Régimen concede concesión minera a empresa Nicaragua Zhongwei Minería Grupo tras sanciones de EE.UU

El régimen de Nicaragua otorgó un tercer permiso minero en menos de una semana, en medio de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra figuras vinculadas al sector aurífero. La nueva concesión fue otorgada nuevamente a la empresa Nicaragua Zhongwei Minería Grupo, Sociedad Anónima, convirtiéndose en el segundo permiso que recibe esta misma compañía en pocos días.

De acuerdo con la certificación oficial emitida por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia, el Estado nicaragüense concedió a la empresa de capital chino una concesión minera en el lote denominado Acacia, con una extensión de 41,204.25 hectáreas. 

El área concesionada se ubica en los municipios de La Cruz de Río Grande y Paiwas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, así como en Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La autorización otorga a la empresa derechos exclusivos para la exploración y explotación de minerales, así como para la instalación de plantas de procesamiento dentro del área delimitada.

Esta nueva concesión se suma a un permiso previo otorgado a la misma empresa, lo que refuerza la tendencia del régimen de concentrar las licencias mineras en manos de compañías extranjeras, particularmente de origen chino. En total, este es el tercer permiso minero aprobado tras las sanciones anunciadas recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones están dirigidas a individuos y empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro en Nicaragua, a quienes acusa de contribuir al financiamiento del régimen y al sostenimiento de su control político.

La certificación detalla que la empresa deberá cumplir con una serie de obligaciones, entre ellas el pago de derechos de vigencia por hectárea, regalías del tres por ciento sobre el valor de los minerales extraídos y la presentación de informes periódicos sobre sus operaciones. 

Asimismo, la concesión tiene una vigencia de 25 años, periodo durante el cual la empresa podrá desarrollar actividades de exploración y explotación, siempre que cumpla con los requisitos ambientales y legales establecidos por la normativa vigente. 

La entrega de estos permisos ocurre en un contexto de creciente cuestionamiento internacional hacia el modelo extractivo impulsado por el régimen. Organizaciones ambientalistas han advertido que Nicaragua ha destinado una porción significativa de su territorio a la minería, incluyendo zonas protegidas y territorios indígenas.

En este escenario, la reiteración de concesiones a una misma empresa y la aceleración en la aprobación de permisos tras las sanciones internacionales refuerzan las críticas sobre la estrategia del régimen de sostener sus ingresos a través del sector minero, pese a los riesgos sociales, ambientales y políticos que esto implica.