AUN solicita sanciones y condiciones estrictas para préstamos a Nicaragua en respuesta al USTR
La Alianza Universitaria Nicaragüense entregó su respuesta oficial al Departamento del Tesoro y al USTR en la investigación 301, respaldando las conclusiones de Estados Unidos sobre violaciones del régimen Ortega-Murillo y pidiendo medidas más firmes para restablecer la democracia en Nicaragua
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) presentó su respuesta formal ante el Departamento del Tesoro y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) como parte de la segunda fase de la investigación 301, un proceso que evalúa violaciones de derechos humanos, restricciones laborales y prácticas anticompetitivas atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado, AUN expresó su respaldo a las conclusiones preliminares del Gobierno de Estados Unidos, que califican las acciones del régimen como injustificables y perjudiciales para el comercio, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua. En su respuesta, la organización propuso una serie de medidas encaminadas a fortalecer la rendición de cuentas, promover la democratización y asegurar el respeto a los derechos humanos.
Entre las recomendaciones principales, AUN sugirió suspender nuevos préstamos y desembolsos hacia Nicaragua, condicionando cualquier apoyo financiero al cumplimiento de requisitos mínimos, entre ellos la liberación inmediata de todos los presos políticos y la restitución plena de libertades fundamentales como la libertad de prensa, asociación, movilización y garantías para el retorno seguro de exiliados.
La organización también insistió en señalar al Ejército de Nicaragua como uno de los pilares del aparato represivo y de estructuras económicas ilícitas que sostienen al régimen. Por ello, solicitó la imposición de sanciones específicas a mandos militares de todos los rangos, así como a empresas y entidades bajo control castrense.
AUN señala la importancia de asegurar la implementación efectiva de la Ley NICA Act y la Ley RENACER, instrumentos clave para ejercer presión sobre el régimen y promover cambios democráticos. La organización enfatizó que dichas leyes deben aplicarse de manera coherente con sus objetivos estratégicos y con enfoque en resultados verificables.
Además, recomendó respaldar mecanismos de monitoreo, asistencia humanitaria y apoyo directo a las víctimas de la represión. También advirtió que la crisis humanitaria y migratoria continúa afectando a miles de nicaragüenses, por lo que considera urgente reforzar programas de apoyo internacional que mitiguen los efectos del desplazamiento forzado.
AUN reiteró su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses y con la comunidad internacional en todos los esfuerzos orientados a la restauración democrática. Afirmó que la salida a la crisis debe ser cívica y pacífica, y que únicamente mediante justicia, verdad y libertad será posible reconstruir el futuro de Nicaragua.
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