Todo el poder para Laureano: Zonas Económicas Especiales bajo control dinástico

El hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, asumió el control total de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), un proyecto estratégico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo orientado a atraer inversión extranjera —principalmente china— y a reducir la dependencia económica de Estados Unidos, según un reporte de Confidencial.

El control de Laureano Ortega Murillo quedó oficializado con la publicación del Reglamento de la Ley 1264, Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, aprobado por la Asamblea Nacional y divulgado en La Gaceta número 239 del 19 de diciembre de 2025, una normativa que le confiere atribuciones decisivas sobre el ingreso, permanencia y operación de empresas en ese régimen especial.

En su doble rol de coordinador de la Comisión Especial de las ZEE y asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo tendrá la facultad de evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de las empresas interesadas en operar bajo este esquema.

El reglamento también le otorga potestad para fijar tarifas por trámites y servicios, autorizar o denegar la renovación de beneficios fiscales, aprobar normas y procedimientos administrativos, conceder suspensiones temporales, revocar certificaciones y ejercer voto dirimente en caso de empate dentro de la Comisión Especial, lo que le confiere un poder decisorio final.

Una “supraentidad” bajo control familiar

La ZEE, además operará como una “supraentidad” dentro del aparato estatal. La gestión operativa cotidiana recaerá en la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), que administrará la Ventanilla Única de Servicios (VUSZF), conocida como “punto único”.

A través de esta ventanilla se recibirán los 16 requisitos exigidos a las sociedades mercantiles interesadas en ingresar al régimen ZEE, cifra que aumenta a 17 en el caso de consorcios. Una vez verificada la documentación, los expedientes serán remitidos a la Comisión Especial para la decisión final.

Las empresas autorizadas podrán desarrollar actividades de ensamble, transformación, procesamiento y manufactura, así como tercerización de procesos de negocios, servicios de tecnología de la información y del conocimiento, plataformas de comercio electrónico, centros de datos, servicios digitales transfronterizos y operaciones logísticas destinadas a la exportación y reexportación.

Un modelo con 18 instituciones al servicio de las ZEE

El reglamento establece un modelo de gestión interinstitucional integrado por 18 entidades estatales, coordinadas por la CNZF, con el objetivo de garantizar “atención prioritaria y diligente” a las empresas admitidas en el régimen.

Entre las instituciones involucradas figuran ocho ministerios —Industria y Comercio, Hacienda, Trabajo, Medio Ambiente, Transporte e Infraestructura, Salud, Interior y Energía y Minas— además de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Inversiones y Exportaciones, la DGA, la DGI, alcaldías, gobiernos regionales, el INSS, el IPSA y el Inatec, entre otros. El esquema permite incorporar a más entidades públicas si así lo solicita la CNZF.

Costos, depósitos y condiciones

Para acogerse al régimen ZEE, las empresas deberán cumplir cinco criterios mínimos, entre ellos el monto de inversión, generación de empleo, desarrollo del talento humano, ubicación estratégica, encadenamiento productivo, transferencia tecnológica y diversificación de exportaciones.

Aunque el discurso oficial destaca amplias exenciones tributarias —incluyendo IR, IVA, ISC e IBI—, el reglamento establece costos obligatorios, como un depósito en garantía cuyo monto y destinatario no están definidos, pero que puede perderse si la empresa incurre en infracciones calificadas como “muy graves”.

A ello se suman pagos por trámites y servicios ante la CNZF, tarifas por renovación de beneficios fiscales y cobros de la Dirección General de Aduanas (DGA) cuando se requiera la presencia permanente de un funcionario aduanero en las operaciones de la empresa.

Con este esquema, Laureano Ortega Murillo consolida un poder sin precedentes sobre uno de los proyectos económicos más estratégicos del régimen, reforzando el control familiar sobre la política de inversiones y la orientación geopolítica de Nicaragua.