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EEUU abre investigación comercial contra Nicaragua por prácticas vinculadas al trabajo forzoso

El gobierno estadounidense activó un proceso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para evaluar si Managua y otras 59 economías permiten la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso

Marzo 13, 2026 10:51 AM
EEUU abre investigación comercial contra Nicaragua por prácticas vinculadas al trabajo forzoso

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el inicio de investigaciones contra 60 economías del mundo, entre ellas Nicaragua, para determinar si sus políticas relacionadas con la prohibición de bienes producidos con trabajo forzoso son insuficientes o discriminatorias y si afectan negativamente al comercio estadounidense.

La medida se enmarca en la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Washington investigar y responder a prácticas comerciales consideradas desleales por parte de gobiernos extranjeros.

Según el anuncio oficial, las investigaciones evaluarán si los países no han impuesto ni aplicado de manera efectiva restricciones contra la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso, lo que podría generar una ventaja competitiva artificial frente a empresas estadounidenses

Washington denuncia competencia desleal

El embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que el problema del trabajo forzoso sigue afectando al comercio global pese a los acuerdos internacionales para erradicarlo.

“A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente las medidas que prohíben la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzoso”, afirmó Greer.

El funcionario sostuvo que esta situación ha obligado a trabajadores y empresas estadounidenses a competir con productores extranjeros que se benefician de costos artificialmente bajos, derivados de prácticas laborales abusivas.

Cómo funciona la investigación

Las investigaciones iniciadas por el USTR examinarán si las acciones, políticas o prácticas de los países investigados son irrazonables o discriminatorias y obstaculizan el comercio estadounidense.

Como parte del proceso, Washington solicitó consultas formales con los gobiernos de las economías investigadas, incluido el de Nicaragua.

Además, se celebrarán audiencias públicas el 28 de abril de 2026. Los interesados podrán presentar comentarios por escrito antes del 15 de abril de 2026. También se habilitarán expedientes públicos para testimonios y documentación relacionada con la investigación.

Los países bajo investigación

La investigación anunciada por Estados Unidos alcanza a 60 economías consideradas entre sus principales socios comerciales. Entre los países y territorios incluidos en el proceso figuran Argelia, Angola, Argentina, Australia, Las Bahamas, Baréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador y la Unión Europea.

También aparecen en la lista Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

La inclusión de Nicaragua en esta lista coloca al país bajo escrutinio comercial de Washington, en un momento en que las relaciones entre Managua y Estados Unidos atraviesan uno de sus períodos más tensos en décadas.

Posibles consecuencias

Las investigaciones bajo la Sección 301 pueden derivar en medidas comerciales por parte de Estados Unidos, que van desde negociaciones con los países implicados hasta restricciones comerciales, aranceles u otras acciones correctivas si se determina que existen prácticas que afectan al comercio estadounidense.

El proceso ahora entra en una fase de consultas, análisis técnico y audiencias públicas antes de que Washington determine si adoptará medidas contra los países investigados.

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