterioro del Estado de derecho y el fortalecimiento de estructuras patriarcales que colocan a las mujeres en una situación de alto riesgo, incluso dentro de instituciones que deberían garantizar su integridad.

“No es solamente un silencio institucional. Es una práctica generalizada de irrespeto a los derechos de las personas. Este silencio, la impunidad, la ausencia de derecho, fortalece la narrativa del gobierno, de la dictadura, en contra de la vida y la integridad de las mujeres. Y no hay que olvidar un hecho clave: quien ostenta la Presidencia de Nicaragua es una persona acusada de un delito grave contra la integridad de una mujer. Esa es la génesis del sentido de impunidad que hoy pesa sobre la vida de las mujeres en este país”, recordó Solís.

Del silencio al encubrimiento

Tanto Quirós como Blandón coinciden en que las mujeres que intentan denunciar enfrentan escarnio, aislamiento y represalias dentro de las filas. No existe acompañamiento, ni protección, ni sanción para los agresores.

“La Policía y el Ejército tienen comportamientos cómplices de la violencia machista”, insiste Quirós. “De poco sirven las declaraciones de igualdad de género cuando las acciones demuestran lo contrario”.

En el contexto centroamericano, Nicaragua destaca por su opacidad institucional. A diferencia del resto de países de la región, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no publica estadísticas oficiales sobre femicidios, lo que obliga a depender de registros elaborados por organizaciones independientes para conocer la dimensión real de la violencia contra las mujeres.

Uno de esos registros es el que realiza Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que contabilizó 91 femicidios durante 2024, de los cuales 23 ocurrieron fuera del país, lo que evidencia que la violencia de género trasciende las fronteras y acompaña a las mujeres nicaragüenses incluso en el exilio. Con esta cifra, Nicaragua se ubicó como el tercer país con mayor incidencia de femicidios en Centroamérica.

En lo que va de 2025, hasta el 21 de agosto, el medio digital La Lupa ha registrado 31 femicidios. La última víctima es la teniente Teresa Vega. Hasta ahora, el Ejército no ha informado si reforzó protocolos, si sancionó a algún superior, si activó mecanismos de prevención, o sí acompañó a la familia doliente. La Policía tampoco ha comunicado avances en las investigaciones.