Economistas advierten que nuevo salario mínimo mantiene pobreza laboral

El reciente ajuste del salario mínimo aprobado en Nicaragua ha generado fuertes críticas entre economistas y analistas, quienes consideran que el incremento del 4% es insuficiente para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Según especialistas, el nuevo salario mínimo continúa muy por debajo del costo real de la canasta básica, lo que mantiene a una gran parte de la población en condiciones de pobreza laboral.

El régimen de Nicaragua, junto con sindicatos sandinistas y representantes empresariales afines al oficialismo, fijó el salario mínimo promedio en 9.237,86 córdobas mensuales, equivalentes a unos 252 dólares. El aumento comenzará a aplicarse a partir del 1 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 28 de febrero de 2027.

De acuerdo con datos oficiales, el ajuste beneficiará a unos 325.000 trabajadores en nueve sectores de la economía nacional. Sin embargo, el incremento solo cubre el 43,6 % del costo de la canasta básica, lo que ha sido señalado como una de las principales debilidades de la medida.

Pobreza laboral generalizada

El economista y sociólogo Óscar René Vargas afirmó que el aumento salarial no modifica la situación estructural de los trabajadores nicaragüenses, cuyos ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

“Esto hay que compararlo con el costo de la canasta básica, que es más o menos 568 dólares. Es decir que el salario mínimo va a poder comprar aproximadamente un 35 o un 40 % como máximo”, explicó Vargas en declaraciones a 100% Noticias.

Para el especialista, la diferencia entre los salarios y el costo de la vida provoca que la mayoría de trabajadores permanezca en condiciones de pobreza.

“Lo que significa que la gente vive en pobreza laboral. La pobreza laboral es cuando la persona, sus ingresos son inferiores al costo de una canasta básica”, señaló.

Según sus estimaciones, más de la mitad de la población económicamente activa enfrenta esta situación. “Estamos hablando que más del 50 % de la población económicamente activa que tiene actividad laboral vive en pobreza laboral”, afirmó.

El economista advirtió que esta brecha salarial tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las familias.
“Eso significa que no pueden pagar para alimentarse los tres tiempos, es decir, para pagar el desayuno, el almuerzo y la cena”, indicó.

Además, citó datos de organismos internacionales que evidencian el impacto del problema alimentario. “De acuerdo a la FAO, el 30 % de la población de Nicaragua vive en insuficiencia alimentaria crónica, es decir, no come lo necesario para poder reproducirse tranquilamente”, explicó.

Vargas considera que la política económica actual no está orientada a mejorar el bienestar de los trabajadores. “La política económica del país favorece a los grandes empresarios”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la situación salarial del sector educativo. “De acuerdo al presupuesto de la República aprobado para el 2026, el salario promedio de un maestro de primaria y secundaria es de 10.000 córdobas”, explicó.

Esa cifra representa menos de la mitad del costo de la canasta básica. “Significa que el maestro puede comprar como máximo el 50 % de la canasta básica”, señaló.

También destacó que el problema afecta incluso a los trabajadores formales que cotizan en la seguridad social. “De acuerdo a los datos del Instituto de Seguridad Social, el 80 % de los trabajadores que cotizan tienen ingresos inferiores al costo de una canasta básica”, afirmó.

Una “burla” frente al aumento de precios

El economista Enrique Sáenz también criticó el ajuste salarial y aseguró que el incremento del 4 % representa una medida insuficiente frente al aumento de los precios.

“Me parece que es una burla en varios sentidos”, afirmó. Según Sáenz, el propio marco legal establece que el ajuste salarial debería considerar la inflación y el crecimiento económico.

“El mismo texto de la ley dice que el ajuste debe ser como mínimo el aumento de los precios más el crecimiento económico”, explicó.

De acuerdo con el economista, si se tomaran en cuenta los datos oficiales, el incremento debió ser mayor. “Si nos atenemos a los datos oficiales, este aumento debería haber sido alrededor del 7 % y no del 4 %”, señaló.

Para Sáenz, el principal problema es que el incremento salarial queda muy por debajo del aumento de los precios de los alimentos.

“Solo en el mes de enero el costo de los alimentos se elevó en 417 córdobas”, explicó.

En comparación, el aumento salarial fue menor. “Cuando comparamos en cuánto se elevó el salario, en la industria manufacturera el aumento fue de 320 córdobas, pero la comida subía en 417”, indicó.

Esto significa que los trabajadores ya comenzaron el año con pérdida de poder adquisitivo. Con este ajuste ya empezaron a perder desde el mes de enero”, afirmó.

Para el economista, el incremento aprobado no solo es insuficiente, sino que podría agravar la situación económica de los trabajadores. “La burla más siniestra es que este ajuste, en lugar de mejorar, lo que receta es más hambre para centenares de miles de nicaragüenses”, señaló.

Un ajuste que no cambia la realidad económica

El nuevo salario mínimo establece diferentes montos según el sector económico. El salario más alto corresponde al sector de la construcción, establecimientos financieros y seguros con 13.848 córdobas mensuales.

Otros sectores como comercio, restaurantes, transporte y comunicaciones tendrán un salario mínimo de 11.350 córdobas, mientras que el sector agropecuario recibirá 6.188 córdobas.

En sectores como el gobierno central y municipal el salario mínimo será de 7.716 córdobas, mientras que en la micro y pequeña industria artesanal será de 6.519 córdobas.

Aunque el ajuste beneficiará a unos 325.000 trabajadores, economistas advierten que la medida no resuelve el problema estructural de los bajos salarios.

Para los especialistas, el principal desafío continúa siendo la diferencia entre el costo de la vida y los ingresos reales de la población.

En un contexto de inflación y aumento de precios de los alimentos, los analistas advierten que el incremento aprobado difícilmente mejorará las condiciones económicas de los trabajadores nicaragüenses, quienes seguirán enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas.