Ortega y Murillo entregan otras tres propiedades al INSS en medio de confiscaciones

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la transferencia de otras tres propiedades del Estado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mediante dos acuerdos presidenciales publicados este 12 de agosto de 2026 en La Gaceta, Diario Oficial, en medio de un proceso de traspaso de inmuebles que durante los últimos años ha incluido propiedades confiscadas a opositores y otros sectores perseguidos por el Gobierno.

Los acuerdos presidenciales 113-2026 y 114-2026, firmados el 11 de agosto por Ortega y Murillo, autorizan a la Procuradora General de Justicia y al presidente del INSS a comparecer ante la Notaría del Estado para formalizar las escrituras públicas de donación.

El Acuerdo Presidencial 113-2026 contempla dos propiedades ubicadas en el departamento de Rivas. Los inmuebles aparecen identificados únicamente mediante los Números Absolutos de Propiedad (NAP) BI-2L3Z000J y BI-2L3TQ5IT, correspondientes al Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias de ese departamento.

Por su parte, el Acuerdo Presidencial 114-2026 autoriza la entrega de otro inmueble ubicado en Managua e identificado con el NAP BI-2L3TPXR2.

En ambos documentos, el régimen sostiene que las propiedades pertenecen al Estado de Nicaragua y que su transferencia tiene como finalidad “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”, aumentar su cobertura y fortalecer la capacidad institucional para ejecutar proyectos.

Sin embargo, los acuerdos no especifican la extensión de los tres terrenos, su dirección exacta, el uso que actualmente tienen, su valor económico ni detallan cómo pasaron a formar parte del patrimonio estatal.

Antecedentes de propiedades confiscadas entregadas al INSS

Las nuevas transferencias se producen después de una serie de donaciones de inmuebles al INSS realizadas por el régimen, entre las cuales se han identificado propiedades confiscadas a opositores.

Una investigación publicada por CONFIDENCIAL en marzo de 2025 contabilizó 113 propiedades entregadas al INSS entre agosto de 2024 y marzo de 2025. Según esa revisión, en 109 de esos inmuebles el Gobierno omitió información como extensión, número catastral y ubicación específica.

Entre las propiedades identificadas se encontraba la isleta Zompopera, confiscada al economista y opositor Juan Sebastián Chamorro, quien fue encarcelado, posteriormente desterrado y despojado de su nacionalidad en febrero de 2023. La propiedad fue transferida al INSS mediante el Acuerdo Presidencial 135-2024.

Ese antecedente permite establecer que parte de los inmuebles que el régimen ha presentado oficialmente como propiedades estatales y posteriormente ha donado al INSS provienen de confiscaciones ejecutadas contra opositores.

Confiscaciones forman parte del patrón represivo

El traspaso de propiedades ocurre además en un contexto en el que organismos internacionales han documentado el uso de las confiscaciones contra personas consideradas opositoras al régimen.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas documentó que muchas víctimas de la desnacionalización también sufrieron la confiscación de propiedades y cuentas bancarias. El organismo registró además casos en los que familiares de las personas perseguidas fueron afectados con confiscaciones.

Más recientemente, mecanismos de Naciones Unidas volvieron a señalar en marzo de 2026 la existencia de un patrón amplio de violaciones de derechos humanos en Nicaragua que incluye privación arbitraria de la nacionalidad, exilio forzado, clausuras y confiscación de bienes.

La transferencia de bienes confiscados no se ha limitado al INSS. Una investigación publicada en abril de 2026 documentó que al menos 15 propiedades confiscadas habían sido utilizadas por el Ministerio de Salud para establecer diferentes centros de atención sanitaria.

Nuevas propiedades sin ubicación precisa

Los acuerdos publicados ahora siguen un patrón de información limitada. Aunque incluyen los números absolutos de propiedad y señalan que dos inmuebles están en Rivas y uno en Managua, no proporcionan direcciones específicas ni dimensiones.

Los documentos también autorizan al presidente del INSS a presentar ante el Consejo Directivo de la institución la aceptación de las donaciones y facultan a la Procuradora General de Justicia para ejecutar los procedimientos jurídicos, administrativos, notariales y registrales necesarios.

La transferencia se suma a otra autorizada apenas una semana antes. Mediante el Acuerdo Presidencial 112-2026, fechado el 4 de agosto, Ortega y Murillo autorizaron la donación al INSS de una propiedad estatal ubicada en el departamento de Granada.

De esta manera, solo mediante los acuerdos presidenciales 112, 113 y 114 de 2026, el régimen ha autorizado durante agosto el traslado de al menos cuatro propiedades hacia el Seguro Social: una en Granada, dos en Rivas y una en Managua.