Régimen en Nicaragua otorga 85,000 hectáreas en concesiones mineras a más empresas chinas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa entregando amplias concesiones mineras a empresas extranjeras. Según acuerdos ministeriales publicados por el Ministerio de Energía y Minas, al menos cuatro compañías recibieron títulos de explotación y exploración sobre extensos territorios en Nicaragua, con vigencias de hasta 25 años.

Entre las beneficiadas se encuentra Zhong Fu Development, S.A., a la que se otorgó la concesión denominada San Agustín 1, con una extensión de casi 50,000 hectáreas en Río San Juan, que abarca los municipios de San Miguelito, San Carlos y El Castillo. La empresa deberá pagar montos progresivos en concepto de derechos de vigencia por hectárea, además de una regalía del 3% sobre el valor de los minerales extraídos.

Asimismo, la compañía Three Gold Coins Company, S.A. recibió derechos exclusivos sobre el lote La Estrella, de más de 23,000 hectáreas en Nueva Segovia y Madriz. En este caso, la concesión otorga las mismas facultades de explotación y plantea obligaciones similares de pago, aunque sin mecanismos claros de fiscalización.

El Ministerio también aprobó concesiones a la firma Norther Mining Company, S.A., representada por el empresario chino Bao Jiang. Esta obtuvo el lote El Sol, con 3,115 hectáreas en Villanueva, Chinandega, y el lote La Luna, con 8,720 hectáreas en El Cuá, Jinotega. Ambas concesiones, al igual que las anteriores, permiten no solo la explotación minera, sino también la instalación de plantas de beneficio, arrendamiento, cesión o fusión de los derechos, previa autorización estatal.

Estos acuerdos subrayan el creciente protagonismo de capital extranjero, en especial de origen chino, en la industria extractiva nicaragüense. El marco legal vigente —basado en la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley 387) y su reglamento— otorga seguridad jurídica a las empresas, pero en la práctica carece de mecanismos de control ambiental y social.

Expertos advierten que la expansión de la frontera minera afecta ecosistemas frágiles, comunidades campesinas e indígenas, así como fuentes de agua en zonas estratégicas del país. En departamentos como Río San Juan o Jinotega, la actividad minera puede profundizar conflictos sociales y aumentar la presión sobre territorios rurales ya golpeados por la pobreza.