CETCAM: Remesas y deuda marcan el frágil rumbo económico de Nicaragua en 2026

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para la economía de Nicaragua, caracterizada por una aparente estabilidad macroeconómica que, sin embargo, descansa sobre bases frágiles y altamente dependientes de factores externos, así lo advierte el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) en el informe “Perspectivas – Edición No. 190”, que analiza el comportamiento económico del país en un contexto de tensiones políticas internas y presiones internacionales. 

Aunque los indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilidad, esta no se traduce en mejoras reales en las condiciones de vida de la población. El crecimiento económico proyectado para 2026 oscila entre el 2.5% y el 3.4%, cifras moderadas en comparación con otros países de la región. Este crecimiento ocurre tras una recuperación parcial luego de la contracción registrada entre 2018 y 2021. 

Uno de los pilares fundamentales de la economía nicaragüense continúa siendo el flujo de remesas familiares, que representan más del 25% del Producto Interno Bruto. Este ingreso externo impulsa el consumo interno, pero también evidencia una fuerte dependencia del contexto migratorio y económico de Estados Unidos, país del cual proviene la mayoría de estos recursos. 

En paralelo, las exportaciones han mostrado un incremento reciente, principalmente en productos como el oro y el café, cuyos precios internacionales han experimentado alzas significativas. Sin embargo, este crecimiento responde más al comportamiento de los mercados globales que a un aumento estructural en la capacidad productiva del país. 

A pesar de estos indicadores, la inversión extranjera directa ha mostrado señales de debilidad. Durante el primer trimestre de 2025, se registró una caída del 16% en comparación con el mismo período del año anterior, con una leve recuperación posterior. Este comportamiento refleja un entorno de incertidumbre para los inversionistas, marcado por advertencias sobre riesgos asociados a la falta de seguridad jurídica y posibles abusos estatales. 

El informe también señala un cambio en el origen de la inversión extranjera, con una disminución de la participación estadounidense y un aumento de capital proveniente de países como Panamá y Barbados. Este fenómeno ha sido vinculado a esquemas de intermediación financiera y posibles mecanismos de triangulación de capitales. 

Otro factor de presión sobre la economía es el incremento de la deuda externa, que al cierre de 2025 alcanzó los 16,245 millones de dólares, equivalentes al 82% del PIB. Nicaragua ha pasado a ser considerada un “pagador neto de deuda”, lo que implica que una parte significativa de los recursos obtenidos se destina al pago de intereses y obligaciones previas, limitando la capacidad de inversión en desarrollo. 

En el ámbito comercial, las medidas adoptadas por Estados Unidos también han tenido impacto. En 2025 se estableció un cronograma de aranceles adicionales como respuesta a cuestionamientos sobre derechos humanos y laborales. Aunque inicialmente se fijaron incrementos progresivos, posteriormente se ajustó la política hacia un arancel global del 15% con vigencia temporal. 

A nivel interno, la economía cotidiana presenta un panorama más complejo. Más del 80% de la población considera que sus ingresos no son suficientes para cubrir el costo de la canasta básica, que supera los 21,000 córdobas. Esta brecha evidencia una desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad de los hogares. 

El mercado laboral también refleja señales de deterioro. Desde 2018 se han perdido alrededor de 100,000 empleos formales, lo que ha incrementado la informalidad y debilitado el sistema de seguridad social. Esta situación reduce el número de cotizantes y agrava la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que enfrenta riesgos de sostenibilidad a mediano plazo. 

A estos desafíos se suma la presión inflacionaria, con proyecciones que sitúan la inflación entre el 4% y el 6% para 2026. Factores externos, como el incremento en los precios del petróleo debido a tensiones geopolíticas, podrían impactar el costo de vida, especialmente en los sectores más vulnerables. 

El informe también destaca la persistencia de prácticas de corrupción y abusos de poder como elementos estructurales que afectan el desempeño económico. Estas prácticas incluyen el uso indebido de recursos públicos, confiscaciones y la concentración de poder económico en torno a estructuras vinculadas al gobierno. 

En este contexto, la economía nicaragüense enfrenta un escenario de contrastes: estabilidad macroeconómica por un lado, pero fragilidad estructural por otro. La dependencia de factores externos, la debilidad institucional y las condiciones internas limitan las perspectivas de crecimiento sostenido y ponen en evidencia los retos que enfrenta el país en el corto y mediano plazo.