Crisis en zonas francas: 4,500 despidos y riesgo de arancel del 100 %

Nicaragua perdió más de 4,500 empleos en el régimen de zonas francas entre julio y septiembre, un desplome laboral que coincide con la caída de 53 millones de dólares en exportaciones tras la aplicación del arancel del 18 por ciento impuesto por Estados Unidos desde agosto. El sector, que representa uno de los principales motores económicos del país, enfrenta ahora su mayor incertidumbre en décadas ante la posibilidad de que Washington eleve el arancel hasta el 100 por ciento o suspenda los beneficios del CAFTA-DR.

Según datos del Banco Central de Nicaragua, el empleo en las zonas francas pasó de 119,376 trabajadores en julio a 114,856 en septiembre, lo que refleja una pérdida de 4,520 puestos en apenas tres meses. La contracción no solo afecta a los trabajadores que han quedado sin ingresos, sino también al tejido industrial y exportador que sostiene a cientos de comunidades vinculadas con la manufactura textil, el tabaco, los call centers y otros rubros instalados bajo este régimen.

El deterioro coincide con una reducción significativa en el número de empresas activas. En enero operaban 173 compañías bajo el régimen de zonas francas; para septiembre quedaban 170, tres menos. El retroceso se suma a una tendencia preocupante: desde 2018, Nicaragua ha perdido 24 maquilas, pasando de 194 empresas a las 170 actuales.

Entre julio y septiembre, las exportaciones bajo el régimen de zonas francas cayeron de 338 millones de dólares a 285 millones, un desplome del 15.6 por ciento, según cifras del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Este periodo coincide con la entrada en vigencia del arancel del 18 por ciento aplicado por Estados Unidos como parte de una política de presión económica frente a las violaciones de derechos humanos y el deterioro democrático en el país.

Fuentes del sector confirman que varias empresas han comenzado a tomar medidas de emergencia para sobrevivir al impacto del arancel. Entre ellas se incluyen ampliaciones de jornada, reestructuración de turnos, recortes de personal y advertencias directas a los trabajadores sobre posibles cierres si Washington decide avanzar con un arancel del 100 por ciento o suspender a Nicaragua del CAFTA-DR. Esta última medida tendría efectos devastadores y podría provocar un éxodo masivo de inversiones hacia otros países de Centroamérica.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunciará en los próximos días su decisión final tras la investigación abierta bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. Para los exportadores nicaragüenses, se trata de un punto de quiebre que podría definir el futuro inmediato del sector manufacturero y del clima de inversión en el país.