Régimen en Nicaragua asfixia con millonarios impuestos a Calibre Mining y Hemco
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensifica su asfixia económica contra el sector minero de Nicaragua con cobros fiscales que suman más de 76 millones de dólares a las empresas Calibre Mining y Hemco, consideradas por analistas como víctimas de una maniobra de control político y confiscación encubierta. Las acciones de la DGI amenazan con profundizar la desconfianza empresarial y acelerar la fuga de inversiones en el país
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su ofensiva contra el sector minero con dos cobros fiscales multimillonarios contra las compañías Calibre Mining Nicaragua S.A. y Hemco Nicaragua S.A., filiales de las canadienses Equinox Gold y Mineros (de origen colombiano), enfrentan reclamos por un total de 76.11 millones de dólares en impuestos, intereses y multas impuestas por la Dirección General de Ingresos (DGI).
La primera afectada fue Calibre Mining, a la que el régimen reclama US$36.6 millones en concepto de impuestos presuntamente no acreditados entre 2019 y 2024. La empresa se fusionó este año con Equinox Gold, reveló en su informe financiero intermedio que las autoridades nicaragüenses se niegan a permitir la deducción del Impuesto sobre la Renta, de los montos pagados por impuestos mineros, tal como lo había hecho históricamente.
“Las subsidiarias nicaragüenses han ejercido su derecho legal a acreditar los impuestos mineros anuales pagados contra el IR. Sin embargo, la autoridad tributaria ha informado que no aplicará dichos pagos”, señala el documento publicado en el sitio web de Equinox Gold. Calibre asegura haber interpuesto un recurso administrativo y sostiene que no espera impacto financiero directo.
El reclamo llega justo cuando la compañía ha comenzado una renuncia masiva de concesiones: en solo 48 horas desistió de 178,852 hectáreas otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en el Caribe Norte y Sur. El repliegue es interpretado como una reacción estratégica ante el cerco fiscal y político del régimen, así como una señal de desconfianza en la estabilidad jurídica del país.
Hemco: el segundo blanco de la DGI
Apenas semanas después, la DGI notificó a Hemco Nicaragua S.A. un cobro de US$39.51 millones, correspondientes a supuestos impuestos ad-valorem no pagados entre 2019 y 2023, informó La Prensa. La subsidiaria de la colombiana Mineros, una de las principales productoras de oro del país, opera en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), especialmente en el distrito minero de Bonanza.
El reclamo fue reconocido en el informe anual 2024 de Mineros, donde la empresa detalla que el proceso se encuentra en fase administrativa y que no ha reconocido provisión alguna porque considera haber cumplido con la ley.
“La compañía cree que ha calculado y pagado los importes correspondientes. Se presentó una solicitud de reconsideración conforme a los procedimientos de Nicaragua”, explica el documento.
Hemco representa una operación industrial que involucra a más de 6,000 mineros artesanales, quienes extraen oro en unas 900 hectáreas de concesiones cedidas por la empresa. Gracias a este modelo de cooperación, Hemco duplicó su producción en la última década, pasando de 65,000 a 133,000 onzas anuales.
Los conflictos tributarios que enfrentan ambas empresas se originan en la reforma fiscal de 2019, impulsada por el régimen tras el estallido social de 2018. La reforma modificó el artículo 72 de la Ley de Concertación Tributaria, eliminando el derecho de las mineras a deducir del IR las regalías que pagan al Estado por la extracción de oro. “La industria minera estará sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta; el pago del derecho de extracción o regalía no será deducible”, reza la disposición.
Economistas y abogados tributarios han advertido que la norma se ha convertido en un instrumento discrecional de castigo contra empresas que no se alinean políticamente o que operan bajo marcos legales internacionales. La DGI, bajo control directo de la dictadura, utiliza estos reparos fiscales como mecanismo de presión y confiscación encubierta.
El patrón de ataques fiscales no se limita a las mineras. En los últimos meses, el régimen ha impuesto reparos millonarios a empresas como Agricorp y la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN). Mientras el régimen recauda millones bajo pretexto de “cumplimiento fiscal”, las consecuencias se proyectan más allá del sector minero: desconfianza empresarial, fuga de inversiones y aislamiento financiero.
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