Régimen usa empresas chinas para blanquear concesiones de minera sancionada

El régimen de Nicaragua autorizó a una empresa minera sancionada por Estados Unidos a ceder totalmente una concesión minera a una compañía de origen chino, en una operación que expertos califican como un mecanismo para evadir sanciones internacionales y mantener activos proyectos extractivos vinculados a la dictadura.

Mediante el acuerdo ministerial No. 117-SBT-M-111-2025, emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se oficializó que la Compañía Minera Internacional S.A. (COMINTSA) “solicitó autorización para ceder totalmente los derechos de la concesión minera” sobre el lote denominado La Reyna II, con una extensión de 4,131.79 hectáreas, ubicado en los municipios de San Ramón y Matagalpa, en el departamento de Matagalpa, a la empresa china Thomas Metal S.A..

Aunque en el documento oficial COMINTSA aparece representada por Nelson Francisco Sobalvarro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló previamente que la empresa nicaragüense estaba vinculada a Salvador Mansell Castillo, entonces ministro del MEM. Por esa razón, desde el 15 de mayo de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a COMINTSA, lo que le impide operar dentro del sistema financiero internacional.

“Blanqueo de concesiones”, denuncia Fundación del Río

Para el director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, este procedimiento constituye un “blanqueo de concesiones”, una práctica que —según advierte— el régimen ha repetido para sortear las sanciones.

“(Comintsa) pasa este lote a esta empresa china Thomas Metal y esto es porque esa empresa, como ya está sancionada, no va a poder comercializar a través de esa figura legal”, explicó Ruiz en entrevista con 100% NOTICIAS.

“No sabemos qué convenio o qué inversión conjunta tienen con China, porque este lote está dentro de una de las áreas de reserva minera”, añadió.

Ruiz detalló que, al momento de la sanción, COMINTSA tenía dos lotes mineros dentro de una reserva que, de forma progresiva, han sido entregados a empresas chinas: Tutubaca y La Reyna II, ambos vinculados —según el ambientalista— a Salvador Mansell y a uno de los hijos de Daniel Ortega.

“Llama la atención que ambos lotes cambiaron de dueños este mes: uno pasó de una empresa china a otra empresa china, y este de una empresa nicaragüense a otra china”, subrayó.

Contratos opacos y costos ocultos

Ruiz recordó que la Ley de Minas permite que estas inversiones sean manejadas directamente por el MEM mediante contratos público-privados, lo que facilita asociaciones entre el Estado y empresas privadas sin transparencia.

“Entonces, al pasar de esta empresa del régimen a esta otra sociedad es una forma de blanquear, es decir, de poder habilitar nuevamente esta concesión y poder explotarla”, afirmó.

El investigador advirtió que se desconocen los términos reales de estas transferencias, así como los costos y beneficios que el Estado obtiene.

“No sabemos en cuánto se la vendieron, si se la vendieron, si son ellos mismos o si existe un nivel de sociedad más arriba entre el régimen y los inversionistas chinos”, cuestionó.

Según Ruiz, cuando una empresa es sancionada, queda fuera del sistema financiero, por lo que estas cesiones permiten reactivar concesiones que quedaron en “lista roja” por el riesgo que representan para las transacciones internacionales.

Un patrón repetido para evadir sanciones

El ambientalista señaló que este no es un caso aislado. “En el caso del lote Tutubaca pasó igual: se lo cedieron a una empresa minera china”, recordó.

También mencionó el caso del Plantel Los Ángeles, donde tras la expropiación se transfirió la administración a otra empresa, que posteriormente también fue sancionada, en una maniobra destinada a mantener activo el proceso extractivo.

Además, Ruiz advirtió sobre la existencia de empresas y personas testaferros utilizadas por el régimen para ocultar a los verdaderos beneficiarios. 

“No son empresas sancionadas directamente, pero los capitales o personas vinculadas al régimen se convierten en testaferros para manejar esas empresas”, explicó.

Citó como ejemplos a Xiloa S.A. y Global Group, compañías que —según denuncias previas— estarían vinculadas a estructuras del poder político y a antiguos negocios de Albanisa.

“Aparecen representantes legales en La Gaceta, pero así se oculta quiénes son los verdaderos dueños de esas concesiones”, afirmó Ruiz, al señalar que muchas de estas empresas no tienen trayectoria, experiencia ni presencia pública, lo que levanta serias sospechas sobre el origen del capital.

Concesiones rápidas y sin controles

Ruiz concluyó que las concesiones mineras vinculadas al régimen suelen otorgarse de forma acelerada, sin cumplir los procesos ordinarios, y que en las zonas donde se desarrollan los proyectos la población termina confirmando quiénes están detrás, especialmente cuando se producen expropiaciones, presencia policial o interrupción de actividades comunitarias.

“La gente empieza a saber quiénes están detrás de esto”, sostuvo, al advertir que el modelo extractivo impuesto por el régimen combina opacidad, represión y evasión sistemática de sanciones internacionales.