Advierten impacto devastador al suspenderse CAFTA e imposición de arancel del 100% de EE.UU

Economistas y analistas políticos coincidieron en que el informe preliminar bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 representa una de las advertencias más severas contra la economía nicaragüense en las últimas décadas. El documento, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), recomienda medidas drásticas como la suspensión total o parcial del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) y la aplicación de aranceles del 100 % a las exportaciones nicaragüenses hacia el mercado estadounidense.

De acuerdo con el economista Juan Sebastián Chamorro, el reporte es “sumamente serio y devastador”, pues asocia directamente las violaciones de derechos humanos, laborales y de propiedad con el deterioro del clima de inversión en Nicaragua. “El informe concluye que las políticas del régimen Ortega-Murillo son irrazonables y contrarias a las normas internacionales básicas. Las consecuencias pueden ser catastróficas para el país”, advirtió.

Chamorro explicó que el informe detalla múltiples violaciones, incluyendo confiscaciones arbitrarias, represión sindical, trabajo infantil, persecución religiosa y el cierre de instituciones educativas como la Universidad Centroamericana (UCA). Además, señala que el régimen no ha tomado medidas efectivas para prevenir el trabajo infantil en industrias clave como el café, la minería y la construcción, lo que pone en riesgo la continuidad del comercio con Estados Unidos.

El economista destacó que uno de los elementos más determinantes en el informe fueron los testimonios de las empresas estadounidenses Riverside Coffee y la congregación religiosa Puerta de la Montaña, afectadas por confiscaciones ilegales. 

“Los representantes de Puerta de la Montaña testificaron que fueron despojados de propiedades valoradas en más de cinco millones de dólares y que incluso la Policía Nacional confiscó pasaportes y certificados de nacimiento de ciudadanos norteamericanos. Este tipo de abusos no tiene precedentes y constituye un delito internacional”, señaló.

Chamorro añadió que el documento también aborda el impacto de las reformas a la seguridad social, que, según el informe, deprimen los salarios y crean una competencia desleal con los trabajadores estadounidenses. 

“El reporte establece que estas prácticas justifican sanciones bajo la legislación comercial de Estados Unidos. El efecto sería dramático: reducción de exportaciones, pérdida de empleos y un golpe directo a la zona franca, que depende casi en su totalidad del mercado norteamericano”, afirmó.

Tellez: En manos de Ortega evitar suspensión 

Por su parte, la excarcelada política opositora Dora María Téllez sostuvo que las conclusiones del informe 301 son un reflejo del colapso institucional del país. “El representante comercial propone cuatro medidas, y ninguna es favorable a Nicaragua. Todas implican una afectación severa a la relación comercial y al bienestar de la población”, expresó.

Téllez recordó que la investigación fue iniciada en diciembre de 2024 por el gobierno de Joe Biden, tras recibir denuncias sobre el desmantelamiento del Estado de Derecho y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua. 

“El comercio con Estados Unidos representa aproximadamente la mitad de las exportaciones del país. Si se aplican estas sanciones, el impacto será inmediato. China y Rusia no pueden sustituir ese mercado; su papel es marginal”, explicó.

Tellez señaló que la responsabilidad de evitar el colapso recae directamente en la pareja presidencial. “Está en manos de Ortega y Murillo impedir que los nicaragüenses sufran las consecuencias de su propia dictadura. Deben restablecer plenamente las libertades, liberar a los presos políticos, devolver las propiedades confiscadas y garantizar el retorno seguro de los exiliados”, indicó.

Téllez insistió en que el régimen debe iniciar un proceso de transición democrática para evitar que las sanciones se concreten. “Nadie en el mundo aceptará un sistema judicial subordinado al poder político. Nicaragua necesita una reforma profunda del sistema electoral, elecciones limpias y observadas internacionalmente. De lo contrario, el aislamiento será total y las consecuencias económicas irreversibles”, advirtió.

El informe de la Sección 301, sustentado en más de 160 testimonios y reportes de organismos internacionales, medios y víctimas directas, documenta un patrón de confiscaciones, abusos policiales y violaciones de derechos laborales. También señala la eliminación de la Cámara de Comercio, la clausura de ONG empresariales y el robo de pensiones, factores que, según el reporte, distorsionan la competencia y afectan las relaciones económicas bilaterales.

Chamorro consideró que, incluso si las medidas no se aplican de inmediato, la publicación del informe ya está teniendo un efecto negativo en la economía nacional. “El daño reputacional es enorme. Los inversionistas extranjeros ahora perciben a Nicaragua como un país de alto riesgo, y eso por sí solo puede frenar la inversión, reducir las exportaciones y acelerar la pérdida de empleos”, subrayó.

Ambos expertos coincidieron en que el país enfrenta un momento crítico. Para Chamorro, “no hay posibilidad de reemplazar el CAFTA con acuerdos con China o Rusia”, mientras que Téllez afirmó que “la dictadura ha llevado a Nicaragua al borde del abismo y aún está a tiempo de rectificar”.

El informe ahora será sometido a un período de consultas que concluirá el 19 de noviembre, cuando empresas y ciudadanos puedan aportar información adicional. Posteriormente, el documento será remitido al presidente de Estados Unidos, quien decidirá si aplica las sanciones recomendadas. Según los analistas, cualquier decisión al respecto marcará un antes y un después en la historia económica reciente del país.

En conclusión, el informe 301 representa no solo una evaluación técnica sobre las prácticas comerciales del régimen Ortega-Murillo, sino también un diagnóstico político del deterioro institucional en Nicaragua. Las sanciones, de aprobarse, tendrían un impacto estructural en la economía nacional, poniendo en riesgo miles de empleos y la estabilidad de las exportaciones. Los expertos coinciden en que el desenlace dependerá de la voluntad del régimen para corregir el rumbo y restaurar el Estado de Derecho.