Empresa china obtiene explotación minera en San Juan de Limay

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó una concesión minera por 25 años a la empresa NEW ERA MINING DEVELOPMENT COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA, una compañía representada por un empresario de origen chino, para desarrollar actividades de exploración y explotación minera en el municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí.

La resolución fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, bajo el Título de Concesión Minera No. 010-PGJ-DGM-2026, emitido por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia. El documento establece que la concesión comprende un área de 1,800 hectáreas en el lote denominado “Loma Monte Redondo”. 

Según la certificación oficial, la empresa presentó la solicitud el pasado 4 de marzo de 2026 y argumentó cumplir con los requisitos técnicos, legales y catastrales establecidos por la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas y su reglamento. El representante legal señalado en el documento es Bo Tong, identificado como empresario nacional de la República Popular China. 

El acuerdo concede derechos exclusivos para la exploración, explotación y establecimiento de plantas de beneficio sobre sustancias minerales dentro del área autorizada. Además, el documento establece que la concesión constituye un “derecho real inmobiliario” independiente de la propiedad del terreno, permitiendo incluso que pueda ser cedida, arrendada o fusionada con otras concesiones previa autorización estatal. 

La resolución detalla una serie de obligaciones para la empresa concesionaria, entre ellas el pago de derechos superficiales por hectárea, regalías equivalentes al 3% del valor de las sustancias extraídas y la presentación periódica de informes sobre producción y actividades mineras. También deberá cumplir con normas ambientales y de seguridad laboral, así como solicitar permisos a propietarios de terrenos privados antes de iniciar trabajos mineros. 

El régimen además exige a la empresa presentar un proyecto integral de explotación minera dentro de los tres meses posteriores al inicio de vigencia de la concesión. Este deberá incluir las diferentes fases del proyecto y la calendarización de las actividades previstas. 

Otro de los puntos establecidos indica que la empresa tendrá un plazo máximo de cuatro años para iniciar actividades de exploración dentro del lote minero, prorrogable por un año adicional. Antes de comenzar operaciones deberá contar con el correspondiente permiso ambiental emitido por las autoridades competentes. 

El régimen sandinista ha impulsado acuerdos de cooperación, inversiones y proyectos estratégicos con empresas y entidades chinas, incluyendo iniciativas relacionadas con infraestructura, energía y recursos naturales.

En los últimos años, organizaciones ambientalistas y sectores opositores han advertido sobre la expansión de concesiones mineras en Nicaragua y sus posibles impactos sobre comunidades rurales, fuentes de agua y reservas naturales, especialmente en zonas del norte del país donde históricamente han existido conflictos ambientales ligados a la actividad extractiva.