Al Parasni, ¡Los Mayangnas estamos aquí!

Siete años han pasado desde que miles de nicaragüenses se han visto obligados a desplazarse hacia Costa Rica y otros países del mundo por motivos de los constantes ataques a los derechos humanos por parte del régimen Ortega - Murillo, sin embargo, son alrededor de 46 años que las comunidades indígenas de Nicaragua están en resistencia por los mismos motivos y actualmente, gran parte de ellas, como la comunidad Mayagna, viven en el exilio. 

Al Parasli quiere decir “Valiente”, en mayangna, adjetivo que se siente en los ojos y en la voz de a quien llamaremos Wihta y que ha preferido mantenerse en el anonimato. Wihta vive su exilio en Costa Rica y es activista por los derechos de la comunidad Mayangna y sus territorios. Empezó su camino en la defensa de los derechos humanos al entrar en la universidad, en la cual de cinco mil alumnos, solo tres eran Mayagnas y vivieron  discriminación constante. 

“No era parte del plan del pueblo mayangna exiliarse y este no es el primer exilio, en el año 1998 muchos se exiliaron en Alemania, Estados Unidos y México. Estos mayangnas también fueron líderes comunitarios y actuaron en el primer período del gobierno sandinista, antes de Violeta Barrios. Ellos trataban de decirle al gobierno que hacía falta participación en espacios públicos de los mayangnas, que no estábamos bien asistidos. Fueron señalados de opositores, unos fueron secuestrados y amenazados de penas de muerte. Otro grupo de exilio que se da fue en el año 2000, por la misma situación.” — Sostiene Wihta. 

En el 2021, los niveles de persecución hacia líderes mayangnas se intensificó y ocasionó una nueva oleada de exilio, persecución que continúa incluso en territorio costarricense. “Muchos hemos salido de Nicaragua por asedio, otros por falta de empleo y otros por invasión, porque sus tierras están siendo arrebatadas con violencia.” 

Durante el año 2023, la comunidad indígena Mayangna Wilú vivió una nueva masacre por alrededor de 60 personas reconocidas como colonos que estaban armadas. Cinco personas indígenas murieron, hubo dos heridos y todas las casas fueron quemadas. Estos ataques se han encrudecido desde el año 2020, siendo las comunidades de Alal, Kiwakumbaih y Wilú las más afectadas, según el Centro de Asistencia legal para Pueblos Indígenas CALPI. 

Para una grupo de personas cuya identidad está íntimamente ligada con el contacto con la naturaleza, desplazarse forzosamente ha representado un impacto socioemocional colectivo e individual. Acostumbrados a la pesca y la agricultura y comunicarse en su lengua materna, ahora se enfrentan a una nueva realidad: la ciudad de San José, Costa Rica. 

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“Hay decaimiento, muchos y muchas no queremos comer, nos hace falta bañarnos en los ríos, es muy complejo porque no tenemos otra manera más que adaptarnos y sobrevivir en medio de circunstancias que nos tocan. Si estamos aquí, podremos vivir un día más. Hay quienes han asimilado de una mejor forma, con acompañamiento psicológico.”

Wihta narra que cuando llegó a Costa Rica, estuvo llamando por dos meses a migración y no pudo concertar una cita para regularizarse. “Busqué organizaciones, pero solo una de ellas me ayudó. Me contacté con la Fundación Entre Hermanos, fundada por la comunidad indígena Miskita, quienes tienen diez cupos para recibir con acompañamiento los servicios migratorios. Yo fui a hacer fila a Migración, tuve que ir a dormir en las afueras, con mucho miedo, un domingo a mediodía, para tener mi cupo el lunes en la mañana.”

En noviembre del 2022, el gobierno de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica realizó reformas al Reglamento de Personas Refugiadas que afectó los derechos fundamentales de las personas solicitantes de refugio, entre ellas; un plazo de 1 mes para presentar la solicitud de refugio a partir del día de ingreso al país. Dicha legislación migratoria obligaba a quienes necesiten solicitar refugio en Costa Rica, a presentarse en las oficinas de la Unidad de Refugio para esperar uno de los 50 cupos que están entregando diariamente a las 5:00 de la mañana. Toda la reforma fue cuestionada por la Sala Constitucional de Costa Rica y restablecida en 2024. 

“Si sabemos que va a exiliarse un Mayanga, hacemos las gestiones posibles para que no pase lo que hemos pasado nosotros. Yo hago un llamado a las organizaciones de derechos humanos en Costa Rica a que hagan un estudio sobre cuántas poblaciones indígenas nicaragüenses estamos en el exilio en estos momentos, cuanta población de mayangnas, cuantas de ramas, garífunas, que sirva para toma de decisiones en el presente y futuro. ” - Expresa Wihta al consultarle sobre los desafíos ante el acceso a derechos y servicios migratorios. 

“En los últimos ocho meses se ha duplicado el número de nicaragüenses refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica. Los desplazados suman más de 150.000, el 3% de la población total de Costa Rica, de 5.000.000” según datos oficiales de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Los Refugiados ACNUR. La comunidad Mayangna en el exilio continúa resistiendo a través del fortalecimiento de redes de apoyo y divulgación de la actual situación que se continúa viviendo dentro de Nicaragua y sus territorios. 

—Wihta, gracias por la entrevista, ¿algún último mensaje? 

— Si, A la comunidad internacional, quiero decirles que estamos aquí, estamos presentes como pueblo. No estamos aquí porque queremos, sino como producto de nuestras luchas, de donde venimos es una región boscosa, declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y está siendo destrozada por el Estados de Nicaragua, tienen un plan de exterminio hacia las comunidades indígenas. No hay espacio para tomas de decisiones en consenso, los liderazgos están siendo manipulados y  es un problema que después de más de 500 años de lucha, continuamos divulgando y haciéndolo visible. Nuestra reserva Bosawás no es solo nuestra, es de todo el mundo. Queremos que nos escuchen y que se de cuenta que nuestros problemas son reales. Si no nos atienden y no nos escuchan un día solo nos van a leer en los libros de historia, que alguna vez existimos, pero si nos escuchan, podremos continuar viviendo.

Según un artículo publicado por el Centro por la Justicia y el Derechos internacional CEJIL, desde febrero de 2013, los gobiernos territoriales mayangnas solicitaron al Estado de Nicaragua decretar estado de emergencia en las comunidades mayangnas y específicamente en la Reserva de Bosawás. 

La CIDH otorgó medidas cautelares para salvaguardar la vida de los Mayangnas y pidió al Estado nicaragüense su cumplimiento, puesto que, entre abril de 2018 y enero de 2021, la invasión de colonos en territorios indígenas Miskitu y Mayangna dejó un saldo de 17 indígenas asesinados, 31 heridos (incluyendo golpes y violencia sexual), 10 desaparecidos, 53 nuevas familias desplazadas y 37 propiedades calcinadas o destruidas. Durante el 2021 se denunciaron otra serie de agresiones, entre ellas, la masacre de 11 pobladores indígenas Miskito y Mayangna en el territorio indígena Mayangna Sauni As. Dicha solicitud de protección fue ignorada.